Esta tarde, el Ejército emitió un comunicado donde defiende la legalidad de las escuchas telefónicas en el marco de la denominada Operación Topógrafo, en 2017, donde la institución castrense espió ese año a cuatro personas: dos funcionarios activos y dos en retiro de la institución castrense, todos ellos denunciantes de eventuales irregularidades al interior del Ejército. Estas actividades, según el Ejército "se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N° 19.974".
Asimismo, agrega que se contó "con la autorización de los señores Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago designados al efecto, en los casos que es exigido por la citada ley". Además, que todas las informaciones que se recaben "se considerarán secretos y de circulación restringida".
Del mismo modo, la institución recalcó que el control de las actividades de inteligencia "está entregado a los tribunales de justicia y a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que establece el Art. 37 de la Ley Nº 19.974, ante la cual comparece y comparecerá, siempre que sea requerido, el Director de Inteligencia del Ejército de Chile".
