Tras la designación de Raúl Figueroa como subsecretario de Educación, Acción Educar nombró como nuevo director ejecutivo a Daniel Rodríguez, geógrafo de la U. Católica que se desempeñaba como investigador en ese centro de estudios. Desde su nuevo cargo, Rodríguez señala cuál debiera ser la postura del nuevo gobierno frente a las reformas educacionales.
¿Cuál será el rol que tendrá Acción Educar ahora?
Separamos muy claramente personas de instituciones. Como centro de estudios, Acción Educar se mantendrá en su tarea de promover sus ideas fundamentales: libertad de elección de padres y estudiantes, autonomía de las instituciones para desarrollar sus proyectos educativos, y diversidad de un sistema mixto en el que colaboran en igualdad de condiciones el Estado y los privados. Mantendremos un rol colaborador, pero vigilante.
El ministro de Educación, Gerardo Varela, dijo que "la gratuidad llegó para quedarse"...
Nosotros como institución nos hemos opuesto a esta política, por ser regresiva, innecesariamente cara, poco efectiva en sus objetivos de acceso y por el daño que genera -y está generando- en la calidad y diversidad del sistema de educación superior. Si bien se podría elegir una frase más feliz, creo entender esa declaración del ministro como una confirmación de la promesa de campaña del Presidente Sebastián Piñera: no se tiene en agenda disminuir la cobertura de la gratuidad, que hoy alcanza al 60% más vulnerable de los estudiantes matriculados en las instituciones adscritas. Pero eso no implica aumentarla. Este gobierno no debe incrementar la cobertura de la gratuidad.
¿Qué cambios proponen a la ley?
Para nosotros son necesarias modificaciones urgentes a la ley en materia de gratuidad, las que deben apuntar a evitar el desfinanciamiento de instituciones adscritas, que hoy, según nuestros cálculos, podría alcanzar este año los $ 68 mil millones (de déficit). Una opción es hacer a los estudiantes vulnerables mucho más atractivos en términos económicos para las instituciones, tal como hace la ley de subvención escolar preferencial en el ámbito escolar. Mientras más vulnerable sea un estudiante matriculado, mayor es el aporte del Estado para asegurar su gratuidad. Para financiar esto, es necesario eliminar la ampliación de la cobertura, restringiendo el beneficio solo al 60% más vulnerable. Si el crédito funciona bien, quizás la gratuidad solo sea necesaria hasta el 50%, pero la gratuidad universal debe ser de una vez por todas descartada.
¿Qué opina sobre el proyecto del gobierno anterior para reemplazar el CAE?
Es muy deficiente, y que fácilmente puede llevar a un retroceso significativo al sistema de educación superior. Persiste en la fijación de aranceles, profundizando el déficit financiero de las instituciones gratuitas y creando déficit en las instituciones no gratuitas. Básicamente establece un precio único para cada carrera, que el Estado presta al estudiante en forma de un crédito, y es la institución la que debe prestar la diferencia entre el valor determinado por el Fisco y el valor real de educar. En pocas palabras, el Estado entrega un "desde" y todo lo adicional debe ponerlo la universidad, con una muy baja probabilidad de recuperar ese préstamo. Es una ampliación de los defectos de la gratuidad a la totalidad del sistema, sin ninguno de sus beneficios.
¿De qué forma debiera implementar las reformas el nuevo gobierno?
Hemos sido críticos de la reforma, pero creemos que hay un amplio espacio para cambios en la reglamentación de las reformas. Por ejemplo, en la desmunicipalización la ley dice que tienes que implementar un Servicio Local de Educación. Eso puede no gustar, pero al momento en que se lleva a cabo existe la capacidad de imprimir ciertas visiones, valores y formas de hacer las cosas. Creemos que hay una muy buena oportunidad para el Mineduc de que, a través de la implementación, se puede ampliar la posibilidad a los padres de elegir, dar autonomía a los establecimientos y directores para llevar a cabo su proyecto educacional.
