Casos como los de Renato (14) y de José Matías de la Fuente (15) llevan a familiares, fundaciones, organizaciones y a la sociedad civil a buscar soluciones para combatir -y ojala extirpar- el bullying que muchas veces ataca a la diversidad sexual. Según cifras del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la mayor concentración de casos de discriminación afecta a personas transgénero (30%).

Bajo el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que se conmemora todos los 31 de marzo, la encargada de la Unidad de Género y Participación Ciudadana de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Michele Benavides considera que si bien “se han registrado avances en materia de no discriminación, aún existen grandes desafíos para abordar esta problemática desde la prevención”.

La diputada Emilia Schneider (CS) comenta a La Tercera que “estamos trabajando por la ley José Matías para abordar la discriminación en las escuelas producto de suicidios de discriminación y violencia, junto al Ministerio de Salud, el programa de Salud Trans para prevenir muertes y situaciones tan complejas como lo que se da con las mujeres trans adultas mayores y la silicona industrial. Y estamos revisando la reforma a la ley antidiscriminación donde esperamos así como fue conclusión de la Mesa Gubernamental por los Derechos LGTBIQA+ generar un espacio de avance en la institucionalidad”.

Según el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile, en 2022 se registraron 1.046 atropellos a los derechos humanos de la personas LGBTIQANB+. Las regiones que concentran la mayor cantidad de casos o denuncias por discriminación fueron Valparaíso (29,92%) y Metropolitana (18,64%). En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informa que desde 2018 hasta la fecha se han registrado 12 acciones judiciales en favor de víctimas transgénero.

Ignacia Oyarzún, abogada activista transfeminista y coordinadora de legislación y políticas públicas de la Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD), señala que a partir del trabajo en conjunto con el Observatorio de Violencia LGBTQ+ de la Fiscalía Nacional “hemos visto un incremento de casi 300% de ataques odiantes” desde 2019 a la fecha (21 a 80). Sin embargo, estas cifras “no son concluyentes ya que los datos son aportados por las sociedades civiles, lo que es insuficiente para establecer políticas públicas. Hay muchos casos (que quedan) en el aire”, añade.

Oyarzún sostiene que “existe una relación en el establecimiento de grupos antiderechos que interceden en la comunicación social. Se ha visto un incremento en violencia en otros países cuando se establecen estos discursos, especialmente dirigidos a la comunidad trans ya que tienen una expresión de identidad de género que es muy reconocible”.

La abogada añade que “lamentablemente no hay datos estadísticos claros de la población trans, travesti y no binaria, esto debido a la invisibilización histórica. No hemos sido objeto de estudio para la institucionalidad”, aunque desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género indican que se incluyeron preguntas sobre identidad de género y orientación sexual en la última encuesta Casen cuyos resultados se conocerán este año.

Según la Superintendencia de Educación, han habido 85 denuncias de discriminación escolar por identidad de género entre 2018 y 2022, de las cuales 43 fueron el año pasado. Y en ese sentido, el ministerio ha emitido dos circulares “con el objetivo de contribuir para que las comunidades educativas adopten medidas concretas para asegurar la igualdad de trato y evitar todo tipo de discriminación en los jardines, escuelas y colegios”.

A nivel de educación superior, la subsecretaría indica que existe la Ley 21.369 que “establece la obligatoriedad de que las instituciones implementen políticas integrales, incorporando medidas preventivas y un sistema de investigación y sanción”, estando ésta sujeta a fiscalización por parte de la Superintendencia.

La coordinadora de la OTD comenta que esta semana “un chico trans hizo un intento de suicidio en un establecimiento educacional en Puente Alto; había una denuncia previa por situación de acoso a la identidad de género. También hay otros casos como el de Renato y José Matías (...) hay graves negligencias y derechamente no hay respeto por la normativa”.

La mujer trans que se hace llamar Shasta Falk (22) visitó la región de Valparaíso hace dos meses. A mediodía caminaba rumbo a un encuentro con un amigo, cuando se dio cuenta que alguien la seguía. “Me di cuenta que se me repetía (la imagen de) una persona, en un momento me preguntó la hora y lo primero que pensé fue que me iban a asaltar”, cuenta.

Y prosigue: “Entre dos me agarraron del cuello, me golpearon en el vientre, me arrastraron por el suelo un par de metros. Los trabajadores ambulantes trataron de desactivar la situación, se acercó uno de ellos con un palo y los agresores huyeron”.

“Estaba muy asustada, paranoica, pensaba que me podrían ir a buscar a la pega, ellos no me quitaron nada, no me robaron, sólo me agredieron. Fui a la comisaría, me llamaron por mi nombre registral y no me dejaron constatar lesiones porque aún no eran visibles. Estoy tomando unos medicamentos y no podía llorar, entonces no me veía tan afectada. Al día siguiente aparecieron los moretones, pero no quise exponerme a ese trato de nuevo”.

