Discapacidad e identidad de género lideran las denuncias por Ley Zamudio

La ley que sanciona los actos de discriminación de cualquier tipo, conocida como Ley Zamudio, cumple ocho años desde que fue promulgada, el 12 de julio de 2012, por lo que la Fundación Iguales realizó un balance del último año sobre la operación de la norma.

El informe de la Fundación Iguales plantea que, según datos entregados por el Poder Judicial, en 2019 se presentaron 66 demandas invocando esta norma a lo largo del país, mientras que en 2018 fueron 70 y en 2017 hubo 72.

Así, durante 2019, entre los motivos más frecuentes de las presentaciones están la arbitrariedad (37%), discriminación por casos de discapacidad o enfermedad (31,8%), la orientación sexual de la persona (4,5%) y la identidad de género (4,5%). Además, un 6,3% de las acciones correspondió a discriminación por ideología u opinión política y el 4,5% a temas raciales.

El reporte añade que desde que entró en vigencia la ley se han dictado un total de siete sentencias condenatorias en materia penal.

Jorge Lucero, abogado de la Fundación Iguales, explica que la cantidad de presentaciones es baja, debido a que la norma 20.609 tiene problemas que deberían ser subsanados a través de una reforma a la ley, proyecto que está en discusión en el Congreso.

Por ejemplo, Lucero señala que la ley no establece una indemnización a la víctima que vivió un hecho discriminatorio, sino que solo se aplica una multa (de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales) al responsable del delito. También añade que hay un desincentivo para utilizar esta norma, pues también considera multas a quien interpone la denuncia, pero finalmente no puede probar que se cometió el ilícito. Agrega que otra dificultad es que las pruebas deben ser presentadas por el propio denunciante, lo que, según el abogado, lleva a que “muchas personas no denuncien, porque no tienen los recursos para contratar a un abogado; es contraproducente”.

Alessia Injoque, presidenta de Iguales, plantea que la ley ha sido muy importante para dar protección a todas las personas por actos discriminatorios, pero considera que la norma “se quedó corta, porque las sanciones son bajas y es muy difícil el proceso probatorio. Una persona debe presentar pruebas de que hubo un delito, pero ello no se le pide, por ejemplo, a una empresa”.

También agrega que se debería crear una institución al alero del Estado que prevenga casos de discriminación a través de políticas públicas, que fiscalice, controle, haga estudios y desarrolle capacitaciones en torno al tema, lo que ha sido solicitado al gobierno.

La dirigenta agrega que aunque la sociedad chilena ha avanzado en un mayor respeto hacia las personas de distintas orientaciones, aún se dan situaciones donde víctimas han invocado la ley porque, por ejemplo, “a una pareja se le pide que se retire de un restaurante por su condición, lo que es inaceptable”.

El abogado Mauricio Tapia, académico de la U. de Chile, coincide en que la implementación de esta ley es “relevante, porque intenta prevenir y sancionar las conductas discriminatorias por raza, religión, orientación sexual o política”.

Indica que, “a mi juicio, que no haya un número alto de causas se podría deber a que la ley ha tenido un efecto disuasivo y la exposición pública que involucran estos actos evita que ocurran. Se piensa dos veces antes de cometer un acto”. También propone un aumento de las multas por discriminación, pues considera que elevarlas podría llevar a un mayor cumplimiento.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Ignacio Latorre, afirma que se ingresó un proyecto para hacer cambios a la norma y, en las últimas semanas, han estado en etapa de audiencias para conocer opiniones. “En Chile falta promover una institucionalidad que proteja a la ciudadanía de la discriminación arbitraria”, advierte el legislador, quien añade que distintas organizaciones han planteado que hay barreras de entrada al sistema judicial.

Uno de los ámbitos más denunciados es la discriminación por discapacidad. Ximena Rivas, directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, sostiene que en caso de que una persona requiera apoyo judicial, la institución cuenta con un programa de acceso a la justicia. “Pueden acudir a él quienes han vivido actos u omisiones constitutivas de discriminación o bien vulneración de derechos en razón de su discapacidad”.

Añade que se trata de un programa gratuito, que trabaja junto a las corporaciones de asistencia judicial, con abogados especializadas en temáticas de DD.HH. y discapacidad. En 2019, a través de este programa fueron atendidos 1.812 casos.