Fueron miles los habitantes de Osorno y Puerto Octay los que sufrieron con la interrupción de suministro de agua potable, tras problemas con la distribución en los meses de julio y septiembre pasados.
En el primer caso se produjo una suspensión de 10 días, luego de que un operario olvidara cerrar una llave con que llenaba de petróleo el estanque de un motor de la planta Caipulli, mientras que en el segundo llegó a los 20 días, a raíz de la contaminación -supuestamente intencional- de los estanques con diluyente.
A raíz estas situaciones es que el diputado Harry Jürgensen presentó un proyecto de ley que obliga a las empresas que se dedican a la distribución de agua potable a contar con seguridad, protección y vigilancia permanente en sus plantas de tratamiento.
"Primero debemos tener muy claro que el agua potable es un servicio público crítico y ha quedado de manifiesto la precariedad con que operan muchas plantas a lo largo del país. Dentro de esta precariedad uno de los puntos más importantes a abordar son los sistemas de vigilancia o de seguridad. Hay muchas plantas que no cuentan con un cierre perimetral adecuado", señaló el parlamentario.
La idea según explicó es "prevenir la acción de terceros ya sea voluntaria o involuntariamente que pueda interrumpir un servicio público básico tan esencial y fundamental como lo es el agua potable".
"Debemos prevenir -incluso- que las plantas productoras de agua potable se transformen en un blanco de atentados", aseveró.
En este sentido, el diputado Jürgensen explicó que a su juicio, "si la planta de Caipulli en Osorno, hubiera contado con un sistema de vigilancia adecuado y permanente, es muy probable que el guardia de seguridad a cargo se hubiese dado cuenta de lo que estaba ocurriendo y la contaminación de la planta con petróleo se podría haber evitado".
