Diputados UDI y RN presionan al Gobierno: Se unen a senadores oficialistas y van al TC lo que retrasará promulgación de ley de indultos por Covid-19

VISITAS A PUNTA PEUCO
02.10.2013 - PENAL PUNTA PEUCO - RECINTO CARCELARIO - ESTABLECIMIENTO PENAL - INSTALACIONES - VISTA GENERAL - COMUNA DE TIL TIL - REGION METROPOLITANA - PUBLICADA - LA TERCERA - NACIONAL - PAG16 02.10.2013 VISITAS A PUNTA PEUCO FAMILIARES DE INTERNOS EN DICHO RECINTO PENITENCIARIO FOTO: PATRICIO FUENTES Y. - PUNTA PEUCO - RM - CHILE - PATRICIO FUENTES Y. - PATRICIO FUENTES Y.

El requerimiento atrasará en al menos dos semanas su entrada en vigencia. Parlamentarios sostienen que proyecto es discriminatorio por no incluir a militares condenados por crímenes de lesa humanidad.


Diputados del oficialismo, RN y UDI, ingresaron un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre proyecto de Ley de Indulto que está listo para promulgarse tras ser aprobado en el Congreso, y que busca, de manera perentoria, descongestionar las cárceles chilenas ante la emergencia sanitaria del Covid-19.

En el TC hoy se vería el recurso presentado hace dos semanas por senadores oficialistas. Hoy, de hecho, están acordadas que se realicen audiencias públicas y había un acuerdo entre los ministros del TC de acelerar los tiempos de tramitación para evitar dilatar la promulgación de esta ley impulsada por el propio gobierno de Sebastián Piñera.

Sin embargo la ofensiva -ahora de diputados oficialistas- retrasaría ahora por dos semanas el trámite en el TC. En el libelo, al que accedió La Tercera, los diputados RN y UDI argumentan los mismos motivos que los senadores oficialistas y es que el que la ley de indultos por Covid-19 no incluya a militares condenados por derechos humanos es discriminatoria y por ende inconstitucional.

Entre los firmantes del texto se encuentran los diputados Mario Desbordes, Diego Paulsen, Juan Antonio Coloma, Paulina Núñez, José Miguel Kast, Catalina Del Real y Diego Schalper, entre otros.

La situación pone en un complejo escenario al ministro de Justicia Hernán Larraín y al Ejecutivo pues se trata de su propio sector torpedeando una iniciativa legal que busca sacar a 1.300 presos de más de 75 años y mujeres embarazadas y con hijos menores de 2 años para evitar el riesgo de contagio con coronavirus en penales que están hacinados y por ende son focos de contagio.

Al respecto, el propio Larraín afirmó que “lamentamos que un grupo de diputados haya interpuesto un nuevo requerimiento". El ministro indicó que la acción judicial “no agrega en nada a lo anterior y al final solo tiene un efecto dilatorio, lo que lamentamos, porque efectivamente necesitamos que esto se resuelva a la brevedad”.

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