A días de que a la Policía de Investigaciones concretara la detención del exsubsecretario Manuel Monsalve, el diputado Andrés Celis (RN) decidió querellarse. Por medio de un escrito patrocinado por el abogado Luis Cantellano, acusaban al otrora socialista y otras autoridades por eventual obstrucción a la justicia y violaciones a la Ley de Inteligencia. Más tarde, además, ampliaron los hechos y sumaron eventual mal uso de gastos reservados por parte del exjefe civil de las policías.

La acción fue el puntapié para que, con el correr de las semanas y por decisión del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, se separaran aguas en la indagatoria. Por una parte se seguirían con las pesquisas respecto de la denuncia de violación y abuso sexual contra Monsalve, y en paralelo por los demás delitos mencionados. Todo, eso sí, bajo la lupa del fiscal Francisco Jacir.

De esta forma, el abogado que representa al diputado Celis comenzó a requerir una serie de diligencias, posicionando como una pieza importante en esa segunda arista a la abogada Luppy Aguirre, exjefa Jurídica de la Subsecretaría de Interior. A juicio de ellos, la profesional podría tener antecedentes claves, por lo que solicitaron al persecutor tomarle declaración.

Pese a ello, desde el Ministerio Público declinaron acceder a la solicitud “atendido el mérito de la investigación y diligencias en curso”.

Eso, sin embargo, resultó del todo ilógico para los querellantes, sobre todo luego de que el pasado lunes 7 de abril T13 diera cuenta de las conversaciones que Monsalve sostuvo con Aguirre luego de ingresada la denuncia en su contra.

Según dio cuenta el citado medio, una hora antes de que se hiciera público el caso, la abogada habló con el exsubsecretario, hizo el nexo con quien luego asumió como su defensa privada, Lino Disi, y también revisó la declaración que entregaría.

• Luppy Aguirre: Todas estas frases validadas por Lino. Está trabajando en la tuya.
• Luppy Aguirre: Esta es la tuya: “En el transcurso de esta semana me he enterado de una investigación llevada adelante por el Ministerio Público que me involucra. A la fecha estoy informado sólo en términos generales de su existencia, sin embargo, bajo la plena convicción de mi inocencia, he colaborado con la Fiscalía desde el primer momento y continuaré haciéndolo con miras al más pronto esclarecimiento de los hechos. Confío en que este proceso permitirá aclarar la situación en su totalidad”
• Luppy Aguirre: Por favor, no te salgas una línea.

Por lo mismo, durante la jornada de este miércoles, Luis Cantellano reiterará ante el Ministerio Público que se debe citar a declarar a la abogada para despejar su participación.

“Para nosotros es muy relevante la participación de Luppy Aguirre en este caso. Ella es una persona de confianza del exsubsecretario, llegó a su excargo principalmente por su militancia y por eso es que en su momento dejó su planta en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Consideramos que ella tiene responsabilidad y, en ese sentido, es importante que se le tome declaración. Ella tuvo conocimiento de la situación, tanto que participa haciendo una suerte de asesoría jurídica más allá de las atribuciones propias que le daba el cargo que tenía. No sólo le indica qué debía hacer sino que le recomienda abogados”, sostuvo el penalista.

Reclamo Ético

Si bien cuando el fiscal Jacir comunicó a Cantellano que -al menos por el momento- no tomaría declaración a Aguirre en la arista por obstrucción a la investigación y gastos reservados aún no eran públicos los chat que sostuvo con Manuel Monsalve, a las semanas el querellante decidió recurrir en contra de la profesional ante el Colegio de Abogados.

Así, el 7 de febrero ingresaron un reclamo ético ante la entidad, ya que tras dejar su cargo en el gobierno, Aguirre se reincorporó al Consejo de Defensa del Estado y, ahí, el querellante advirtió un eventual conflicto. Como indicó en ese momento, porque ejercería como abogada litigantes en el denominado “Caso Audios”.

“La eventual falta ética de la profesional debe ser analizada por este Colegio de Abogados de Chile, con la finalidad de poner en evidencia conductas que atentarían en contra de la buena imagen de la profesión de abogado, generando un desacople entre la función del letrado en sus diversos ámbitos de actuación profesional y las reglas éticas que la regulan”, se lee en el reclamo ético presentado ante el presidente Pedro Pablo Vergara.

Con ello, la instancia generó el proceso correspondiente para analizar el caso y el pasado 28 de marzo, Aguirre respondió.

Así, además de hacer presente su trayectoria como profesional, destacó que “para asumir funciones en el Ministerio del Interior, no requerí renunciar a mi cargo de planta ni retirarme del servicio (en el CDE). En efecto, es el propio Estatuto Administrativo, el cual permite el desempeño de un cargo de confianza, hasta que esta dure, habiendo retomado luego mi cargo de abogado litigante en materias penales grado 4°”.

“Ahora bien, el reclamo ético gira en torno a una inadecuada comprensión del rol técnico de mis funciones, haciendo ver una supuesta incompatibilidad entre el cargo de jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior y el de litigante del CDE, basado en una percepción errada -a mi juicio- de la existencia de una especie de conflicto de interés entre el cargo de exclusiva confianza y la defensa judicial de los intereses del Fisco y del Estado”, agregó en el texto de tres carillas al que La Tercera tuvo acceso.

De esta forma, Aguirre insistió en que “no solo no existe la incompatibilidad que se solicita dilucidar por al H. Colegio de Abogados, ni tampoco me afecta alguna de las inhabilidades indicadas en el art. 12 de la Ley N° 19.880, que me impida desarrollar y retomar las funciones para las cuales he sido nombrada en el CDE”.

“Defensa institucional”

Las acciones del diputado Celis, de todas maneras, también incluyeron una presentación ante el presidente del CDE, Raúl Letelier, y el consejero que encabeza el Comité Penal, Daniel Martorell. Están convencidos en que hay irregularidad y pretende agotar instancias.

En síntesis, expusieron los mismos elementos que ante el Colegio de Abogados, aunque les llamó la atención que la respuesta que recibieron sólo cinco días más tarde incluía partes muy similares a la que luego ingresó Aguirre ante la entidad comandada por Vergara. Según Cantellano, esto implicaría una “defensa institucional”.

Cabe mencionar, de todas maneras, que el oficio de respuesta no es idéntico y, en el, Letelier también indica: “Su inquietud parece tener como referencia una suerte de incompatibilidad entre el ejercicio de cargos de confianza exclusiva y el de litigante del Consejo de Defensa del Estado debido a una especie de conflicto de interés entre una supuesta confianza política de aquel cargo y la defensa judicial de los intereses del Estado. Este servicio, sin embargo, no comparte su preocupación”.

“Esta institución no alcanza a observar el conflicto de interés que usted parece enunciar. El hecho de haber sido jefa de una división jurídica entre los años 2022 y 2024 no la hace tener un conflicto de interés con hechos acecidos con anterioridad a que ella se desempeñase en ese cargo. Tampoco se observa que el conocimiento que en virtud de su cargo le haya supuesto los hechos de la referida investigación penal genere una pérdida de la objetividad necesaria para desarrollar correctamente la defensa judicial. Al respecto, cabe indicar que la dirección de la defensa penal de causas de atención selectiva como la antes referida es llevada por un Comité Penal integrado por tres consejeros de nuestra institución”, agrega.