La semana pasada expiró el plazo que la ministra Romy Rutherford, quien indaga el fraude al interior del Ejército, le impuso a la institución castrense para que le enviara los antecedentes asociados a todos los viajes al extranjero que hicieron 46 generales, entre ellos el comandante en jefe Ricardo Martínez, entre 2010 y 2018.
Ante este escenario, el decomiso de los documentos desde las dependencias del Ejército era inminente, pues el 15 de enero Rutherford pidió los antecedentes "bajo apercibimiento de proceder a su incautación".
Sin embargo, la institución hizo llegar este lunes la información hasta el despacho de la jueza, a las 8.00 de la mañana. De esta manera, el Ejército evitó que se llevara a cabo la revisión de sus dependencias.
Con los antecedentes en poder de Rutherford, el equipo de la Bridef de la PDI iniciará la revisión de la documentación, la cual había sido solicitada por el tribunal hace tres meses. Al no obtener respuesta, la ministra en visita envió el oficio del pasado 15 de enero.
El trabajo de la policía civil, indicaron fuentes del caso, se centrará en cruzar la información que entregó el Ejército con los antecedentes que ya se habían recopilado durante la investigación.
Fuentes de la indagatoria aseguraron que una vez finalizado el análisis y cruce de información, podría iniciarse una nueva ronda de declaraciones a oficiales del Ejército. En el listado de generales sobre los cuales se pidieron sus viajes al extranjero figuran los nombres, además del general Martínez, de otros 24 generales activos y 21 jefes de división que pasaron a retiro el año pasado.
El caso de los viajes en el Ejército ha generado distintas reacciones, algunas destinadas a remover a la ministra del caso, para que sea la justicia civil la que indague a los uniformados.
En este sentido, dos solicitudes de incompetencia actualmente están en el Tribunal Constitucional y dos más en la Corte Marcial, una de ellas presentada por el excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo, quien también es indagado por Rutherford.