El año negro de Revolución Democrática: Fiscalía mantiene a otros nueve militantes bajo la lupa

“Queremos cambiar Chile y la forma de hacer política, queremos devolverle el poder a la ciudadanía; para nosotros la Revolución Democrática empezó”.

18 de julio de 2015 y, con estas palabras, el entonces coordinador nacional de Revolución Democrática (RD), Sebastián Depolo, anunciaba que dejaban de ser un movimiento y pasaban a ser un partido político.

El anuncio se oficializó ante el Servel el 22 de junio de 2016. Ese mes se transformaría en una fecha especial para RD, donde salió el sol luego de “crecer al calor de las movilizaciones del 2011″, según su propia definición. 2.890 días después, sin embargo, y también en junio, llegó el diluvio.

El 16 de junio de este año se destapó el mayor escándalo judicial para el partido. El medio regional TimeLine reveló que la Seremi de Vivienda de Antofagasta traspasó $426 millones, a través de tres convenios, a la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, entonces militante RD, y pareja de una de sus fundadoras, la diputada Catalina Pérez.

El jefe del Servicio, Carlos Contreras, había sido jefe de gabinete de Pérez (2020-2021), también era militante RD y era amigo de Andrade.

La publicación derivó en que la Fiscalía abriera una investigación de oficio para indagar los convenios. Además, internamente el partido expulsó de sus filas a Andrade y Contreras, y suspendió por un año a la diputada.

El 2023 es, sin duda, el año más duro que ha enfrentado la colectividad. “Es el peor momento de nuestra historia partidaria”, resumió el exsecretario general de RD Edson Dettoni, en el proceso sancionatorio a Pérez. Su aseveración es compartida por más de un militante del partido, en donde reconocen también que la situación se da en un momento complejo.

Esto porque están ad portas de concretar en los próximos meses la fusión de RD con los otros dos partidos del Frente Amplio: Convergencia Social -tienda del Presidente Gabriel Boric- y Comunes. Con ese telón de fondo, en el FA entienden que el lío de platas genera que RD llegue debilitado a la unificación.

Los protagonistas más icónicos de la causa son tres: Andrade, Contreras y Pérez. Los dos primeros están formalizados y en prisión preventiva; en tanto, la diputada figura en calidad de imputada, con una serie de diligencias por parte de la Fiscalía y la PDI para esclarecer su participación en el caso.

Andrade, de hecho, aprovechó el cierre del año 2023 para enviar un mensaje que publicó su familia en su cuenta de Instagram. En la publicación, el exmilitante tilda su situación como una “injusticia”, y que esta “no quedará acá. La impotencia, la rabia y la traición serán movilizadoras”. Además agradeció “las cartas, sus muestras de cariño, su preocupación, sus rabias frente a esta injusticia”. “Sus palabras son un bálsamo en esta prisión política, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas”, cerró Andrade.

Sin embargo, la indagatoria no está solamente encapsulada en este grupo de militantes de RD, sino que con el avance de las pesquisas se han ido sumando más nombres. En total, y de acuerdo a los antecedentes que hay en los 21 tomos de la carpeta investigativa, son nueve, además de Contreras, Andrade y Pérez.

No todos, por lo demás, tienen la misma condición ante los ojos del fiscal Cristián Aguilar. Por ejemplo, la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD), primero estaba en calidad de testigo, pero luego pasó a ser imputada, y Miguel Crispi (primer coordinador nacional de RD, en 2013), luego de ser objeto de una querella, también figura como imputado.

En esa misma condición está Paz Fuica, concejala de RD en Antofagasta, que trabajaba para Contreras en la Seremi. Los investigadores la apuntan como una de las piezas claves del caso, pues habría sido la encargada de coordinar el proceso de selección de las fundaciones y el personal que trabajaría en el servicio pagadas por las ONG cuestionadas.

A raíz de las últimas diligencias se sumó otro nombre: Paulina Cabrera, directora de la cuestionada fundación y también militante de RD, quien, según un informe de la PDI del 31 de octubre, es una de las tres personas que “percibieron mayor cantidad de pagos de honorarios” por Democracia Viva.

