Al ruego de que el proyecto de ley corta de isapres fuera despachado este lunes por el Senado, el diputado e integrante de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Tomás Lagomarsino (PR), calificó de “perdonazo” la mutualización de la deuda de isapres y no descartó hacer una reserva de constitucionalidad en la discusión que se llevará a cabo en marzo.
La semana pasada, los senadores de la oposición, a través del senador Sergio Gahona (UDI), repusieron indicaciones que rebajaban la deuda de las isapres, pues asegura que el cálculo actual del gobierno, de US$ 1.180 millones, no le entrega viabilidad al sistema. En ese contexto, insistieron con la mutualización -concepto que se usa en seguros para hacerlos viables o sustentables, ya que significa compartir los costos y riesgos de cubrir a las personas de algún siniestro-, que reduciría el cálculo a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.
Y el lunes, el Senado aprobó con 23 votos a favor, principalmente de la oposición, la propuesta de mutualización.
Al respecto, Lagomarsino dijo en radio Universidad de Chile que “es claramente un perdonazo. En ese contexto es una indicación que me parece fuera de lo razonable, algo crítico y desmesurado”.
Además, resaltó la importancia de entender qué tan aceptable es para la ciudadanía este mecanismo. Señaló que se hace un “perdonazo” de este tipo “porque la deuda es con los afiliados, es decir con personas de carne y hueso”.
“Si esta deuda fuera con los bancos, con instituciones financieras, claramente no se estaría aceptando de la forma que se está haciendo, un perdonazo a dichas instituciones”, agregó al respecto.
Precisamente la aprobación de la mutualización de la deuda llevó a contemplar la opción de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para bajar la indicación. En esa línea, el diputado no descaró recurrir a esa herramienta, aunque espera que “no sea necesario, sino que se rechace en la Comisión de Salud, de Hacienda o si no llanamente en la votación de la Cámara. Hay tres oportunidades que se rechace y que no sea repuesto”.
Lagomarsino enfatizó en que están contra el tiempo debido a que concluye la prórroga que dio la Corte Suprema para la aplicación del fallo, pues solo “quedan tres meses de tramitación legislativa, lo que le da a la Cámara un tiempo muy acotado para discutir este tema”.
