Dictan prisión preventiva para una pareja imputada por secuestro con violación y amenazas hacia dos mujeres en Chillán
Los imputados -que mantienen una relación sentimental- fueron acusados por el Ministerio Público de obligar a las víctimas a realizar actos de connotación sexual que eran filmados. Asimismo, habrían amenazado a las mujeres con difundir esos registros.
En la tarde del viernes, el Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de prisión preventiva para una pareja imputada por secuestro con violación, amenazas y violación hacia dos mujeres en la mencionada comuna, en la Región de Ñuble.
Ambos imputados -quienes tienen una relación sentimental- habrían contactado en julio y agosto de este año a dos mujeres que buscaban trabajo por la red social Facebook.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Regional de Ñuble, los imputados engañaron a las víctimas con falsas promesas de empleo, aprovechándose de su vulnerabilidad económica.
Ambas víctimas denunciaron haber sido amenazadas con armas para ingresar a un motel y ser filmadas sin su consentimiento realizando actos de connotación sexual.
La fiscal del caso, Claudia Zárate, informó que “respecto del secuestro con violación, el relato que entrega la víctima es que desde el momento en que la ingresan a un vehículo y la trasladan hasta un motel para violarla estuvo bajo amenazas”.
“En el otro caso, ésta manifiesta que concurre al motel y al momento de ingresar a la habitación comienza a ser amenazada con un elemento cortante y arma de fuego, obligándola a hacer todo lo que ellos dijeran”, puntualizó la persecutora en relación a los hechos denunciados por la segunda víctima.
Los imputados también habrían amenazado a las víctimas con difundir los videos en redes sociales y a sus cercanos, si es que estas no accedían a seguir participando en este tipo de videos.
La Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones se encuentra pesquisando los dispositivos electrónicos incautados en el domicilio de la pareja, para determinar si los videos fueron comercializados.
La fiscal Zarate -quien aseguró que es posible que existan otras víctimas- solicitó al tribunal que se decrete prisión preventiva, argumentando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La solicitud fue acogida por el Juzgado de Garantía local, que además fijó en tres meses el plazo para que la PDI y la Fiscalía desarrollen las pesquisas correspondientes.
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