El balance del INDH a cinco años del estallido social: “La impunidad es la tónica de los resultados de los procesos de justicia”

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entregó un balance este miércoles en la antesala del quinto aniversario del denominado “estallido social”, en el que da cuenta que se han registrado 42 sentencias condenatorias ejecutoriadas, de las 3.233 querellas presentadas por el organismo por violaciones a los derechos humanos.

Según detalla el INDH, en el marco de la crisis registrada entre 2019 y 2020 se presentaron 3.233 querellas en favor de 3.828 presuntas víctimas de violaciones a los DD.HH., de las cuales 2.852 corresponden a hombres, otras 973 a mujeres y tres casos en que no fue posible contar con el sexo registral de las víctimas.

Asimismo, agregan que en las querellas presentadas por la entidad hay 227 que corresponden a personas que fueron víctimas de lesiones oculares.

En ese contexto, el INDH señala preocupación debido al tiempo que han demorado los procesos judiciales, ya que, según señalan, en un porcentaje importante de las causas comenzará su prescripción debido a los plazos legales. “Se trata de una situación que se puede atribuir a los tiempos propios de la justicia y también a la pandemia y a la falta de recursos de las instituciones colaboradoras en las investigaciones”, afirmó el INDH a través de un comunicado.

El jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del organismo, David Bahamondes, reforzó que “preocupa que tan solo 42 causas presenten sentencias condenatorias firmes y ejecutorias. Las acciones judiciales del INDH fueron presentadas en favor de 3.828 víctimas que denunciaron violación a los derechos humanos, de ellas el 16% correspondían a niños, niñas y adolescentes”.

“En un análisis general podríamos señalar que la impunidad ha sido la tónica de los resultados de la mayoría de los procesos seguidos ante la justicia”, agregó Bahamondes.

El profesional afirmó que “junto con la obligación de dar justicia y de dar verdad, persiste la obligación de reparar el daño sufrido a las víctimas. El acceso a la justicia es una obligación del Estado para con las víctimas, especialmente con aquellas que sufrieron daños físicos permanentes como las víctimas de trauma ocular de consecuencias irreversibles”.

Bahamondes sostuvo que “los hechos vulneratorios a sí mismos más frecuentemente denunciados correspondían a agresiones físicas directas, incluyendo disparos, pero también otros hechos, como desnudamientos. Al respecto, alrededor del 20 % de las víctimas son mujeres, es decir, 2 de cada 10, denunció algún tipo de violencia sexual, incluyendo amenazas de la misma índole”.

En detalle, según el INDH estos hechos ascendieron a 5.581 y los más denunciados por las víctimas corresponden a agresiones físicas directas (2.095), disparos (1.887) y desnudamientos (386). La mayor parte de los hechos ocurrieron en sitios públicos (3.958); en 745 de los hechos denunciados la vulneración ocurrió en lugares de custodia y 592 en vehículos de traslado.

Respecto a la falta de condenas para los responsables de las vejaciones durante la crisis social, el INDH aventura que estas tienen como denominador común que ocurrieron en espacios “donde los medios de prueba resultan complejos de reunir: en sitios de privación de libertad o durante escaramuzas callejeras. Este panorama dificulta la determinación de las responsabilidades”.

“En este momento, al cumplirse un lustro de la más grave crisis institucional que vivió el país desde el retorno a la democracia, el INDH insiste en su demanda al Estado de reforzar su labor en los pilares de la justicia transicional: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, manifestó el organismo.