A fines de junio de este año, el Ministerio del Interior, a través del subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, y Carabineros terminaron la elaboración del nuevo protocolo de la policía uniformada para proceder en el contexto de manifestaciones.

Este lunes el Diario Oficial publicó el texto que contó con los aportes del Instituto de Derechos Humanos y las subsecretarías de la Niñez y Derechos Humanos y que actualiza los Protocolos para el Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público, concretando su puesta en funcionamiento a menos de un mes de que se conmemoren dos años del estallido social del 18 de octubre de 2019.

El jefe nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Esteban Díaz, destacó que “la actualización de estos protocolos refuerza, amplían y modifican algunos aspectos relacionados con el derecho a reunión, con la finalidad de garantizarlo de mejor manera para toda la ciudadanía, en sintonía con el actual proceso de reforma y modernización de Carabineros de Chile”.

“Esta actualización también obedece a los más modernos estándares internacionales de Derechos Humanos respecto al mantenimiento del orden público; abordando no sólo el restablecimiento de éste, sino que incorporando una mirada preventiva y de resguardo para la realización de manifestaciones pacíficas. Justamente, otro aspecto muy relevante es que se plantea una distinción entre lo que es una manifestación, la que siempre debe ser pacífica y sin armas, eliminándose el concepto de manifestación ilícita, agresiva o violenta, ya que si hay actos de violencia deja de inmediato de ser una manifestación y se convierten en acciones ilícitas”, expuso.

El general Díaz agregó que “para potenciar la comunicación durante las manifestaciones, hemos capacitado a más de 600 carabineros como Agentes de Diálogo, los que tendrán la misión de interactuar con los líderes o personas más representativas del evento, con el propósito de coordinar medidas de seguridad y rutas para el buen desarrollo del mismo”.

En esa línea, destacó que las modificaciones establecidas “permiten, no solo resguardar de mejor forma el derecho de la ciudadanía a manifestarse; también de ser necesaria, garantizar una intervención policial oportuna, haciendo un uso diferenciado de la fuerza, reforzando y mejorando los niveles de transparencia y rendición de cuentas por el correcto uso de la misma, así como de los controles internos, lo mismo que en la vinculación y trabajo colaborativo con los observadores de Derechos Humanos”.