El “gambito de dama” de Chong: agrupa causa en que está querellado Piñera un día antes de resolución de Valencia

El martes 9 de enero la expectación estaba puesta en lo que resolvería el fiscal nacional, Ángel Valencia. Sobre su escritorio estaba aún la solicitud que hizo el 24 de noviembre del 2023, la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para que inhabilitara al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y así a la fiscal de Alta Complejidad de la misma jurisdicción, Ximena Chong.

El requerimiento lo presentó el abogado Jorge Martínez, y acusaba una “odiosidad” de los fiscales en contra de su representado, especialmente en la causa en que indagan delito de lesa humanidad durante el estallido social. Sin embargo, y en un carril diferente, la Fiscalía solicitó la formalización del general director por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio por hechos ocurridos durante el estallido social. Esto en lo que se denomina la arista “responsabilidad de mando”.

Ambas situaciones se entremezclaron y generaron una tensión interna, tanto en el Ministerio Público, en Carabineros, y en el gobierno. Por lo mismo, lo que resolviera Valencia era esperado con ansias por todos los actores, lo que generaba que en la cuenta pública de las fiscalías regionales, desarrollada en la Fiscalía Nacional, las miradas estuvieran centradas en la fiscal Chong.

A esas alturas la decisión ya estaba tomada en el fuero interno de Valencia y ya trascendía que comunicaría la decisión el miércoles. Y así fue, porque pasadas las 12.30 de la tarde la Fiscalía Nacional informó que se rechazaba la solicitud de inhabilitar al fiscal Armendáriz en la arista “Lesa Humanidad”, rechazando los argumentos que esgrimía la defensa de Yáñez, pero que de igual manera reasignaría la causa al fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro. La arista de “responsabilidad de alto mando” seguiría en manos de Chong y Armendáriz con miras a un primer hito: la formalización del actual general director el 7 de mayo, junto al exdirector Mario Rozas y el general (R) Diego Olate.

Sin embargo, un día antes de esta decisión, y durante la misma jornada del martes 9, Armendáriz y Chong harían una última jugada en el caso. Una especie de “gambito de dama”, el movimiento de fichas blancas en el tablero de ajedrez que da inicio a un nuevo juego.

A través de una comunicación para agrupar investigación ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal Chong pidió que una de las indagatorias del estallido social, iniciada por una querella presentada por Luis Mariano Rendón, en contra del exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas; el actual jefe policial, Ricardo Yáñez; y también contra el exPresidente Sebastián Piñera, fuera agrupada, ahora, en la causa por responsabilidad de mando. En este libelo se le sindica al exMandatario una supuesta conducta omisiva. En el caso es parte el abogado del otrora jefe de Estado Samuel Donoso.

Este último dijo a La Tercera respecto a la agrupación que “me parece que esto obedeció a una reacción de la Fiscalía frente a solicitudes que ese querellante había formulado a los juzgados de garantía, estaba solicitando audiencia conforme al art.186 CPP (control judicial), la cual fue correctamente rechazada. A eso creo que corresponde más que a otra cosa”.

En esa misma línea, agregó que “la división que ha hecho la Fiscalía para investigar los hechos es clara, y todo lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad esta en una investigación determinada, y ello de hecho se confirma con la decisión que ha adoptado hoy el Fiscal Nacional”.

Desde la Fiscalía Centro Norte, en tanto, se limitaron a sostener que ella tenía libertad de gestión dado que “no existían peticiones de inhabilidad en la causa de Alto mando. No hay inhabilidad mientras no esté formalmente declarada”. Es decir, todas las querellas son por los mismos supuestos de hechos y tipo penal. En estricto rigor, comentan quienes conocen de la decisión, no había cómo tramitarlas por separado.

La causa que se añadió tiene su origen el 21 de noviembre del 2019, cuando Rendón presentó la querella en contra de Mario Rozas, y no tenía movimientos en su tramitación ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desde el 3 de enero, cuando el querellante solicitó una audiencia de “control judicial”. Antes, sus otros registros eran de abril del 2023, y hasta allí, ningún requerimiento del Ministerio Público.

La solicitud de agrupar la causa en el mismo cuaderno que lleva la Fiscalía en la indagatoria de responsabilidad de mando, permite a la fiscal Chong continuar con las pesquisas en torno al exPresidente Piñera. Ya no bajo la figura de lesa humanidad -la cual pasó a ser dirigida en Antofagasta- pero sí por otros hechos que le imputa Rendón durante la toma de decisiones en torno al estallido social. Aunque en la única decisión que se ha tomado en esta causa, Armendáriz -superior jerárquico de Chong- sólo apuntó a los mandos policiales, que serán imputados, y no a autoridades civiles.

