Fue una conversación telefónica, realizada el pasado 7 de enero, entre el entonces jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (FA), y su madre, la socióloga Claudia Serrano (PS), la que abrió la investigación penal que hoy sigue vigente en contra de la exsenadora Isabel Allende.

No fue una querella, ni una denuncia, tampoco la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, la que determinó que se investigara en el ámbito penal la hoy fallida compra por parte del gobierno de la casa del expresidente Salvador Allende.

Y es que la llamada entre Crispi y Serrano ese día tenía un tercer interlocutor desconocido, ya que en esa fecha el celular del sociólogo, y líder del Frente Amplio, era blanco de una medida intrusiva.

Un par de meses antes, el fiscal regional Patricio Cooper había solicitado al Juzgado de Garantía de Antofagasta interceptar su teléfono, en el marco de diligencias del caso ProCultura y el tribunal, tras analizar antecedentes que lo vinculaban al caso, determinó autorizar el “pinchazo”. Es decir, desde hace varias semanas que las conversaciones del principal asesor del Presidente Gabriel Boric estaban siendo monitoreadas y transcritas por la policía en busca de evidencia en uno de los casos de corrupción más relevantes del último tiempo, iniciado en el escándalo de la Fundación Democracia Viva.

Crispi era sujeto de interés para la Fiscalía debido a que -mientras se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional- validó a ProCultura para firmar un convenio por $ 630 millones con el Gore de Antofagasta, decisión por la que fue querellado por diputados del Partido Republicano y la UDI.

Cuando ese 7 de enero Crispi hablaba con su progenitora, al otro lado un detective tomaba nota. Y fue, justamente, el tono de esa conversación la que hizo que la PDI incluyera en el Informe Policial N°14, del 8 de enero de 2025, la transcripción de lo que el jefe de asesores del Segundo Piso de la Moneda le había confidenciado a su madre, ya que, a juicio de la Brigada Anticorrupción, se trataría de un “hallazgo casual relevante”.

Tras revisar el informe, el fiscal jefe Eduardo Yáñez determinó separar esa pieza investigativa del caso ProCultura e iniciar una nueva investigación por el delito de tráfico de influencias. ¿La explicación? Crispi en la conversación -a juicio de los investigadores- deslizaba gestiones de Allende para agilizar la compra de la casa de su padre.

La escucha telefónica

Quienes han tenido acceso al informe de la PDI, que se liberó esta semana, sostienen que lo que ahí se detalla es que el 7 de enero Claudia Serrano, militante socialista que fue ministra del Trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet, llamó a su hijo y, de cierta forma, cuestionó el manejo que había tenido el gobierno en lo que por esos días se describía como un “bochorno” por la decisión de cancelar la compra de la casa de Allende de calle Guardia Vieja.

Esa decisión se había tomado luego de que se cuestionara que la entonces ministra Maya Fernández (PS) y la senadora Isabel Allende (PS) firmaran un convenios con el Estado.

En la señalada conversación -según quienes conocen del tema- Crispi le respondió a su madre que también había “mucha responsabilidad” del abogado de la familia y de la propia Allende en toda la situación.

Serrano: “¿Ella lo pidió?”

Crispi: “O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, se lee en la transcripción.

Sobre la misma, menciona a Maya Fernández y califica a la familia Allende como “totalmente incompetente”.

El diálogo encendió las alarmas en la PDI. La conclusión fue que el asesor presidencial -que dos meses después renunció a su cargo por la crisis desatada por la fallida compra- deslizó en sus descargos una suerte de presión indebida de la hoy destituida senadora para forzar la adquisición. Por este motivo fue que se decidió confeccionar un informe y enviarlo al día siguiente, el 8 de enero, a manos de la Fiscalía Regional de Coquimbo.

Crispi declaró la semana pasada por este diálogo. El exasesor y su abogado Guillermo Chahuán sólo entonces advirtieron la medida intrusiva que pesaba sobre el sociólogo desde hace meses y que había permanecido en reserva en el marco del caso ProCultura.

Según quienes conocen su testimonio, Crispi bajó el perfil de sus dichos sobre Allende señalando que habían sido emitidos al tenor de una discusión política.

