Tendré una especial preocupación por La Araucanía, merecen paz y vivir en tranquilidad. Hay que alejar a los violentos para resolver los problemas”. De esta manera, el ministro del Interior, Víctor Pérez, fijó como una de sus prioridades para la cartera la seguridad en La Araucanía. Si bien se individualiza solo a esta región, en el gobierno explicaron que el trabajo está puesto en la Macrozona Sur, donde además de La Araucanía están el Biobío y Los Ríos.
De hecho, durante el último tiempo los hechos más violentos se han registrado en la provincia de Arauco, en el Biobío, donde en 10 días se han incendiado tres escuelas rurales, siendo los eventos más graves que se han suscitado este mes. El último, el 22 de julio.
La Tercera consultó a las tres fiscalías de la zona sobre cuántas causas por violencia rural han ingresado este año para ser investigadas por el Ministerio Público. En el caso de La Araucanía, entre enero y junio van 38 atentados incendiarios, cuatro más que durante el mismo periodo que en 2019.
En el caso de Los Ríos, durante el primer semestre de este año ingresaron en esa fiscalía seis casos por violencia rural, uno más que en 2019. Consultada Fiscalía Regional del Biobío, señalaron que esa información debía ser pedida por Transparencia.
“Esperamos que el ministro Pérez traiga una nueva estrategia del combate al terrorismo y la violencia en esta zona. El principal desafío hoy es respaldar a las policías”, dice Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de La Araucanía.
La violencia en la Macrozona Sur, según los antecedentes recabados por Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, está dada durante este año por los ataques incendiarios a camiones en la Ruta 5 Sur. Esto se ha ido dando de manera más continua desde los meses de mayo y junio.
Y fue justamente esa tendencia la que motivó que a fines de junio el gobierno destinara más de 80 funcionarios del Ejército para el resguardo de la Ruta 5 Sur, entre las regiones de La Araucanía y Los Ríos.
José Villagrán, presidente de los dueños de camiones de la Macrozona Sur, advirtió que “nosotros esperamos mucho del nuevo ministro, porque él es de la zona del Biobío, que es donde partieron todos estos actos terroristas. Lo primordial: recuperar el estado de derecho”.
Otro nudo de conflicto que tiene en alerta a La Araucanía y el Biobío es la huelga de hambre que mantienen nueve comuneros mapuches en penales de la zona por más de dos meses. Es el caso del machi Celestino Córdova, quien este miércoles cumplió 87 días en esta condición. La Corte de Apelaciones de Temuco autorizó al hospital de Nueva Imperial suministrar tratamiento médico a Córdova.
Esta situación ha generado algunos atentados, donde se han dejado panfletos de protesta por la situación de estos internos. “Si no hay libertad, no habrá paz, en huelga de hambre en la cárcel de Angol”, decía un lienzo que la policía encontró el 3 de julio en un atentado en La Araucanía, donde dos vehículos de una forestal fueron quemados.
En la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía descartan que se trate de manifestaciones espontáneas contra “presos políticos”, como afirman algunas reivindicaciones, sino que más bien son consignas de respuesta a la labor investigativa que está haciendo el Ministerio Público. El ente persecutor logró la prisión preventiva para 20 imputados por casos de violencia rural, de los cuales 11 quedaron con esta medida cautelar por hechos ocurridos en 2019, y nueve, por atentados este año
Sin embargo, no para todos los actores del conflicto las prioridades son iguales. Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, sostuvo que “nadie ha impulsado el diálogo de forma real. Este tipo de ‘paz’ que se intenta imponer, mediante la violencia y el uso de la fuerza institucional, no es más que un atentado justamente a eso, a la paz”.
Jorge Huenchullán, werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui Ercilla, indicó que “se van a extremar las medidas, porque la derecha que defiende los intereses forestales es la que está gobernando”.
Pérez este miércoles sostuvo una reunión en conjunto, y luego por separado, con los jefes de Carabineros y la PDI, Mario Rozas y Héctor Espinosa, respectivamente.
Durante la cita se trató el tema de la seguridad en la Macrozona Sur, por lo que el ministro les pidió a ambos trabajar de manera coordinada para enfrentar los hechos de violencia rural, como los delitos de alta connotación social en el resto del país.
El director de la PDI, Héctor Espinosa, sostuvo que “no puedo estar más de acuerdo con el ministro (su preocupación por La Araucanía). Tenemos muchos antecedentes de Inteligencia y de análisis criminal para sacar de circulación a estos criminales”.
