Durante esta jornada, el Ministerio Publico informó que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura de una investigación de oficio -asignada al fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros- por el presunto delito de fraude de subvenciones en la declaración de gastos de campaña de Karina Oliva en su campaña a gobernadora de la Región Metropolitana, luego de que la actual candidata a senadora presentara ante el Servicio Electoral (Servel) un abultado gasto por un total de $137 millones en el pago de siete integrantes de su núcleo cercano.

Esta noche, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, -en entrevista con CNN- se refirió a la decisión del máximo jefe del Ministerio Público.

Antes, Tagle reiteró que solamente la cuenta de la primera vuelta de Oliva ha sido aprobada y que “la segunda está pendiente, y hay muchos gastos ahí que se han comentado como desayunos, etcétera, que eso todavía el Servel no hace la revisión y las observaciones a los candidatos”.

“Lo que ha aparecido hoy día a la luz, con posterioridad a esta rendición, estos antecedentes que habrían pagos anteriores a la campaña, que obviamente eso es incorrecto, eso está fuera de lugar, y que se habría a través de una persona cobrado honorarios para muchos otros, que obviamente eso es una cosa improcedente”, agregó.

También explicó que la ley de gasto electoral tipifica faltas y delitos, por separado. Las faltas se resuelven con multas sancionadas por el Servel y las reclamaciones respectivas son tramitadas por el Tribunal Electoral, a diferencia de los delitos, que tienen que ser denunciados por Servel ante Tribunales de Justicia. “Ahora, bienvenido si hace investigación la fiscalía, pero las facultades de denunciar -finalmente nos tendrá que poner los antecedentes- la tenemos nosotros”, señaló.

En esa línea, Tagle informó que se han interpuesto denuncias anteriormente por las cuales no han recibido ningún pronunciamiento por parte del Ministerio Público: “Hemos hecho denuncias en el pasado. Yo le pediría al fiscal que resuelva las denuncias pendientes”.

Tagle ejemplificó con la denuncia que interpusieron en 2018 contra la campaña de Marco Enríquez-Ominami para las elecciones de 2017. Según señaló, en la rendición de gastos del abanderado del PRO, “para completar el máximo derecho a reembolso que tenía, metieron una factura de una sociedad que se constituyó después de la elección, que aparecía prestando servicios antes de la elección. Ese caso todavía esta pendiente y ojalá lo resolvieran antes que este (de Karina Oliva), porque ya llevamos cuatro años y no pasa mucho”.

“Entonces hoy veo embarcada a la fiscalía que debiera hacer de oficio, cuando tiene casos pendientes de hace cuatro años”, criticó.

Tagle aseveró además que en este caso “la fiscalía fue muy apresurada a investigar delitos. No dice que son los de la ley electoral, dice que son otra cosa. Las investigaciones y las denuncias, aquí en realidad nos corresponden a nosotros, y tenemos que separar lo que es faltas, que tiene una sanción de multa, de lo que es delito, que tenemos que hacer las denuncias. Y en el pasado hemos hecho denuncias, pero al fiscalía avanza poco y ni siquiera hemos recibido un feeling de vuelta de qué pasó con esa denuncia”.

Con todo, sostuvo que desde Servel creen que debe corregirse la ley, ya que ya van dos periodos electorales completos desde que entró en vigencia en 2015 y sería “una buena oportunidad de hacer revisiones”.

En particular, habló sobre dos falencias que a su parecer son principales. Primero, explicó que como Servel “no tenemos la facultad de fijar máximos en cierto tipo de cosas, como los honorarios, o simplemente de las palomas que se pone en las plazas. No tenemos la facultad de fijar valores. No nos la dieron, y eso yo creo que se discutió en su momento en el Parlamento”.

Asimismo, explicó que las revisiones de las cuentas de las candidaturas parten un mes después de los comicios “entonces ya se sabe los votos y se sabe el máximo que una persona puede conseguir de reembolso. Por lo tanto, en todos estos gastos intangibles -como son los sueldos y los honorarios- no sabemos cuándo se están fijando, si de verdad cuando se contrató a la persona, o después de cuando se sale de la campaña. Una medida correcta sería que se informaran todos los contratos de personas y asesorías diciendo el RUT, el monto y su plazo, en el momento en que se hacen, y no después de la elección”.