La Cámara de Diputados aprobó finalmente este martes el proyecto que faculta a los municipios para el retiro de cables aéreos en desuso, modificando así la Ley General de Telecomunicaciones, que solo permite realizar dichas acciones a las concesionarias y permisionarias que, conforme a la ey 21.172, cuenten con líneas aéreas o subterráneas de servicios.

Por la unanimidad de 139 votos a favor, la norma faculta a los municipios a retirar los cables si las empresas concesionarias no lo realizan en los plazos legales establecidos.

De este modo, la iniciativa modifica la ley para disponer que los municipios puedan retirar, trasladar u ordenar estos elementos con cargo a las empresas dueñas de los desechos.

El texto, que fue remitido al Senado para su segundo trámite, también dispone que en aquellos casos donde no sea posible determinar la propiedad de los cables, la municipalidad notificará a todas las concesionarias y permisionarias autorizadas en la comuna la fecha en que ejecutará el retiro y los costos asociados. Las citadas empresas reembolsarán en partes iguales los gastos incurridos.

Para dicho reembolso se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales. Es decir, el certificado emitido por el secretario municipal que acredite el monto del retiro servirá como título ejecutivo para exigir el reembolso correspondiente.

La Cámara ya había visado en general el proyecto, pero la normativa había sido remitida a la Comisión de Obras Públicas para discutir las indicaciones presentadas.

Al proyecto, presentado a trámite por la diputada Ana María Gazmuri y aprobado en general el pasado 7 de abril, se incorporó una indicación presentada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones que exime a los municipios por posibles afectaciones a los servicios de telecomunicaciones.

Esto en el marco de la acción de retiro de las líneas aéreas, subterráneas u otros elementos de la red, realizado conforme a esta normativa y al procedimiento que establece la Ley de Telecomunicaciones.

“Este proyecto enfrentó más trabas de las necesarias, algunas por parte del Ejecutivo. Aún así, logramos reponer lo que era justo y necesario: que las municipalidades puedan actuar sin quedar expuestas a demandas, y que las empresas se hagan cargo de lo que les corresponde. De todas formas, agradecemos a la Subtel por haber recogido esta inquietud y corregido en comisión, lo que desde un comienzo señalamos como grave”, dijo la diputada Gazmuri.

“Esperamos que (en el Senado) tenga el mismo respaldo transversal que obtuvo en la Cámara. Este proyecto nació después del corte masivo que afectó a más de un millón de personas en Santiago en 2024. No podemos seguir esperando tragedias para ordenar nuestras ciudades. Chile necesita municipios con herramientas reales para actuar con eficacia y dignidad”, concluyó.