Hace poco más de una semana que las llamas consumieron la totalidad del uno de los bares insignes de Valdivia, “La última frontera”.
Pese a que las causas del siniestro aún se encuentran en investigación, de momento hay un solo detenido —que confesó su participación— y las declaraciones de los testigos apuntan a una eventual “venganza” del único imputado.
De acuerdo a lo recogido por La Tercera Domingo, fue en 2018 que Bruno Paredes —presunto autor del incendio— comenzó a trabajar en “La última frontera”, como garzón. Tiempo después estrechó vínculos con algunos trabajadores del local. Los más cercanos eran una anfitriona del local —con quien entabló una relación sentimental— y Danilo Oporto, uno de los garzones, de quien se hizo amigo. El suicidio de Oporto —ocurrido a inicios de octubre de 2023— afectó profundamente a Paredes, lo que lo llevó a solicitar licencia médica.
El jueves 11 de enero, Paredes no quiso salir del bar, pese a que la hora de cierre del local se acercaba. Mantuvo una discusión con una garzona, que hizo un comentario sobre la relación de Paredes con la anfitriona, insinuando que había maltrato. El episodio escaló y Paredes terminó sobre una de las bancas, gritando a los presentes.
Al día siguiente, la garzona denunció a Paredes por amenazas. Pese a ello, el trabajador apareció en el local a eso de las 1.30 de la madrugada del sábado y gritó que su nombre estaba sucio y que venía a limpiarlo. Testigos del incidente aseguraron que Paredes estaba descontrolado.
—Voy a quemar esta huevá— amenazó antes de retirarse, según lo expuesto por la Fiscalía de Valdivia.
Horas más tarde, personal de Bomberos tuvo que acudir al lugar ante las llamas en el local, que alcanzaban los siete metros de alto, que además se expandieron a las oficinas de otras cuatro empresas. El incendio solo pudo ser controlado tras 15 horas.
Paredes se entregó solo horas después en la Primera Comisaría de Valdivia y confesó haber provocado el incendio. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo estimado por la Fiscalía es de casi tres meses. De comprobarse su participación, arriesga hasta 20 años de cárcel.
