El Juzgado de Garantía de Talca accedió a la solicitud que hizo la Fiscalía Regional del Maule de fijar la medida cautelar de prisión preventiva para el diputado independiente Juan Francisco Pulgar Castillo tras formalizarlo por delitos de violación y abuso sexual a menor de 14 años en grado reiterado.

Pulgar es diputado por el distrito 17, de la Región del Maule, y pasó por las bancadas del Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC). En ese último partido, incluso se le consideró como carta para competir en la senatorial de este año por la zona y estaban trabajando en una alianza instrumental para apoyarlo. Panorama que se desordenó con su situación judicial.

La audiencia se desarrolló en forma reservada, ante el carácter de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y en resguardo de la denunciante.

Según informó el Ministerio Público, el tribunal dio por acreditados los hechos en torno a la participación del diputado desaforado en los delitos imputados y dispuso que quede privado de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Cauquenes, considerando que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y constituye un peligro para la seguridad de la víctima.

El fiscal José Luis González, especialista en delitos sexuales, fue el encargado de exponer ante el tribunal las imputaciones contra el legislador de 53 años que se hizo conocido en televisión como perito forense.

Francisco Pulgar comenzó a ser investigado a raíz una denuncia presentada por una mujer, en mayo de 2021, en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Talca de la PDI. Se trata de ilícitos que habrían tenido lugar durante 2014, en la Región del Maule, cuando la denunciante era menor de edad. El 18 de junio de 2021 la mujer presentó una querella contra el parlamentario.

El 23 de octubre, el pleno de la Corte de Apelaciones de Talca declaró el desafuero del diputado. En fallo unánime, el tribunal de alzada estableció que existían antecedentes suficientes para hacer lugar a la formación de causa en contra del parlamentario. En diciembre, la Corte Suprema confirmó esa resolución también por unanimidad.

Su situación, junto al de Catalina Pérez, investigada en el caso Democracia Viva, y el de Mauricio Ojeda, en prisión preventiva por tres delitos de fraude al fisco en la arista Manicure del caso Convenios, reavivó el debate respecto a la dieta parlamentaria que siguen recibiendo los legisladores que son desaforados, pese a estar impedidos de cumplir con sus funciones en el Congreso.

A su llegada al tribunal, Pulgar cuestionó la labor del órgano persecutor en el caso y deslizó que existiría una motivación política tras su actuación.

“Una investigación de este tipo, de connotación sexual, en promedio -y esto lo dice la estadística, no lo digo yo- dura tres años. Este caso lleva hoy 19 de febrero tres años y nueve meses recién en la formalización. Entonces cuando yo le digo y lo ha dicho mi abogado: esta causa estuvo sin movimiento más de un año ¿No llama la atención? Y justo cuando se activa es sincronizada con los eventos de carácter político”, planteó el diputado.

Sus dichos fueron refutados por el fiscal Héctor de la Fuente, que aseguró que el diputado y su equipo no presentaron “un antecedente que diera cuenta de la existencia de esta presunta trama”.

“Una cosa es decir, hay una trama o existe una trama, y otra cosa distinta es acompañar antecedentes que justifiquen ese enunciado. Esa justificación, esos antecedentes justificantes, no se esgrimió ninguno, ni por atisbo”, recalcó el fiscal tras la audiencia.