La presencia de agentes de Inteligencia en La Araucanía es algo que siempre incómoda en las comunidades mapuches de la zona. Es que las confianzas quedaron rotas desde la denominada Operación Huracán, en septiembre de 2017, cuando una serie de antecedentes provenientes de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) entregados a la Fiscalía terminaron con la detención de ocho personas por delitos vinculados a la violencia rural, entre ellos el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
Sin embargo, en enero del 2018, la Corte Suprema desacreditó la investigación y liberó a los imputados, sumado a que la Fiscalía inició una investigación por falsificación de antecedentes a los jefes de la Dipolcar. Esto capotó todas las confianzas y la oficina de Carabineros en la zona fue prácticamente descabezada y borrada en su totalidad. La Inteligencia en la Macrozona Sur, desde entonces, es un tema tabú.
A casi cinco año de esos sucesos, la contingencia hace necesario para las autoridades volver a confiar en estos agentes, pero con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a la cabeza. Aunque era algo que ya se venía trabajando desde el gobierno anterior, esta vez, el plan de Interior es dotar de más recursos logísticos, herramientas y personal a los funcionarios que ocupan una oficina especial en Temuco.
El objetivo, cuentan conocedores de este proyecto, es propinar información para trazar la ruta del dinero de las organizaciones delictivas para adelantarse a los hechos, o bien, proporcionar antecedentes -extraoficiales- a las unidades investigativas de las policías para que corroboren los datos entregados y así tener un caso policial.
Quien dirige este plan de reforzamiento a la llamada Centro de Coordinación de Informaciones (CCI) de la Macrozona Sur es el nuevo director de la ANI, Luis Marcó. Por lo mismo, cuentan fuentes que conocen de esta medida, que se dispuso el aumento del contingente de funcionarios en la zona para la recopilación de información, tanto desde fuentes abiertas como cerradas. Esto último quiere decir que la captación de informantes y agentes encubiertos será clave.
Ministra Siches: “Ese trabajo ya está en ejecución”
Pero, como en toda política pública, Marcó no toma las decisiones motu proprio. La ministra del Interior, Izkia Siches, está al tanto de estos planes, lo cual reveló, escuetamente, al Senado, durante la discusión de la prolongación del estado de excepción en la Macrozona Sur, el 14 de junio. La jefa de gabinete sostuvo que las investigaciones de Carabineros y la PDI están avanzando en desbaratas a las organizaciones delictuales, “así también la coordinación de la ANI que tiene una sede en Temuco, reactivando su articulación con las distintas unidades de Inteligencias de Fuerzas Armadas (FF.AA.), policías y Gendarmería. Ese trabajo ya está en ejecución”.
El rol de Gendarmería, advierten los consultados, es fundamental. Un equipo de Inteligencia penitenciaria ya está en La Araucanía recabando información sobre los movimientos interpenitenciarios de los “objetos de interés”, es decir, viendo si los condenados por delitos a casos de violencia rural siguen conectados con organizaciones que están en las comunidades para decidir sobre eventuales atentados. En ese sentido, la lista de visitas, las interceptaciones telefónicas y reos que oficien como agentes informadores, serán los pilares de este trabajo.
Andrés Jouannet, exintendente de La Araucanía (2015-2016), y actual diputado por la zona, señaló que los recursos son fundamentales. “Uno puede coordinarse con la ANI, pero hay que tratar de coordinarse en el comité de seguridad permanente, el cual esté integrado con representantes de las FF.A.A. y las policías de manera permanente. Sin embargo, este organismo cuenta con muy pocos funcionarios y la Agencia necesita recursos, sin recursos no va a poder aportar mucho”, sostuvo.
El diputado e integrante de las comisiones de Seguridad y Defensa agregó que “a pesar de lo que se resuelva en materia de Inteligencia, el foco tiene que estar en fortalecer al Ministerio Público para que cuente con, por ejemplo, laboratorios móviles, dado que hoy se llega al sitio del suceso y las pruebas se van perdiendo. Ahí es donde se requiere inversión, en la Fiscalía y también en las policías”.
Por su parte, el exdelegado presidencial para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, explicó que durante el gobierno pasado esta unidad de la ANI sí tenía un rol activo y que ese trabajo debe mantenerse y no modificarse. “Lo que debe hacer el Ejecutivo es no desarmar lo que se ha estado trabajando durante mucho tiempo, ya que construir toda una red de Inteligencia es algo que toma tiempo y cuesta mucho. No se debe partir de cero. Además, un aspecto relevante es lo que pasa con el proyecto de ley que modifica el Sistema de Inteligencia del Estado, esta iniciativa legal ya lleva 1.314 días tramitándose y no contempla urgencia alguna por parte del gobierno”, dijo.
