A fines de abril, el general Alejandro Villagra retomó sus funciones como jefe de la Brigada Acorazada "Coraceros", del Ejército, tras ser procesado por el presunto fraude al Fisco de $ 9 millones, en la devolución de pasajes y fletes.

El cargo de Villagra en la unidad establecida en Arica es considerado clave al interior del Ejército, pues se trata de una posición estratégica en el ámbito militar.

La Tercera consultó al Ejército sobre la decisión de mantener al alto oficial como jefe de la I Brigada Acorazada, y señalaron por escrito que el general Villagra "se encuentra haciendo uso de sus recursos procesales pendientes ante la Corte Marcial y Tribunal Constitucional; por lo tanto, su situación procesal no se encuentra a firme, en atención a lo cual se encuentra en funciones. Por otra parte, le asiste el derecho de presunción de inocencia, que le favorece como cualquier ciudadano".

El caso, indagado por la ministra Romy Rutherford, generó incluso que el alto oficial acudiera al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la causa, siguiendo una estrategia similar a otros uniformados que han recurrido al TC.

Aunque aún no hay resolución por parte del TC, por si acoge o no el requerimiento de Villagra, fuentes del caso señalaron que se podría acoger, pero sin suspender la causa. Situación similar a lo que ocurrió con el excomandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba.

Fuente-Alba insiste

Dos meses y medio lleva el excomandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, detenido en Peñalolén tras ser procesado por la presunta malversación de $ 3.500 millones. El oficial, sin embargo, insiste en pedir su libertad y además en frenar la investigación de la ministra Rutherford.

La primera vez que Fuente-Alba fue al Tribunal Constitucional (TC) para pedir suspender el caso, el pasado 27 de marzo, señaló que se habían vulnerado sus derechos humanos y la Constitución en su procesamiento. El 26 de abril, el tribunal acogió a trámite el requerimiento, pero no aceptó suspender la investigación.

Pero Fuente-Alba insistirá. El pasado jueves su abogado, Maximiliano Murath, presentó nuevamente un requerimiento para suspender la causa, argumentando que "se corre el riesgo cierto de que en el tiempo intermedio entre la declaración de admisibilidad de la causa y su fallo definitivo por sentencia, dichas normas requeridas vuelvan a ser aplicadas en el proceso, produciéndose nuevas infracciones a la Constitución, que es precisamente lo que se busca con la medida solicitada".

Sin embargo, en el escrito, al igual que la primera vez que se solicitó frenar el caso en esta instancia, Fuente-Alba pidió que no se suspendiera la tramitación de eventuales cambios de medidas cautelares. En este escenario, el general (R) ya ha pedido su libertad en dos oportunidades y en ambas se ha rechazado.