De acuerdo al análisis de la policía, la directora de Democracia Viva y militante RD recibió más de $18 millones en remuneraciones, luego de cerrados los convenios. Por lo mismo, se solicitó el “levantamiento del secreto bancario con el fin de efectuar una trazabilidad financiera para aclarar el uso de los dineros fiscales”.

Quizás una de las militantes más comprometidas en la investigación, además de Contreras, Andrade y Pérez, es Paz Fuica. La Fiscalía ya revisa su teléfono y sus cuentas bancarias, desde donde se han extraído distintos antecedentes.

El 19 de julio de 2022, detectó la PDI, habló directamente con Andrade por un futuro negocio, el cual a los ojos de los investigadores era Democracia Viva. “Holi Paz, ¿Cómo estás?. Oye puedes hablar hoy un ratito? Te tengo un proyecto que involucra lucas que te podría interesar allá en Antofagasta”, le dijo el ingeniero, a lo que ella le respondió que lo llamaría.

Es que a partir de sus conversaciones comenzaron a resultar de interés para la Fiscalía otros militantes de RD, en calidad de testigos.

Acá figura, por ejemplo, Paula Orellana, militante RD, radicada en Antofagasta, con quien Fuica habló el 23 de junio, a través de Signal.

“Estoy más preocupada que la cresta. Esta cosa me va a salpicar sí o sí. Tampoco sé cómo está Carlos”, le dice Fuica, a lo que Orellana le respondió: “Amiga usted tranquila, nosotros no tenemos na’ que ver en esta wea (sic). Solo prepárate para un mal titular y sería. Con la frente en alto”.

La conversación sigue, donde se hace referencia a Carlos Contreras, expareja de Orellana. “Carlos está bien dentro de todo. Haciendo lo que tiene que hacer, quedarse piola, estar con las organizaciones y viendo abogado”, le advirtió.

La situación de Orellana también puede ser comprometedora en lo electoral. Hoy ella es core en Antofagasta y en 2025 buscará la reelección, comentan desde su entorno. Para enfocarse en su cargo, incluso dejó hace un poco más de un mes la presidencia de RD en Antofagasta. “Habiendo logrado sortear difíciles momentos y próximo a iniciar nuevos procesos en lo partidario, decido enfocarme exclusivamente en mi rol de representante electa en el Consejo Regional”, le informó a la militancia.

Otro de los nombres vinculados a RD que están en la investigación es el de Liliana González, quien es una de las personas contratadas en el Seremi, pero pagada por la ProCultura (otra ONG indagada).

“Hasta el mes de octubre casi no tenía contacto con Carlos Contreras, en ese período llegaron Paz Fuica, Liliana González, Wilson Ahumada (todos ellos de Revolución Democrática)”, declaró en la causa Constanza Vilches, militante de Convergencia Social y quien también trabajó en la Seremi.

Paloma Larraín -jefa territorial de Catalina Pérez en Antofagasta- es otra de las militantes que entraron en el radar de la Fiscalía. Su nombre apareció a raíz de los whatsapp que mantuvo el 1 de junio con Carlos Contreras.

Esa vez Contreras le dijo “ahí tienes ejemplo de otra fundación”, pero esa imagen fue borrada. Después agrega, “me avisas y borro”, a lo que Larraín responde, “todo ok, borra nomás. ¿Tienes cuenta de Signal? Podríamos conversar”.

En el entorno de Pérez están al tanto de su rol, pero señalan que estas conversaciones pudieron corresponder a un “control de daños” de lo que ya se rumoreaba sobre los convenios. De hecho, Larraín sigue hoy en dicho cargo.

En la investigación de la Fiscalía ya está claro el vínculo de Andrade y Contreras, pero también cómo un grupo de militantes de RD sabía de los convenios y sus posibles efectos.

RD, en tanto, analiza sanciones para los militantes que estén involucrados en irregularidades. El tribunal supremo de la colectividad, por lo pronto, está evaluando el caso de Paz Fuica, asunto que quedaría zanjado a fines de enero.

Lejos del “calor de las movilizaciones”, RD -uno de los partidos del Frente Amplio que partió como una de las colectividades ancla de la coalición- cierra el año más negro de su corta historia, entre tribunales e investigaciones internas.