El desaforado diputado Mauricio Ojeda deberá reingresar a prisión preventiva.

Esto porque la Corte de Apelaciones de Temuco acogió los recursos del Ministerio Público y del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía para que se revirtiera el fallo que le había otorgado el arresto domiciliario.

Ojeda había pagado 40 millones de pesos como garantía para acceder a cumplir con esa medida.

El legislador fue formalizado por el delito reiterado de fraude al fisco, en el llamado caso Manicure, una de las aristas de la serie de indagatorias por líos de platas en los traspasos a fundaciones desde entidades públicas a fundaciones.

¿De qué se acusa a Ojeda?

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía solicitó una pena de 19 años de cárcel en contra del diputado.

La indagatoria del Ministerio Público apunta a una trama de presunta corrupción en los convenios por más de $700 millones alcanzados por el GORE de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc.

Según la Fiscalía de La Araucanía, Ojeda tuvo una participación activa en la entrega de las platas, toda vez que realizó gestiones con los funcionarios encargados de validar que Folab y Educc cumplieran con los requisitos para acceder a los recursos del GORE y gestionó entre amigos y en entidades bancarias recursos financieros que puso a disposición, mediante préstamos con interés, vía transferencia bancaria para dar solvencia y liquidez a las fundaciones.

¿Por qué vuelve a prisión?

Para otorgar el arresto domiciliario, la justicia había estimado que la libertad del imputado no constituía un riesgo para la seguridad de la sociedad y mantenía la medida cautelar por riesgo de fuga.

Así, Ojeda accedió a la sustitución de prisión preventiva a cambio de una caución de $40 millones, como garantía de que no escaparía.

Ahora, en un fallo dividido, la Tercera Sala Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la permanencia de Ojeda Rebolledo en un recinto penitenciario de Gendarmería por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

En cuanto a la necesidad de cautela, la Sala, por mayoría de sus integrantes, consideró que no han variado las circunstancias que fueron tenidas en cuenta al momento de decretarse la prisión preventiva del imputado.

“Por el contrario, estima que aún concurren los fundamentos que justificaron dicha medida, tales como la gravedad de los hechos investigados, la gravedad de las penas asignadas a los delitos formalizados, los bienes jurídicos protegidos, el número y carácter de los ilícitos, así como el hecho de haber obrado en grupo o pandilla”, concluyó el fallo revocatorio.