Con la indagatoria del alto mando radicada en Chong, Lesa Humanidad quedará en Antofagasta. Se trata del tercer cambio de fiscal en la causa: la primera designada, en 2019, fue la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich; luego Armendáriz, y ahora será el persecutor, Juan Castro.

Al respecto, Castro dijo a La Tercera: “El fiscal nacional me asignó una arista de estas investigaciones relativas a lo que ocurre durante el estallido social. Esto ha ocurrido el día de hoy, por lo que más comentarios no puedo realizar. Evidentemente la primera tarea que tengo es recabar todos los antecedentes, justamente para hacerme cargo de esta investigación que me ha encargado”.

¿Y respecto del futuro de Chong? El persecutor también opta por esperar para tomar definiciones. “Sin ver los antecedentes, no puedo hacer ningún tipo de apreciación. Para mí lo más importante es tener primero todos los antecedentes, hacer un estudio profundo de los mismos y luego recién tomar las decisiones que correspondan respecto de las diligencias de investigación que haya que realizar”, dijo.

De todas maneras, esta indagatoria tiene sus complejidades y, por lo mismo, lleva casi cinco años en tramitación, aunque fue la propia fiscal Perivancich quien, el 5 de marzo del 2020, y en una audiencia de competencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, expuso su visión del caso: “Para estar frente a delitos de lesa humanidad debe concurrir (...) el contexto de lesa humanidad, y ese contexto supone la existencia de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y lo más relevante acá es que indica los elementos para entender que este ataque generalizado o sistemático a la población civil responda a una política de Estado o de sus agentes”.

Parecía que la fiscal apuntaba en una dirección, a ojos de los intervinientes, sin embargo, el exfiscal nacional, Jorge Abbott, el 7 de marzo del 2022, cambia de investigador, y a través de una resolución, asigna al caso al fiscal Armendáriz, quien a su vez, deriva las pesquisas a la fiscal Chong. Y ahora, nuevamente hay traspasos.

Si bien el fiscal Valencia no se ha pronunciado sobre la supuesta inhabilidad de la fiscal Chong, por escapar aquello a sus competencias, la defensa de varios de los intervinientes en la causa del Alto Mando insisten en que carece de la objetividad necesaria para seguir con las pesquisas.

Entre los argumentos que esgrimen, como al menos se desprende de la presentación hecha por el abogado del general Yáñez, es que la persecutora, en épocas del estallido social, realizó una serie de publicaciones en redes sociales que a su juicio darían cuenta que siente una suerte de “odiosidad” hacia la institución de Carabineros.

Por ejemplo, en su cuenta de Instagram colgó una serie de fotografías de murallas pintadas durante el estallido, donde se leían frases como: “evade”, “evade todo menos las tildes”, “paco asesino” (sic), “paco CTM” (sic), “amor encapuchado”. Además de ello, colgó otras imágenes donde al pie escribió “a veces la justicia se incendia”.

De igual forma, para graficar cómo dio seguimiento la persecutora a las causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos, la defensa de Yáñez adjuntó un certificado que da cuenta de la serie de solicitudes que Chong hizo a la institución.

Así, señalan que, entre junio de 2021 y septiembre de 2023, solicitó en 60 oportunidades datos en el marco del caso “Alto Mando”. Pidió datos de reglamentos, de reuniones, copias de oficios, datos de composición de mesas de trabajos, antecedentes de sumarios, actuaciones policiales, circulares que regulan el control jerárquico, entre otros asuntos.

Detallaron, de igual forma, que respecto de la causa de lesa Humanidad se recibieron ocho requerimientos, sobre estrategias de control de orden público, respecto de generales directores, correos, oficios y memorándum de funcionarios, y otros antecedentes.

Casi cinco años después, el camino judicial del estallido social sigue generando ruido en el Ministerio Público y tribunales. La primera señal de cómo decantarán ambas indagatorias será el 19 de enero, cuando ante un juzgado de garantía se determine si es necesario sobreseer o no, primero a Yáñez, en la causa de lesa humanidad, luego del requerimiento de su defensa.

Eso podría sentar un precedente para lo que esperan los demás investigados, independiente de cómo se resuelve la audiencia de formalización en contra del general director, fijada para mayo. El estallido social, en sede judicial, parece interminable.