Este martes se dio a conocer el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que revisó el nombramiento de más de cien nuevos notarios, conservadores y archiveros judiciales. Entre las definiciones adoptabas por los parlamentarios se descartaron irregularidades del Ministerio de Justicia en las designaciones.
La instancia, creada el 3 de septiembre de 2017, aprobó de forma unánime las conclusiones derivadas de 12 sesiones, en que se recibió al ministro de Justicia, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, entre otras autoridades y organismos afines.
Entre las conclusiones, se asevera que la comisión "verificó que la mayoría de los plenos de las cortes de apelaciones informaron al Ministro de Justicia y Derechos Humanos la pertinencia y necesidad de ampliar las plazas de oficios notariales, creando en consecuencia nuevas notarías". Además, se fundamenta que los tribunales de alzada "informaron la pertinencia de separar o fusionar determinados cargos de notarios, conservadores y archiveros judiciales".
En este sentido, la instancia consideró que no es posible imputar al ministro de Justicia, Jaime Campos, responsabilidad por falta de "motivación o fundamentación" para los nombramientos. Y agregó que como queda de manifiesto, la decisión "se encuentra precedida de un estudio que acompaña los argumentos de hecho que lo animaron".
Otro aspecto evaluado por la comisión investigadora fue la falta de participación en la elaboración del decreto que supuso los nuevos cargos. En este aspecto, la instancia descartó responsabilizar al ministro Campos, al considerar que "nuestro ordenamiento jurídico no contempla (...) que el ministro de Justicia deba escuchar y considerar las solicitudes de grupos o personas de la sociedad civil, ni que lo obligue a extender espacios de participación".
Sobre la presunta falta de atribuciones que tendría el titular de Justicia para determinar estos cargos, los diputados desestimaron pronunciarse, al considerar que la Contraloría es el órgano indicado para resolver este aspecto.
Entre las propuestas y recomendaciones incluidas en el informe se considera la creación de un sistema de designación que permita "incorporar mecanismos de transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades en la fase de los concursos".
El ministro de Justicia (s), Nicolás Mena, se refirió este martes al dictamen de Contraloría, el cual también desestima irregularidades en los nombramientos, aunque cuestiona la fusión de cargos de notarios y conservadores. "Todo se ajusta a la ley. La facultad para poder crear estos nuevos servicios es una facultad que está derivada por parte del Código Orgánico de Tribunales a la Presidenta o Presidente de la República", dijo Mena.
Sobre la observación realizada, el ministro (s) aseguró que esta "se va a resolver rápidamente con un decreto convalidatorio, con lo cual se subsana el pequeño alcance administrativo, que es algo absolutamente menor a nuestro juicio".
