Una serie de diligencias relacionadas con el Ejército realizará en las próximas horas la Fiscalía Metropolitana Sur, luego de que el martes se formalizara a un suboficial de esa rama castrense por infracción a la Ley de Drogas y a la Ley de Control de Armas. El Ministerio Público indaga al uniformado por ser un presunto abastecedor de armas de una banda de narcotraficantes del sector sur de la capital. El Ministerio Público quiere saber de dónde viene ese material.

El caso quedó al descubierto este martes, cuando el sargento Víctor Roa fue detenido por la PDI en un operativo efectuado en la población Santa Adriana, de Lo Espejo. Allí, el militar estaba efectuando una transacción con una persona identificada como Jonathan Olave, quien fue formalizado por tráfico y porte ilegal de armas. En todo este procedimiento, la policía incautó un fusil AK-47 y seis granadas de mano, entre otras municiones de guerra.

Para los investigadores el vínculo del uniformado con supuestos traficantes del sector estaría claro, pues al momento de su detención habría estado realizando una transacción con drogas.

Sin embargo, la fiscalía también busca establecer el origen de esas armas. "Se están haciendo consultas al Ejército para determinar si el fusil incautado era de pertenencia del Ejército. También se le consultó (a la institución uniformada) por las municiones, para determinar su origen", señaló el fiscal Sur, Raúl Guzmán.

A pesar de que el arma requisada tenía un número de serie, no existe un registro de las armas de las Fuerzas Armas en la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), lo que complica la labor investigativa de la fiscalía. El fiscal Guzmán explicó que "el armamento de las FF.AA. no está inscrito en el registro de la DGMN, por lo tanto, cuando una de estas armas aparece vinculada en un hecho ilícito se dificulta determinar su origen".