En junio pasado, un grupo de feligreses de la parroquia José Obrero, de Copiapó, se reunieron con quien era en ese entonces su obispo, Celestino Aós, actual administrador apostólico de Santiago. Fue en ese encuentro donde le dieron a conocer antecedentes, a través de una carta, que tenían que ver con un párroco, el sacerdote Antonio Vargas.

Los fieles acusaban un "presunto abuso de poder y actitudes inadecuadas con mujeres y menores", según se informó hoy, en un comunicado difundido por el propio obispado del norte.

Según el escrito de esta diócesis, "el 17 de noviembre de 2018, monseñor Aós envió en modo reservado, siguiendo el protocolo establecido para estos casos, los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe (...) y el 11 de marzo de 2019 la Santa Sede respondió, dando instrucciones sobre cómo se debía proceder".

El Obispado de Copiapó señaló hoy, en el mismo comunicado de prensa, que "don Celestino, en diálogo con el sacerdote, determinó su regreso a Valencia, su diócesis de origen, mientras dure el proceso y mientras no se le impongan medidas cautelares".

Y se agregó que "el Obispado de Copiapó está a la espera de recibir de monseñor Aós toda la información del proceso y las instrucciones que ha enviado la Santa Sede".

El nuevo administrador diocesano de Copiapó, Jaime Pizarro (44), fue elegido el pasado martes, a través de una votación del colegio de consultores de la diócesis, y tomó conocimiento de los hechos este miércoles.

Rodrigo Herrera, vicario general del Obispado de Copiapó explicó que "él (Celestino) recoge los antecedentes de manera confidencial; eso quiere decir que ni el vicario general de la época, ni el canciller, ni el receptor de denuncias lo sabía".

Señaló que "el administrador diocesano está esperando que le lleguen los antecedentes, porque nosotros no los conocemos, y teniéndolos en mano, según instrucciones recibidas, lo más probable es que se haga una investigación previa".

Hoy, Aós señaló que "yo recibí una noticia y se actuó conforme a eso; se consideró que el sacerdote tenía problemas de salud y que aquí no podíamos tenerlo bien. Por eso fue enviado a España, para que se le atendiera como corresponde. No hubo una denuncia y yo, pese a que no tenía obligación de remitir esos antecedentes al Vaticano, lo hice. Y el Vaticano es quien respondió. Eso es lo que hay".