La directora de la División de las Américas Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, cuestionó las elecciones que dieron por amplio ganador a Nayib Bukele como Presidente de El Salvador.
En unas elecciones celebradas el 4 de febrero, el actual mandatario alcanzó más de 10 veces los votos que el segundo candidato en disputa, Manuel “Chino” Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda.
Sin embargo, dichos comicios han levantado cuestionamientos. “Nadie puede cuestionar que es altamente popular. Pero esta elección difícilmente puede ser considerada justa”, afirmó Juanita Goebertus Estrada.
Parte del cuestionamiento de Goebertus, en una carta publicada en El Mercurio, se basa en que la supuesta concentración de poderes que tiene Bukele en El Salvador: “Ha desmontado los requisitos básicos de cualquier democracia respetuosa de los derechos humanos, incluyendo la independencia judicial y las garantías para la prensa y la sociedad civil”.
Por ejemplo, la autoridad de Human Rights Watch afirma que “Bukele cooptó el Poder Judicial, empezando por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Y tal como hicieron Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, se aprovechó de este control para saltarse las disposiciones constitucionales que prohíben la reelección inmediata”.
Asimismo, agrega que el mandatario “controla la Asamblea Legislativa. La ha utilizado, entre otras medidas, para reformar las reglas electorales pocos meses antes de las elecciones. Estas reformas, según denuncian expertos electorales, le permitirían al partido de Bukele aumentar aún más su mayoría en la Asamblea”.
Por otro lado, cuestionó el principal foco de Bukele en su país: controlar la delincuencia organizada: “Tampoco se puede negar que la popularidad de Bukele responde a que su gobierno logró reducir notablemente los principales indicadores de violencia en El Salvador. Durante sus primeros años, el gobierno de Bukele negoció de forma secreta beneficios carcelarios y protección frente a extradiciones para las pandillas, a cambio de que redujeran los asesinatos”
“Cuando estas negociaciones fracasaron, Bukele acudió a detenciones masivas, sobre todo en comunidades pobres. Con derechos constitucionales suspendidos, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 75.000 personas, incluyendo al menos a 2.800 niños, niñas y adolescentes”, afirmó Goebertus.
En ese sentido, señaló: “Como hemos documentado en terreno, muchas personas detenidas no tenían nada que ver con las pandillas; muchos han sido torturados y algunos, desaparecidos forzosamente. En los juicios, por ejemplo, en audiencias virtuales con más de 500 imputados, se han violado las garantías más básicas del debido proceso”.
Goebertus asegura que “hay motivos para dudar de la sostenibilidad y efectividad” de la política antidelincuencia de Bukele. “A la fecha, pocos detenidos han sido condenados. Y la experiencia en la región, incluyendo en El Salvador a comienzos de siglo, demuestra que paradójicamente, el encarcelamiento masivo permite al crimen organizado fortalecer su reclutamiento”.
“Así y todo, no es difícil entender por qué Bukele es popular en otros países de la región. América Latina y el Caribe registran la tasa de homicidios más alta del mundo, con 15 por cada 100.000 habitantes en 2021 Y varios países de la región, en especial Ecuador, han sufrido en los últimos años un aumento preocupante de la violencia. Muchos ciudadanos están hartos de la violencia y la extorsión, con razón, y quieren soluciones inmediatas, así no sean sostenibles”, reconoció.
Eso sí, señaló que “ningún país debería sacrificar los derechos de sus ciudadanos para frenar la violencia. Los gobernantes de la región tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía con políticas de seguridad que sean, al mismo tiempo, efectivas y respetuosas de los derechos humanos”.
En la parte fina de su carta, Goebertus sugirió “fortalecer la capacidad del Poder Judicial, (...) fortalecer el control civil sobre las fuerzas militares y la policía, y robustecer la judicialización de los máximos responsables de los crímenes violentos que más afectan a la ciudadanía”.
“También es necesario ofrecer alterativas de educación y empleo para jóvenes, para evitar el reclutamiento”, agregó sobre ese punto.
“Lejos de ser un modelo, la estrategia de Bukele es una amenaza a los derechos humanos en la región. Ya hemos visto en países como Venezuela cómo queda desprotegida la población cuando se permite que un líder, por más popular que sea inicialmente, concentre todo el poder. Para evitar que esta amenaza se propague, los gobernantes democráticos deben garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos”, remató.
La estrategia de Bukele
Bukele en su país cuenta con una popularidad cercana al 90%. Parte de esa popularidad se basa en los resultados que ha obtenido para controlar a las pandillas. En ese país son los Mara Salvatrucha quienes, hasta hace un tiempo, controlaban las calles. Hoy día, las cárceles de ese país están copadas con sus integrantes.
Bukele ha catalogado su plan antidelincuencia como “la estrategia más exitosa en materia de seguridad que se haya conocido en la historia”.
Hasta hace un tiempo, El Salvador era uno de los países más violentos de la región. Según datos de ese país, publicados en enero de 2024, el año anterior tuvo la cifra de homicidios más bajas en su historia de El Salvado, con 154 homicidios, una tasa de 2,4 por cada 100.000 habitantes. En 1994, El Salvador reportaba 134,78 homicidios por cada 100.000 habitantes, según reportes de prensa.
“La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, es de 2.4 y el promedio diario de homicidio anual, es de 0.4, esto nos coloca, a nivel de América, en el segundo país y el primero de Latinoamérica; con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá, que cerró con 2.25 homicidios por cada 100 mil habitantes”, afirma el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.