Consultado por estos hechos, el abogado Guillermo Chahuán explicó que “al declarar como testigo en la causa sobre las compras de las casas de los expresidentes, nos enteramos que al señor Crispi le habrían interceptado sus comunicaciones privadas, en el marco de otra investigación, relacionada con la Fundación ProCultura. En esas escuchas, la Fiscalía recogió una conversación del Sr. Crispi con su madre, conversación privada y propia de un contexto familiar, en que mi representado se refiere a la fallida compra de la casa del exPresidente Allende”.

Junto con esto, sostuvo que “en esta conversación de ninguna forma atribuye presiones indebidas ni un delito a la exsenadora. De manera informal y coloquial lo que quiso transmitir es que tuvo conocimiento que el abogado de la familia monitoreó el avance del proceso y tampoco advirtió la inhabilidad. Es una conversación en un espacio familiar y, por supuesto, sacada de contexto, se presta para otras interpretaciones”.

“Indicios de delito”

El informe N°14 de la PDI, que fue enviado al Ministerio Público, sostiene como resultado de la investigación criminalística que “en el marco del análisis de los audios asociados al número +5697898XXXX, de la compañía Movistar, perteneciente al suscriptor Miguel Crispi Serrano, se detectó una comunicación con una persona de sexo femenino a quien identifica como “mamá””.

Junto con esto, el subcomisario Cristopher Canales -que firma el documento- sostiene que “en dicha conversación el interlocutor manifiesta que la responsabilidad en el proceso de compra-venta de la casa de Allende recae en Isabel Allende, nombre que coincide con la senadora en ejercicio María Isabel Allende Bussi y en el abogado de esta familia”.

“Asimismo, menciona a una persona identificada como Maya, término que coincide con el nombre de la ministra de Defensa Maya Fernández Allende”, se lee en el documento policial.

Por último, destaca el informe, “es importante señalar que si bien el audio detectado no está relacionado con los hechos investigados en la presente causa, su contenido tendría indicios de una posible comisión de delitos”.

¿Por qué Cooper y no otro?

El 9 de enero, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella presentada por Raimundo Palamara, de la Fundación Fuerza Ciudadana. Basado en los antecedentes que por esos días entregaba la prensa sobre la fallida compra y el rol de la familia Allende, el abogado -vinculado al Partido Republicano- presentó una acción judicial para que se investigara un eventual “fraude al Fisco”.

Se desconocía que horas antes -sin embargo- el Ministerio Público, de oficio, había abierto la investigación por tráfico de influencias contra Allende. Eso aclara el porqué cinco días después, el 14 de enero, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decide que sea el fiscal regional Cooper quien tramite la indagatoria por la fallida adquisición de la casa de Allende, ya que a esa altura los investigadores del caso ProCultura ya desarrollaban diligencias vinculadas a la parlamentaria socialista.

A las 11.59 horas del 8 de enero, el fiscal Yáñez dejó constancia de todo esto. En un correo electrónico, al que accedieron esta semana las defensas y el querellante del caso Allende, se lee la decisión que adoptó el Ministerio Público tras el “pinchazo” al llamado de Crispi y Serrano:

“Considerando que en Informe Policial N° 14, de 08/01/2025, de la BRIAC, consta la transcripción de un llamado telefónico obtenido de la interceptación del Sr. Miguel Crispi Serrano, +56 9 7898XXXX, diligencia intrusiva realizada con autorización judicial del Juzgado de Garantía de Antofagasta, en la que el aludido mantuvo comunicación el 07/01/2025 con persona que aparentemente sería su madre, en la que refiere participación de a lo menos dos funcionarias públicas en gestiones para que el gobierno comprara un inmueble de propiedad de la comunidad hereditaria formada por la sucesión del expresidente Salvador Allende Gossens, de la que formarían parte, negociación que beneficiaría intereses económicos personales, hechos que podrían configurar el delito de tráfico de influencias del artículo 240 bis del Código Penal, resuelvo iniciar investigación de oficio con el objeto de establecer delito y participación punible, por lo que se separará investigación y se generará un nuevo RUC bajo el cual se llevará adelante la indagatoria”.