La decisión es igual para todos: persona de confianza que se vea involucrada en el caso licencias médicas, persona que cesará en su cargo. Sea cual sea. Caiga quien caiga.

Esa al menos es la definición que, dicen en varias instituciones pertenecientes al gobierno central, les han bajado desde La Moneda luego de conocido que la Contraloría detectó a 25.078 funcionarios públicos que, encontrándose con reposo médico, salieron del país.

Así se ha informado en distintas reuniones y espacios de discusión sobre este tema, formales e informales. Subsecretarías, ministerios y todos los servicios tienen la misma orden.

“Se abre el sumario, pero igual se va para la casa de inmediato”, resumen conocedores del criterio adoptado por Palacio ante la crisis. Y es que la idea es evitar manchar la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric de este domingo mostrándose resolutivos, categóricos y apurando sumarios. Y que -agregan otras fuentes- mostrar que la mano no tiembla incluso en las propias huestes es una buena señal y así se evita salpicar al gobierno.

La decisión fue tomada la semana pasada en el comité político. En tal sentido, otros conocedores relatan que es el Ministerio del Interior el que ha estado bajando la información, instruyendo a los jefes de gabinete que primero se tiene que dar el acto administrativo del sumario y luego pedir la renuncia, porque si fuera al revés no podría iniciarse un sumario. La idea de sumariar a toda costa es evitar que en el futuro esas personas pudieran aparecer trabajando en otras instituciones del Estado.

Hay otras fuentes que aseveran que todo esto ha sido acordado por el propio Presidente, marcando el camino para todas las reparticiones que dependen del gobierno central con funcionarios involucrados.

Algo de eso ya había dejado ver el Mandatario durante este lunes en su visita a Puerto Varas para monitorear la afectación del tornado que pasó por la ciudad. “La postura del gobierno y la mía personal es que cuando se defrauda la fe pública, cuando se hace mal uso de un instrumento tan importante como las licencias médicas para realizar otros fines como viajar al extranjero, tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas”, dijo.

“Y acá lo primero es que se ha ordenado que a todos quienes hayan sido identificados realizando esta práctica se les tienen que realizar sumarios con la mayor severidad. Y yo por supuesto también soy partidario, y tengo la convicción de que siguiendo el debido proceso, que hay muchos de ellos que debieran ser destituidos”, enfatizó.

En esa misma línea, el Jefe de Estado apuntó que “quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía, quienes defraudaron la ley, tienen que tener la máxima severidad de las sanciones. Quienes tengan que ser destituidos, tienen que ser destituidos. Acá no puede haber defensa corporativa de ningún tipo”, remarcó.

De acuerdo a Boric, “esa es la línea que ha impartido el gobierno, la que ha impartido el Ministerio de Hacienda en particular”. Y cerró: “Todas las reparticiones están revisando caso a caso, apenas les llega el instructivo, la información de Contraloría, que todavía no llega a todos los servicios, para poder hacer las evaluaciones pertinentes. Pero se tienen que abrir sumarios en todos los casos, y las medidas tienen que ser muy categóricas y muy aleccionadoras respecto a este tema”.

Hasta aquí ya es posible ver algunos ejemplos de este criterio.

Uno es Cristián Cartes, quien se desempeñaba hasta la semana pasada como secretario regional ministerial de Deportes de la Región del Biobío, pero luego de conocerse que era uno de los nombres bajo la mira se le solicitó la renuncia inmediata el pasado 23 de mayo. Actualmente el servicio es subrogado por Esteban Mayorga.

El otro es Raúl Domínguez Bastidas, jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subtel y cercano al Presidente Boric. “Hay un sumario en curso que se instruyó antes de esta información y también me han informado que la persona en cuestión ha presentado su renuncia”, aseguró al respecto el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.