El 23 de marzo de 2016, cerca de las 9.30 de la mañana, Rosa Rivera se encontraba en su casa ubicada en el sector de Belloto Norte, Quilpué. Al escuchar que golpeaban su puerta, fue a abrir. Tres personas le mostraron placas que los acreditaban como funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). Eran falsas. Ingresaron al domicilio y maniataron a la dueña de casa. Entre los asaltantes se encontraba Luis Martínez-Conde Riesco, quien hoy está detenido al verse involucrado en el asesinato de la carabinera Rita Olivares.

En dicho asalto, el sujeto, junto a los otros involucrados, amenazaron con un arma de fuego a los habitantes de la casa, entre ellos un menor de edad, y robaron una planta de marihuana y una consola de videojuegos. Por estos hechos, el 13 de septiembre de 2016 se condenó a Martínez-Conde a 5 años y un día de presidio por ser autor de robo con violencia.

Sin embargo, esta no era su primera condena y, de hecho, al momento de cometer este ilícito se encontraba cumpliendo otra pena. El 14 de marzo de 2015 también se vio involucrado en otro delito similar cuando ingresó a otro domicilio de la misma comuna agrediendo a sus habitantes y sustrayendo diferentes objetos tecnológicos.

Debido a ello, la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a Martínez-Conde Riesco a cinco años de presidio por ser autor del delito de robo con violencia. Pero, dicho tribunal decidió otorgarle la pena sustitutiva de libertad vigilada.

El imputado -recluido ya en el Complejo Penitenciario de Valparaíso- no solo registra incidentes fuera de la cárcel, ya que mientras se encontraba en prisión preventiva de ambas condenas, Martínez-Conde fue sancionado por Gendarmería por indisciplinas al interior de los centros de reclusión.

El 13 de junio de 2020, mientras se mantenía en prisión preventiva, junto a otros presos insultó y realizó distintos gestos despectivos a personal de Gendarmería. Además, comenzó a generar desórdenes e intentar agredir a los trabajadores del penal, debido a lo cual se debió usar la fuerza para calmar a los detenidos. Anteriormente a este hecho, ya había recibido una sanción al ingresar un celular a la cárcel.

En abril de 2020 se aprobó la Ley de Indulto General Conmutativo que buscaba hacer frente a la emergencia sanitaria del Covid-19 en las cárceles chilenas. Debido a dicho beneficio más de 1.700 personas pudieron cumplir sus condenas fuera de los centros de reclusión. Dicha medida fue aprobada ampliamente en el Congreso Nacional, incluso por los entonces diputados Gabriel Boric, hoy Presidente, y los actuales ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson, además del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Entre los indultados se encontraba Martínez-Conde Riesco, quien, según un informe realizado por Gendarmería, cumplía con las exigencias para recibir este beneficio. “Constato que se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley 21.228, verificándose en favor del solicitante, la procedencia del indulto conmutativo de las penas privativas de libertad que le resta por cumplir”, se lee en un informe emitido por dicha entidad el 21 de abril de 2020.

En reemplazo de su condena de presidio, el beneficiado pudo cumplir su pena mediante la reclusión domiciliaria nocturna bajo el control del Centro de Reinserción Social de Quilpué. Pero su conducta no cambió. El 11 de agosto, Gendarmería informó que Martínez-Conde había incumplido la medida que mantenía al no corroborar su ubicación en el sistema de georreferenciación, y no fue la única ocasión: al menos 4 veces incumplió el arresto que debía cumplir.

En este sentido, estas faltas fueron vistas en tres audiencias distintas de revisión de cumplimiento del indulto, no siendo revocado en ninguna ocasión. “No hay justificación plausible respecto de los incumplimientos registrados. (...) el Tribunal muy excepcionalmente mantendrá el indulto general conmutativo, a fin que mantenga el cumplimiento de esta medida por la vía de la reclusión parcial nocturna, realizando las advertencias y apercibimientos correspondientes al sentenciado”, se consignó en la audiencia celebrada el 17 de diciembre de 2020 por el Juzgado de Garantía de Quilpué.

Pero dicho indulto no fue el único beneficio que Martínez-Conde recibió. El 29 de diciembre de 2020, el por entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, firmó el decreto que redujo la condena por robo con violencia que debía finalizar el 28 de marzo de 2021, pero que, debido a este documento, terminó 3 meses antes. Por lo tanto, al momento de verse involucrado en el asesinato de Rita Olivares no cumplía ninguna condena.

En el texto se describe que esta resolución se basó en una determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago, además del cumplimiento de buena conducta durante el cumplimiento de la condena del beneficiado.