"Los delitos de abuso sexual ofenden a nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad". Así comienza el documento, en forma de motu proprio, que hoy dio a conocer el Papa Francisco y que establece nuevas normas para enfrentar los casos de abusos en la Iglesia Católica.
El escrito, de 10 páginas, es de carácter universal, por lo que aplica para todas las diócesis del mundo. Comenzará a entrar en vigencia el próximo 1 de junio y es fruto del encuentro "La protección de los menores en la Iglesia", celebrado en febrero pasado en el Vaticano.
En lo central, fija un plazo de 90 días para las investigaciones, define en específico los delitos de abusos sexuales (incorporando la producción de pornografía infantil y el encubrimiento), obliga a que la Iglesia de cada país cree un mecanismo eficiente de denuncias, puntualiza la forma para investigar a obispos y se somete a "los derechos y obligaciones establecidos en cualquier lugar por las leyes del Estado". En Chile, por ejemplo, los sacerdotes legalmente no están obligados a denunciar los casos a la fiscalía.
El caso criollo
En nuestro país su contenido causó opiniones divididas dentro de la comunidad eclesial local. Algunos lo valoraron como "una respuesta concreta" a la crisis de los abusos, que introduce reglas más estrictas y específicas. Otros lo consideraron insuficiente para la realidad chilena, sobre todo al no estipular la obligatoriedad de que los clérigos denuncien estos casos a la justicia civil.
Para el presbítero y doctor en Derecho Canónico de la Universidad Gregoriana de Roma, Francisco Walker, esto es "un paso importante, muy positivo". Argumentó que el documento establece la obligación de que cada sacerdote y religioso informe a su autoridad eclesiástica no solo el abuso de menores, sino cualquier acto amparado en el poder. También destacó que se establece un procedimiento más claro frente a las denuncias contra un obispo o superior religioso y que, por primera vez, tipifica la figura canónica de encubrimiento. Otro punto, explicó, es que se amplía el concepto de persona vulnerable y profundiza el tema de la protección a los denunciantes.
Sobre las repercusiones que podría tener para Chile, afirmó que "en algunas instancias ya estábamos más avanzados, por ejemplo, cuando se establece que en todas las diócesis deberá existir un organismo para recibir denuncias".
La abogada canonista y vocera de Voces Católicas, Valeria López, indicó que "una vez más el Papa muestra que este tema le preocupa (...); el Pontífice quiere comprometer a las autoridades de la Iglesia", además de que "fija un plazo de 90 días para llevar a cabo todas las investigaciones eclesiales".
Frente al nuevo escenario, de que los sacerdotes en Chile deban informar a su autoridad eclesial cada nuevo caso de situación abusiva que conozcan, la canonista sostuvo que "no creo que se desencadene una oleada de denuncias. En el último tiempo ya se han recibido muchas y pese a que ahora quedó por escrito esta obligación, en los últimos años se ha generado una conciencia de que moralmente ya era algo obligatorio".
Juan Carlos Claret, miembro de la comunidad de laicos de Osorno, dijo que todo esto "es un avance, porque se establecen criterios uniformes, tanto para las investigaciones contra religiosos de congregaciones como sacerdotes diocesanos".
Sin embargo, advirtió que de esta forma, "los antecedentes seguirán siendo almacenados en archivos secretos, de difícil acceso para el Ministerio Público".
Osvaldo Aravena, vocero de los laicos de Santiago, señaló que "la preocupación que los laicos tenemos es que este instructivo del Papa no diga nada categórico en relación con la entrega de antecedentes a la justicia civil. En Chile hay variadas demostraciones y hechos de que cuando una víctima fue a denunciar esto a algún obispo o sacerdote no tuvo ninguna acogida".
