El megafraude tributario, el “más grande la historia”, podría no haber sido.
En 2018, el contador Galvarino Manuel Corral Abarca acudió hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente para presentar una autodenuncia en torno a delitos económicos. Según su relato en ese entonces, habría tenido una presunta participación en facturas ideológicamente falsas para bajar la carga impositiva de algunas empresas.
El Ministerio Público derivó los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, pese a que la fiscalía contaba con el relato, no pudo iniciar una investigación de delitos tributarios debido a que el SII no presentó una querella y archivó el caso.
Hoy, Corral Abarca es uno de los 55 detenidos en un caso donde el ente persecutor indaga la defraudación de cerca de $240 mil millones con la utilización de empresas de “papel” que operaron entre 2014 y 2020, y que emitieron 100 mil facturas ilegales. Con todo, generaron operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes.
La génesis
En la autodenuncia, según publicó Mega Investiga, el contador contó que era dueño de la empresa Security and Services, dedicada a la seguridad y al montaje de equipos de aire acondicionado.
“Vengo a denunciar mi posible participación en unos hechos que podrían calificarse como ilícitos relativos a ser cómplice en la facilitación de facturas ideológicamente falsas para bajar la carga impositiva de algunas empresas”, habría señalado.
De acuerdo a ese noticiero, a fines de 2014, Corral conoció a Rodrigo Rivera, también contador, quien tenía algunos clientes que le habrían pedido disminuir el pago de impuestos. Dicho sujeto le consultó a Corral si estaba dispuesto a realizar unas facturas falsas para disminuir el IVA a cambio de la mitad del impuesto vendido. Corral se habría negado. “Yo ante lo planteado le digo que no, pero me dice que si conozco a alguna empresa que quiera hacerlo, me paga por el contacto. Todo esto con fecha año 2014, finales del mismo”.
Pese a haberse negado en una primera instancia, posteriormente se contactó con Rivera para preguntar por la oferta. Fue así cómo conoció a José Antonio Pavez Canessa, quien sería el líder de la organización criminal. Se reunieron en un café en Vitacura y le entregó detalles del “trabajo”: una comisión de 10% por cada cliente que lograra reclutar.
La fiscal Karin Naranjo Hernández, de la Fiscalía de Las Condes, archivó la causa 73 días después de enviar un oficio al Servicio de Impuestos Internos (SII) donde hacía ver que podían haber “hechos que pudieren revestir delitos tributarios” asociados a emisión de facturas falsas. La causa fue tomada ahora por el fiscal Eduardo Baeza, quien solicitó a Naranjo los antecedentes que había recabado.
La respuesta del SII
“Efectivamente, los antecedentes fueron puestos en conocimientos por parte del Ministerio Público al Servicio de Impuestos Internos en 2018. Esos antecedentes fueron incorporados en un proceso de recopilación de antecedentes para una querella que posteriormente, efectivamente, se materializó, que incluye dentro de los nombres que se hace referencia, si bien no está dirigida contra esa persona, pero Galvarino Corral sí está referido en los hechos”, dijo el subdirector Jurídico en Servicio de Impuestos Internos, Marcelo Freyhoffer. La querella es de comienzo de 2022, cuatro años después de que Corral se autodenunciara.
En radio ADN, Freyhoffer explicó por qué pasaron cuatro años para que se presentara una querella por ese caso. “No podemos negar que en ese tiempo, de la administración anterior, en el ámbito penal la política del servicio era distinta, era con querellas nominativas. Es de público conocimiento, las relaciones con el Ministerio Público eran tensas por las diferencias que habían precisamente en la presentación que de la acción penal por parte del servicio. No había mucha fluidez en las comunicaciones. Lo que ha cambiado radicalmente con la administración del actual director, Hernán Frigolett”.
Esos cambios “radicales” son: “Se emitieron instrucciones en todo el ámbito de la investigación penal, el ejercicio de las querellas para hacerlo en períodos más breves. Además, las querellas son nominativas, pero contra todos quienes resulten responsables, que es lo que alegaba el Ministerio Público. Firmamos un acuerdo de colaboración y coordinación mutua. Tengo reuniones periódicas con la dirección central del Ministerio Público y en todas las regiones del país nuestros abogados están haciendo lo propio con las fiscalías regionales”.
La fiscalía indaga delitos tributarios, además de asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.