Una experiencia similar vivió Kai Meléndez (29), quien se identifica como persona trans no binaria. “El año pasado pasé mucho dolor de estómago que estuve postergando por cuatro meses atenderme debido a mi nombre social. Tenía miedo de que no lo respetaran. Afortunadamente fui con la Circular 21, por lo que las primeras atenciones sí se hicieron”.

Meléndez cuenta que sufrió malos tratos por parte de una trabajadora que se encontraba en el vacunatorio. “Era una señora muy adulta, que me llamó por mucho rato por mi nombre muerto (nombre designado al nacer) y me dijo frases como ‘no tengo tiempo para tus problemas’ o ‘no me des clases’”. “Cuando llegó a pincharme, me dolió fuera de lo normal y sabía que habrían consecuencias. Ha pasado casi un año y no sé bien lo que tengo, pero un huevo es la única manera que podría describirlo, sé que a las personas cisgénero no les pasan estas cosas”, añade. Al igual que Falk, no hizo la denuncia.

La psicóloga y activista de Colectiva TransForma, Magdalena Fabbri, desglosa la tendencia a no denunciar: “Hemos naturalizado las experiencias de violencia institucional, por muchos años las personas trans creían que no eran sujetas de derecho, considerando esta idea preconcebida de que el acceso a la protección social era un privilegio”.

Tras lo vivido, Falk recurrió a servicios de salud mental y celebra “saber que existen oficinas que se dedican a la educación y protección de las minorías, hicimos una reunión de pares hace poco y conocí a gente”, dice refiriéndose a la Oficina de Diversidad de su comuna, en las cuales se busca promover la inclusión y no discriminación a través de labores de orientación, activación de redes internas y externas y capacitaciones.

Los espacios seguros, según Fabbri, “primeramente son los comunitarios, estos son informales donde hay encuentros entre pares y de ahí empezamos a desglosar que hay personas trans que tienen ciertos espacios seguros y otras no. Algunas no consideran que su familia sea uno y hay otras donde su entorno sí les apoyan. Desde las instituciones, cualquiera que tenga una educación de que la identidad trans es parte de la naturaleza humana” comenta Fabbri.

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género indica que en los medios de protección temporal ante situación de riesgo grave y/o vital por violencia, existen 41 casas de acogida donde han tenido espacio mujeres lesbianas y trans, pero la abogada Oyarzún recalca que “para las personas trans masculinas que tienen su cambio de sexo y nombre registral o para aquellas mujeres que aún no lo han realizado, no existen estos recursos”.

Kai Meléndez sostiene que si bien tuvo agresiones físicas lesbofóbicas antes de su reconocimiento de género, “nosotres vivimos actos transfóbicos todos los días, que muchos le dicen micro transfobias, pero son transfobias a secas. Cuando le dije a mi papá, me preguntó ‘pero ¿qué tiene si se me pasa un pronombre?’. El tema es que cuando ya es tu papá, tu entorno social, tu trabajo, son violencias que se acumulan”.

Leonel Catoni, psicólogo transmasculino coordinador del área de salud de la OTD, indica que los que “perciben la identidad de género de forma positiva, muchas veces empiezan a internalizar la lectura de que ser una persona trans es inherentemente una enfermedad o que siempre tenemos que tener un sentimiento negativo hacia nuestros cuerpos”.

Antu (22) es un trans masculino, bailarín urbano y estudiante de trabajo social. Explica que las principales vivencias que ha tenido después del inicio de su transición han sido en su entorno de trabajo y las instituciones de salud. “Yo trabajaba en terreno buscando socies para una organización no gubernamental, bajo un discurso trans. Los insultos generalmente eran de adultos mayores, pero también venían de jóvenes”.

El estudiante puntualiza una situación en particular: “Una vez una señora mayor dijo que había ayudado por muchos años a la causa trans, que ya teníamos derechos. Quedé en shock porque yo con mi propia vivencia aún siento la carga de esta lucha, faltan muchas cosas que cambiar”.

En el servicio de salud, Antu explica que en su experiencia como transmasculino “aparte de que no nos reconocen, nos cuesta muchísimo encontrar ginecólogxs, tienes que tener suerte de que estén capacitados”, al mismo tiempo que “muchas veces nos recetan medicamentos sin tener en cuenta que la combinación con las hormonas pueden afectar nuestra salud incluso con la muerte, tienen muy interiorizado la cisnorma entonces no preguntan si estamos en tratamiento”.

Y concluye: “El letrero trans es pesado, pero es lo que me mantiene vivo, es una resistencia de todos los días, incluso cuando estás solo en tu habitación, es cuando más tienes que resistir. Ser trans es nuestro chaleco salvavidas”.