Dorothy Pérez en su semana debut: rebaraja directivos y concreta cambios en nueve contralorías regionales

Dorothy Pérez continúa con los ajustes tras asumir formalmente como contralora general de la República.

Y es que si bien en su rol de subrogante -que se prolongó por casi un año- realizó cambios que impactaron en el funcionamiento del organismo que anteriormente comandaba Jorge Bermúdez, tras ser promovida formalmente por el Presidente Gabriel Boric y ratificada por el Senado, la abogada comenzó a aplicar otras modificaciones.

Así, como pudo conocer La Tercera, desde la jornada del martes 12 se abocó al reajustes de equipos en contralorías regionales y en otras divisiones.

Hasta ahora, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, ha cambiado a siete contralores en distintas zonas del país.

En Tarapacá nombró como contralora a Paula Vera, en Antofagasta a Víctor Rivera, en Valparaíso a María Soledad Pérez, en Ñuble a Daniel Fernández, en el Maule a Roxana Núñez, en Los Ríos a Carol Delgado y en Los Lagos a Mario Quezada.

Además, removió a Verónica Orrego como contralora de Magallanes, reubicándola como fiscal sumariante en la Fiscalía de la institución. En la región más austral del país, nombró como contralor a Carlos Bilbao. Adicionalmente, al mando de la II Contraloría Regional Metropolitana asumirá Odette González.

Junto con ello, también designó como nueva jefa de la División de Municipios y Gobiernos Regionales a Sandra Estay.

De acuerdo con fuentes ligadas a la institución, los nuevos contralores regionales asumirán sus nuevas labores el próximo 1 de enero. Destacan, en ese sentido, que corresponden a funcionarios de carrera que ya forman parte de la entidad.

Por otra parte, quienes dejan la cabeza de las mencionadas reparticiones, según las mismas fuentes, permanecerán en otros cargos, por lo que se ha insistido en que ninguno de ellos ha sido desvinculado de la institución.

No se descarta, de todas maneras, que los reajustes continúen durante la semana.

Anteriormente, cabe hacer presente, los cambios materializados por Pérez cuando ejerció como subrogante incluyeron dos resoluciones clave. Con la primera, cuestionó la gran cantidad de funcionarios que existían desde la “era Bermúdez” en la jefatura de gabinete, por lo que decidió pasar de nueve unidades a solo tres argumentando el buen control de los recursos públicos. Y con la segunda, volvió a crear la división de Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Si bien al interior de Contraloría desdramatizan el efecto de las determinaciones, éstas se producen en medio de una serie de cuestionamientos que han marcado la primera semana de Dorothy Pérez como contralora. Estos últimos, principalmente, tras el dictamen que dictó respecto del procedimiento a seguir en el caso de los funcionarios públicos a contrata que quieran alegar legítima confianza ante despidos.

Por medio del mismo, la contralora estableció que aquellos trabajadores que quieran alegar confianza legítima ante despidos en la administración del Estado ya no podrán hacerlo en el ente contralor, sino que deberán realizarlo vía recurso de protección en las cortes de apelaciones.

La situación generó alarma entre asociaciones de funcionarios, como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes alegaron que se estarían vulnerando derechos que ganaron tras una serie de movilizaciones.

Pese a los cuestionamientos, desde Contraloría deslizaron que la acción está ajustada a la norma, mientras que en el gobierno decidieron tomar distancia. De hecho, la vocera Camila Vallejo insistió en que se trata de una decisión de organismo autónomo.

“La Contraloría no le responde ni define en función de lo que hace, opina o decide el gobierno. Son instituciones separadas y es la Contraloría y su contralora la que determina un dictamen, insisto, de manera autónoma”, sostuvo la ministra.

Pero eso no ha sido lo único. En sus primeros días formalmente al mando, Pérez también ofició a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que en un plazo de 10 días hábiles informe respecto de los problemas ocurridos en el aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago.

E igualmente pidió antecedentes a las municipalidades de Santiago, San Miguel y San Joaquín y a la Subsecretaría de Transportes, el Serviu y la Delegación Presidencial metropolitana por el estado de las calles que se encuentran tomadas por carpas.