El 23% de los apoderados de los colegios particulares pagados está en morosidad

“Los padres daban cualquier excusa para no pagar. De verdad, siento que se aprovecharon, fueron sinvergüenzas, y esta es la consecuencia, quedaron 56 familias sin trabajo”.

Ese es el relato de Andrea Llanos, quien hasta noviembre fuera asistente de Recursos Humanos y Finanzas del Colegio Pablo Apóstol, de La Florida, recinto particular pagado que hace algunas semanas anunció su cierre debido a los problemas económicos que enfrentó por la pandemia.

“Nos afectó el no pago de las mensualidades. Los compromisos que se hicieron nos los respetaron (…). Se entregaron cheques que al primer mes le pusieron orden de no pago, por no uso. Y nuestro ingreso era lo que mantenía al colegio (...). Tengo tres familias que deben 30 millones y el colegio tampoco era tan caro”, dice.

El adeudamiento de aranceles, que en este caso llegó al cierre del recinto, se repite en otros establecimientos. Así lo muestra la última encuesta de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), que indica que al mes de diciembre el 23% de los apoderados de colegios particulares pagados estaba moroso. Este tipo de establecimiento corresponde al 8,8% del total de la matrícula del país.

Según el sondeo, aplicado a 60 establecimientos socios de la organización, la morosidad es más alta en colegios particulares subvencionados con copago, donde alcanza al 47% de las familias. Y en los jardines infantiles, la situación es dramática: el 74% de los apoderados no pagó sus mensualidades.

Para ayudar a las familias, los colegios y jardines entregaron ayudas, como aplicar descuentos en las colegiaturas (53%), ampliar el número de becas (31%) o posponer el pago de mensualidades (5%). Nada fue suficiente.

Guido Crino, presidente de Fide, dice que esto obliga a los colegios particulares pagados a planificar un presupuesto para 2021 “que tome en cuenta la morosidad. Y si no ha habido reservas financieras suficientes, el presupuesto será muy ajustado, prescindiendo de los gastos no esenciales, teniendo a la vista que la pandemia no ha terminado y que tendremos al menos un semestre más con dificultades”.

También cuenta que pidieron a los afiliados tomar medidas para que ningún escolar, la mayoría de clase media, quede sin educación.

La encuesta muestra que el 42% de los colegios y jardines solicitaron ayuda económica a bancos, a través del Fogape, aunque el 8% no recibió ningún apoyo. Crino explica que este problema lo viven principalmente los jardines, los que “no tienen espalda financiera ni tienen acceso a los créditos”.

Detalla que “los bancos, cuando miran a los establecimientos particulares, piensan en la situación de morosidad y tienen una reacción adversa a entregar apoyo. Es muy difícil conseguir los créditos, a pesar de que tienen aval del Estado”.

El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, explica que para minimizar el riesgo de cierre de colegios durante la tramitación de la ley que prohíbe cancelar las matrículas de familias por no pago, que recientemente fue promulgada, se “estableció que las morosidades deben ser pactadas, y que también esta no cancelación de matrícula se pueda dar en aquellos casos debidamente justificados”.

Respecto del apoyo financiero, Poblete detalla que a septiembre ya habían recibido 3.481 solicitudes de colegios para acceder al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), de las cuales el 69% están aprobadas y otro 13% en revisión. “Apoyamos a establecimientos que necesitan orientación para postular”, agrega.

Las deudas son tan altas, que en algunos casos no hay dinero para pagar sueldos ni imposiciones. En el Colegio Pablo Apóstol, Andrea Llanos dice que a noviembre había $ 220 millones de morosidad y que no saben cómo pagarán los finiquitos.

“Apelamos a la misericordia de los padres para que pagaran, porque sabíamos que el ingreso del colegio era para nuestros sueldos. Así y todo, los papás no pagaron. Ahora tienen que rematar el inmueble y de ahí pagarán los finiquitos”, dice.

Otro recinto que vive un drama similar es el Colegio San Leonardo, de Maipú, donde si bien no cerraron, tuvieron que eliminar los primeros niveles, hasta 6° básico, y ahora continuarán solo con los alumnos de 7° básico a 4° medio.

Ariela Alcoholado, sostenedora del colegio, con 40 años de historia, cuenta que el no pago empezó a crecer tras el estallido social, pero luego se agravó. “Dimos becas a los padres, hicimos un fondo de $ 140 millones para apoyarlos”, explica.

Ahora tienen $ 300 millones de deudas, muchas familias se fueron y el colegio se redujo en 70%. Tampoco les dieron créditos y fueron despedidos 70 trabajadores. “Estamos luchando para sobrevivir”, dice.