"Los oficiales que conformarán el Alto Mando institucional año 2019, corresponden a oficiales cuyo año de egreso desde la Escuela Militar es entre enero de 1980 (CJE) y enero de 1988 y no se encuentran vinculados en causas de derechos humanos". De esta manera, el Ejército, a través de su Departamento de Comunicaciones, descartó que los nuevos altos oficiales de la institución castrense estén involucrados en causas de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar.
El pasado viernes, el gobierno aceptó la lista propuesta por el comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez, con lo cual 21 generales (de un total de 45) pasaron a retiro. Es decir, el Presidente Sebastián Piñera aprobó renovar prácticamente la mitad del Alto Mando, lo que se transformó en la mayor reestructuración del Ejército desde el retorno de la democracia, en 1990.
El recambio en la cúpula de la institución castrense fue propuesto por el general Ricardo Martínez, luego de que el gobierno le exigiera realizar un "análisis exhaustivo", para evitar que el nuevo cuerpo de generales estuviera involucrado en posibles irregularidades, como las que investiga la ministra Romy Rutherford. La jueza indaga el mal uso de recursos públicos en equipamiento, comisiones de servicio y viajes, entre otros. El 16 de octubre, el general (R) John Griffiths, entonces segunda autoridad del Ejército, renunció tras ser procesado por eventual fraude al Fisco.
Consultado al respecto, ayer el ministro de Defensa, Alberto Espina, dijo a La Tercera que "para la configuración del Alto Mando, de la información que tenemos, no conocemos antecedentes y no tenemos la información de ningún general que hubiese estado vinculado a casos de Derechos Humanos".
La autoridad aseguró que "desde que yo soy ministro de Defensa, toda la información que existe (sobre esos casos) ha sido entregada a la justicia y no tenemos información de ninguna naturaleza respecto de una ocultación de información. Eso es una imputación que no tiene fundamento".
Reacciones
Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), su presidenta, Alicia Lira, valoró la decisión del Ejército. "Valoro el hecho de que se esté llamando a un nuevo Alto Mando en el Ejército, por toda la corrupción y por la responsabilidad en las violaciones a Derechos Humanos, pero por experiencia propia no me da confianza cuando un comandante en jefe o un ministro de Defensa dice que no hay involucrados en el tema", indicó Lira.
Por su parte, el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez dijo que "hay que recordar que (Juan Emilio) Cheyre fue nombrado por el expresidente Lagos precisamente por su desvinculación total de las violaciones de Derechos Humanos, y resultó ser un encubridor de esos ilícitos contra la humanidad. Es difícil creerle a un Ejército que fue capaz de transformarse en una organización sediciosa y golpista, y más difícil restablecer confianzas con una institución que tiene pactos secretos para no cooperar con el Poder Judicial".
Sobre este punto, el ministro Espina recordó que "el comandante en jefe tenía 14 o 15 años al momento del 11 de septiembre, por lo tanto, pido que dejen al Ejército actuar tranquilo". Agregó que con el recambio realizado en el Alto Mando no hay razones para "seguir desconfiando del Ejército. No pueden seguir con la intención de vincular al Ejército actual (a casos de violaciones a los Derechos Humanos). Pido que tengan respeto por los 80 mil hombres de las FF.AA. que están mirando el presente y el futuro y no tienen vinculación con los hechos del pasado".
En tanto, para el diputado UDI Jaime Bellolio lo informado por el Ejército "es una muy buena noticia para la institución desde la perspectiva del futuro, porque da cuenta de que no es que quiera borrar su pasado, sino que aprendió (...) hoy están en una situación difícil por casos de corrupción, es momento no de cerrar las cortinas y las puertas, sino que de hacer justamente lo contrario".
El abogado Raúl Meza, quien representa a condenados por violaciones a los DD.HH. recluidos en Punta Peuco, calificó de "éticamente inaceptable que el actual Alto Mando del Ejército inicie un proceso de discriminación y persecución interna hacia aquellos oficiales que pudieron haber estado vinculado a temas de Derechos Humanos". Agregó que "no se puede pretender desvincular a los nuevos líderes de la institución de su pasado y su historia".
