A más de un año al mando del Colegio Médico, la directiva encabezada por Anamaría Arriagada se ha caracterizado por un tono dialogante y una postura afín al gobierno, lejos de los enfrentamientos públicos que marcaron gestiones anteriores. De hecho, han sido contadas con los dedos de una mano las ocasiones en que han tensionado la relación con las autoridades. Pero ahora el conflicto se desató: la fiscalización de licencias médicas, aseguran desde el gremio, se realiza en un sistema precario y ya está afectando directamente la atención de pacientes. Por eso, en medio de una asamblea nacional, el Colmed advierte que el ánimo entre los médicos es de “alerta absoluta”.

Un problema al que las autoridades han intentado hacer frente es la venta de licencias médicas. Actualmente está en su recta final judicial el caso que se destapó a fines de 2022 y que involucra a una red de médicos, captadores y compradores de licencias fraudulentas. Según las estimaciones, esta operación causó un perjuicio superior a $35 mil millones para Fonasa y más de $6 mil millones para las isapres. Desde entonces las autoridades han intensificado los controles sobre la emisión de licencias.

Pero desde el gremio médico advierten que este control no ha funcionado como esperaban. Por el contrario, aseguran que ha generado más efectos negativos que positivos. Eso los ha llevado a tomar una serie de medidas, que van desde reuniones con la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) hasta oficiar a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.

En el oficio, el Colmed expuso sus reparos al actual sistema de control de licencias médicas y afirmó que “estas situaciones, lejos de fortalecer la fiscalización, están generando un clima de desconfianza, temor e inseguridad entre las y los profesionales, y lo más preocupante: están perjudicando directamente a pacientes, viendo dificultado el acceso al reposo asociado a las licencias”. Además, advirtieron que “de no obtener respuestas en el plazo indicado, el Colegio Médico evaluará acciones gremiales a nivel nacional por medio de un referéndum, ya que se torna insostenible asegurar una atención adecuada a los y las pacientes”.

Ofensiva del Colmed

El vicepresidente del gremio, Iván Mendoza, advierte que “no estamos en contra de la fiscalización, pero hoy ese proceso se está llevando a cabo en un sistema que es precario, insuficiente, injusto, asimétrico y que no garantiza un debido proceso”.

Con todo, el Colegio Médico está buscando soluciones y este miércoles inició una asamblea nacional para abordar el tema. Diversas fuentes aseguran que los ánimos al interior del gremio están tensos y que la situación ha tensionado también la relación con el Ministerio de Salud, debido a la falta de respuestas concretas tras meses de advertencias.

Por esta razón, están evaluando medidas que pocas veces han tomado, y cuya implementación dependerá de lo que se defina en la asamblea de Osorno, que comenzó este miércoles.

“No descartamos ninguna acción, pero cualquier decisión debe estar respaldada por la Asamblea Nacional y todas las bases. Entendemos que, éticamente, los médicos no podemos simplemente paralizar y dejar a los pacientes sin atención, por eso un paro sería una medida extrema. Esa definición se tomará en el marco de la discusión y tras un proceso de reflexión dentro de las bases médicas, en la asamblea”, detalla Mendoza.

Mientras que la presidenta del Colmed Santiago, Francisca Crispi, adelanta que “el paro es algo que, como dirigentes, esperamos no tener que considerar debido al deber ético de atender a los pacientes. Sin embargo, sí existen otras formas de movilización, como asambleas locales, acciones masivas en hospitales, marchas e interpelaciones al ministerio. Creo que hay una serie de medidas que deben tomarse”.

Desde el Minsal han sentido esta desafortunada postura del Colegio Médico y afirmaron que “lamentamos la posición presentada y expresamos nuestra voluntad de diálogo permanente, con todos los actores involucrados. En este sentido, hemos sostenido reuniones con la directiva y representantes del Colegio Médico, la última el día de ayer, donde se han revisado y trabajado sus propuestas”.

y detallan que “Durante 2024 fueron fiscalizados aproximadamente 2 mil prestadores que emiten licencias, lo que representa solo el 2,9% de los más de 69 mil emisores autorizados en el país. Esta fiscalización se centró, principalmente, en grandes emisores, pues el 80% de los fiscalizados emitía más de 1.000 licencias médicas anuales. Como resultado, se sancionó a 1.152 profesionales, es decir, menos del 2% del total de emisores autorizados, lo que demuestra claramente que el espíritu es de un enfoque específico en casos que presentan patrones atípicos de emisión”.

Y recalcan que “reiteramos nuestra disposición permanente al diálogo constructivo con todos los actores involucrados, siempre en pos de garantizar los derechos de los trabajadores”.

Las denuncias

La presidenta del gremio de Santiago cuenta que “el proceso es muy burocrático, se les piden 50 informes en un plazo de siete días prorrogables por otros siete, lo que significa que deben gastar valiosas horas —que deberían estar dedicadas a las listas de espera— en esto. Y son sancionados casi de regla. Les falta una detalle y los suspenden 15 días sin emitir licencia. Es una fiscalización que no respeta el debido proceso. Lo venimos advirtiendo hace tiempo y las soluciones no llegan. Hoy tenemos muchísimos colegas afectados por esta forma de fiscalizar que no da más. Hay una vulneración del gremio, de los colegas que se han visto enfrentados a este proceso, lo que nos obliga a alzar la voz”.

Mientras que Mendoza advierte que el sistema de fiscalización de licencias médicas es precario tanto en recursos humanos como en soporte informático, sin garantías de debido proceso. Critica la baja capacidad de atención de las Compin, la falta de idoneidad técnica de los fiscalizadores y sanciones por errores mínimos, lo que afecta tanto a médicos como a pacientes.

Y cuenta que esto está afectando directamente a los pacientes. Los colegas están teniendo reticencia a emitir licencias médicas, y los pacientes se están viendo perjudicados en su acceso al reposo laboral y al subsidio correspondiente. Por ejemplo, en enero suspendieron a una colega traumatóloga del Hospital Regional de Iquique, quien está encargada de emitir licencias médicas para la lista de espera traumatológica. La primera vez llamaron a la Compin y explicaron que ese número de licencias se debía a que ella está a cargo del papeleo, y se resolvió, pero en marzo volvió a ocurrir lo mismo. Esto demuestra que no hay un sistema que resuelva problemas sanitarios ni garantice el derecho al reposo laboral. Desde el punto de vista informático y operativo, la Compin sigue siendo precaria.