Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma y Cristián Labbé, enviaron una carta al canciller, Alberto van Klaveren, solicitando al Ejecutivo que estudie la posibilidad de firmar un tratado con el gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, para poder trasladar a sujetos de alta peligrosidad hasta el país centroamericano.

La idea de los legisladores gremialistas surge tras el anuncio realizado por las autoridades de Estados Unidos, que llegaron a un acuerdo con Bukele para recibir a las personas deportadas, incluidos “criminales peligrosos”, desde el país norteamericano, sin importar su nacionalidad, a cambio de una tarifa.

Cabe recordar que El Salvador cuenta con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40 mil reclusos y que cuenta con fuertes medidas de seguridad y aislamiento de los criminales.

En esa línea, los diputados Coloma y Labbé, detallaron que en Chile aumentó considerablemente la población penal extranjera. “Mientras en marzo de 2022 la población extranjera llegaba a los 4.100 internos -según información proporcionada por Gendarmería de Chile-, dos años después (marzo de 2024) superaba las 8.050 plazas, siendo los ciudadanos venezolanos, colombianos y bolivianos los que más contribuyeron a un alza en torno al 96%”, señala la misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, argumentaron su propuesta con los crímenes ocurridos al interior de los recintos penitenciarios, donde durante el 2024 murieron 48 personas, y también debido al costo que generan para el Estado los reclusos, cifras que bordean entre los $ 800 mil a un millón de pesos.

“Por lo tal motivo, y considerando también todas las dificultades que ha enfrentado la actual administración para dar cumplimiento, por ejemplo, a las más de 20 mil órdenes de expulsión que están pendientes, debido a la negativa de algunos países como Venezuela de recibir a sus ciudadanos que han sido expulsados, es que vemos con bastante interés distintas opciones que han estado explorando otros gobiernos que conviven con situaciones similares”, aseguraron los diputados.

Los diputados Cristián Labbé y Juan Antonio Coloma.

Además, sostienen que “por esta razón y más allá de las diferencias ideológicas que la administración del Presidente Gabriel Boric mantiene con ambos países mencionados, creemos importante que puedan iniciar las conversaciones necesarias con las autoridades salvadoreñas a fin de interiorizarse en dicho acuerdo, conocer sus condiciones y evaluar su realización con Chile”.

Los legisladores también agregaron en su solicitud el nulo avance del anuncio realizado por el Ejecutivo de construir una nueva cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago, “el que a la fecha, habiendo transcurrido más de seis meses, no ha existido ningún avance concreto ni tampoco voluntad política para aquello”.

En el escrito especifican que “quisiéramos solicitar, en su calidad de ministro de Relaciones Exteriores, que tenga a bien evaluar en conjunto con el actual Mandatario el inicio de un proceso de diálogo con el gobierno de El Salvador a objeto de evaluar la viabilidad de celebrar un acuerdo en esa línea, que permita trasladar al país centroamericano a un grupo de extranjeros -por definir- que se encuentren condenados en Chile o con órdenes de expulsión”.

“(...) es evidente que cualquier decisión que se adopte permitirá descomprimir los recintos penitenciarios, además de generar un efecto disuasivo en el resto de los internos y reforzar la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico en Chile”, recalcaron los diputados Labbé y Coloma en su solicitud.

El diputado Coloma señaló que “estamos perdiendo la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que no hay que descartar ninguna opción y en este sentido nos parece razonable que el gobierno de Chile explore la posibilidad con el Presidente Nayib Bukele de remar un tratado a fin de que los principales líderes extranjeros de cárteles de bandas criminales sean trasladados a El Salvador para que cumplan sus penas en ese país”.

“En la actualidad los criminales extranjeros que están presos siguen manejando los delitos desde las cárceles”, afirmó Coloma, quien agregó la necesidad de buscar soluciones “prácticas y eficientes”.