El duro informe en que el INDH acusa a Carabineros de ocultar información sobre manifestaciones

“Precaria”, “incompleta” y “mala”. Esos son adjetivos que se repiten por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al referirse a la información que recibieron de Carabineros, respecto de distintas intervenciones de “control de orden público”.

En el informe “Función Policial y Orden Público 2019″, que está desfasado por la pandemia y que fue recientemente publicado en la página de la institución, analiza el desempeño de las policías en un año en que se constataron, según indica, “graves violaciones a los DD.HH.”. El organismo, liderado por Sergio Micco, acusa que a los requerimientos efectuados durante 2020, Carabineros respondió “omitiendo información, enviando información de mala calidad, complejizando, dificultando e imposibilitando las labores de control externo del INDH”.

Esto, a juicio del organismo, sería especialmente complejo, ya que la inexistencia de información precisa y detallada, sostienen, impediría la correcta actualización de los protocolos que rigen sus intervenciones, pues no hay certeza de si se ajustaron o no a la norma. Esto cobra mayor relevancia cuando el actual gobierno ha planteado la renovación de los reglamentos que rigen a la policía uniformada en un afán por reformular el trabajo de los uniformados.

“El INDH sostiene que ninguna de las variables reportadas permite que el superior jerárquico a quien va dirigido el informe pueda determinar si la actuación de Carabineros se ajustó a los estándares de derechos humanos en el uso de la fuerza por parte de las policías”, indican.

En línea, afirman que “los informes semestrales que Carabineros envía al Ministerio del Interior, como estadísticas relativas al uso de la fuerza y episodios violentos, en obligación al Decreto 1.364, no son mecanismos de rendición de cuentas de cada uno de los usos de la fuerza efectuados por Carabineros ante episodios violentos, por lo que se estaría infringiendo parte del Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones”.

El 15 de mayo de 2020, el INDH pidió a Carabineros informar sobre la cantidad de desalojos de establecimientos educacionales en los que había participado, junto con el detalle de ingresos para la detención de manifestantes en comisión de delitos flagrantes.

La información, como se da cuenta en el informe, habla de 31 desalojos de establecimientos educacionales por personal de Carabineros durante 2019, “en respuesta a la resolución de la autoridad administrativa o en cumplimiento de un mandato judicial”.

Por lo mismo, desde el INDH reprochan: “Carabineros no informó si el desalojo se produjo previa resolución de la autoridad administrativa competente o en cumplimiento de un mandato judicial, y sólo indicó que en todos se dio la respuesta de desalojar, a excepción del Liceo Experimental Artístico de Santiago”.

“Particularmente, sorprende que en el caso del Liceo N° 1 de Niñas Javiera Carrera señalen un desalojo en el que no había ocupantes. En cuanto al uso de elementos disuasivos, Carabineros sólo reporta el uso de una granada de mano, en el Complejo Educacional Padre Nicolás, de Vilcún (Región de La Araucanía), el día 13 de noviembre, con el objetivo de evitar lanzamiento de elementos contundentes hacia el personal de Carabineros y negativa de los ocupantes a desalojar”, continúan.

Adicionalmente, Carabineros dio cuenta de 21 ingresos a establecimientos para efectuar detenciones flagrantes, en los que sólo dicen haber usado gases lacrimógenos en cuatro, excluyendo referencias al uso de los mismos en el Instituto Nacional. “Analizados los datos, lo primero a destacar es la negligente información que Carabineros ha facilitado. En el registro se evidencia una ausencia grave de información que aparece en la prensa y las redes sociales, como la que refiere al uso de gas pimienta al interior del Instituto Nacional (día 19 de agosto), el registro de la GoPro de un carabinero a su ingreso en el Instituto Nacional (14 de mayo) o el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas al interior del Instituto Nacional mientras alumnos se encontraban en clases y rindiendo pruebas (19 de junio)”, se indica en el informe.

Igualmente, subrayan que se omite el caso del alumno que fue impactado por una lacrimógena en el INBA, y el caso de dos estudiantes del Liceo N° 7, quienes resultaron heridas por perdigones al interior del centro el 5 de noviembre de 2019.

Además de evidenciar el problema con los datos, el INDH relevó críticas al actuar de Carabineros que han sido frecuentes. Una de ellas, que sus protocolos “adolecen gravemente de falta de criterios objetivos y fácilmente verificables para la policía”, lo que deja un “amplio margen de interpretación”.

Asimismo, advirtieron que la clasificación genérica que se hace de las manifestaciones, como violentas o agresivas, “no permiten discriminar los comportamientos individuales de las personas y facilitan las actuaciones policiales indiscriminadas y la ausencia de focalización”.

En cuanto a los controles que realizan, INDH también observó “una tendencia a que el preventivo sustituya en la práctica al control investigativo”, y que la “variable edad” no es considerada correctamente por los funcionarios a la hora de efectuar registros, vulnerando especialmente a menores de 18 años.

Vuelven a mencionar, igualmente, el uso “sostenido y desproporcionado” en contra de estudiantes, de sustancias lacrimógenas y de herramientas disuasivas en las movilizaciones, acciones de protesta y, en específico, en tomas que tienen lugar en colegios y liceos.

Consultados por La Tercera, Carabineros optó por no referirse a los cuestionamientos.