Los diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón y Andrés Celis, presentaron este miércoles un proyecto de ley que modifica la ley 20.000, endureciendo las penas para la tenencia, comercialización e internación del fentanilo, conocida popularmente como la “droga zombie” y que ha sido detectada en los últimos días en el país.
Las alertas se encendieron luego de la detención de dos personas que portaban esta sustancia. El primero de ellos fue un ciudadano argentino que ingresó la sustancia a través del Complejo Fronterizo Pino Hachado en bus internacional que tenía como destino la ciudad de Concepción, en la Región del Biobío. El sujeto de 56 años identificado como Raúl Emilio Muñoz llevaba 320 gramos de la droga entre sus vestimentas y bolsos y, quedó en prisión preventiva. El segundo caso donde se detectó este opioide ocurrió en Coronel -también en el Biobío- donde se detuvo a una mujer de 51 años, que mezclaba la sustancia con ketamina.
Ante esta situación, la diputada Ossandón junto al diputado Celis, presentaron un proyecto de ley que viene a fortalecer “la respuesta sancionatoria del Estado respecto de conductas relacionadas con la comercialización, internación y posesión de Fentanilo y sus derivados”.
El proyecto impulsado por los diputados busca modificar la ley 20.000 y estipula que aquel “que sin la debida autorización y en contravención de la ley produjere o internare al territorio nacional fentanilo o sus derivados; será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio”, además de una multa de 450 UTM, es decir, cerca de $30 millones.
Lo mismo plantea para quien “careciendo de la debida autorización comercialice o distribuya dichas sustancias”. Las penas aumentan en caso de que se entregue la droga a menores de edad.
Un segundo artículo de la iniciativa señala que en caso de importar el fentanilo o sus derivados, el importador debe estar legalmente autorizado y “deberá informar a la autoridad sanitaria de la importación y acompañar ante el Servicio Nacional de Aduanas copia certificada de la resolución”. En caso contrario, las sustancias serán remitidas a la autoridad sanitaria para su destrucción.
La moción también regulará el control de la receta y que esta sustancia pueda ser suministrada en dependencias de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares. Además, plantea que solo por resolución fundada del director del establecimiento, “en casos de enfermedades graves o terminales; tratándose de pacientes que reciban cuidados paliativos; o en caso de pacientes de avanzada edad o con movilidad reducida, se autorizará de manera excepcional el suministro en el domicilio del paciente”.
Asimismo, establece penas de presidio en grado medio a los facultativos médicos que receten fentanilo a personas que no lo necesiten. Las multas para esta persona irán desde las 40 a 400 UTM. También plantea que podrá clausurarse el establecimiento donde ejerzan estas personas
En ese sentido, la diputada Ossandón, junto con manifestar que este “es un tema de salud pública que tiene implicancias en la seguridad ciudadana, que nos obliga a enfrentarlo con la mayor dureza”, emplazó al gobierno a sumarse a la iniciativa “para que le dé celeridad a este proyecto”.
En tanto, el diputado Celis señaló que “me parece muy relevante que desde el punto de vista legislativo nos hagamos cargo de la amenaza inminente del ingreso y consumo de fentanilo a Chile, tras conocer los estragos que ha causado en Estados Unidos, donde es un verdadero problema de salud pública.
