El 6 de abril que comenzó el acuartelamiento de los jóvenes que realizaron su servicio militar en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, en Putre, unidad militar que hoy está en el centro de los cuestionamientos tras el fallecimiento de Franco Vargas.
El caso ya se instaló en La Moneda, pues la ministra de Defensa, Maya Fernández, se reunió con tres de las madres de los conscriptos afectados (muchos con cuadros de salud complejo) y antes remitió al CDE los antecedentes de la situación registrada el 27 de abril.
Pero la historia comenzó a escribirse antes.
La cronología
Tras culminar la fase de ambientación, el día 21 de abril empezó la Etapa de Instrucción Básica de los 245 soldados que estaban bajo la mencionada brigada, trasladándose el día siguiente al cuartel n° 3 Pacollo (a 4.170 metros sobre el nivel del mar). Seis días después se realizó la hoy cuestionada instrucción de marcha, que consistió en desplazarse aproximadamente 8 km hasta el Cuartel General Gorostiaga, ubicado más abajo, y para el día siguiente estaba prevista la marcha de regreso a Pacollo.
Ya el día 27 de abril mientras realizaban la marcha para descender desde Pacollo a Gral. Gorostiaga, Franco Vargas alertó a sus instructores que sentía dificultad para respirar, siendo evaluado por el enfermero militar de combate (EMC), quien lo traslada al Puesto de Atención Médica Especializada (PAME), donde lo reanima con oxígeno, sin obtener mejoría, para luego ser trasladado inmediatamente al Cesfam de Putre.
Pese a la atención recibida en terreno y durante el traslado, de acuerdo con la información aportada por entidades de gobierno, evoluciona con un rápido deterioro de su condición clínica, comprometiéndose de conciencia.
A los pocos minutos de llegar al centro asistencial sufre el deterioro de sus constantes vitales, cayendo en paro cardiorrespiratorio, falleciendo a pesar de las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP).
El informe del SML estableció como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio, aunque sugiere la realización de análisis complementarios.
Los enfermos
El 26 de abril, en el cuartel Pacollo hubo otras novedades. El soldado Lucas Gamboa Salinas presentó episodios de náuseas y mareos, siendo evaluado, pero al día siguiente persiste con los síntomas, por lo que es trasladado al Cesfam de Putre y posteriormente al Hospital Regional de Arica (HJNC), donde es ingresado para completar el estudio de su condición. En dicha institución evolucionó con un acelerado deterioro de su condición general, siendo trasladado a la unidad de cuidados intensivos.
En este contexto, el comandante de la unidad da la orden de evacuar a todo aquel que presente algún síntoma.
El 28 de abril, Byron Alarcon Ledezma, luego de ser evaluado por el médico de la brigada es trasladado al Hospital Militar por síntomas respiratorios y sospecha de falla renal. Es ingresado a la UTI de dicha institución donde su condición se deteriora debiendo ser trasladado a la UCI en estado crítico.
Ya para el 29 de abril eran siete los conscriptos hospitalizados por síntomas respiratorios, y otros 24 quedaron en observación médica en el Cuartel Fontecilla, donde permanecieron aislados con precauciones médicas estándar.
En una primera tanda, el Ejército trasladó a 39 conscriptos desde Putre a sus ciudades de origen. A esos se sumaron 31 este martes y el miércoles serán otros 54, totalizando en 134, los soldados que finalizarán de manera forzada su Servicio Militar.
El ruido en el gobierno
Fue el 28 de abril que a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas estableció la comunicación con la unidad militar cuestionada e instruyó que se comunique públicamente la situación, apoyando la activación de los protocolos respectivos y estableciendo coordinación directa entre Ejército y Seremi de Salid Arica.
Ya el lunes 29 de abril, la ministra Fernández se reunió con el comandante del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército, el general de División Pedro Varela, quien le reportó el detalle de la situación.
Por instrucción de la ministra, Varela se desplazó a Arica junto a un equipo médico especializado de la institución para prestar apoyo en terreno.
Además, el subsecretario para las FF.AA., Galo Eidelstein, tomó contacto con la familia del fallecido, donde se transmitieron las condolencias del gobierno y se les informó del proceso investigativo y del sumario respectivo para esclarecer los hechos.
En concreto, se abrieron dos sumarios administrativos. Uno para verificar que el soldado murió en el cumplimiento de actos de servicio, lo que permitirá pagarle la pensión a su familia. Y el segundo a las eventuales responsabilidades de mando que pudiesen concurrir en el hecho.
Todos los antecedentes del caso, actualmente, están en la Fiscalía Militar, sin embargo, el Ministerio Público mira con atención la causa para acceder a la competencia de la investigación, pues las víctimas son civiles y no uniformados.
En sede militar, en tanto, argumentan que los conscriptos estaban en condición de uniformados y, por ende, la competencia es de la justicia militar.
