El primer “cara a cara” público entre Valencia y Armendáriz ad portas de decisión de inhabilidad en caso por 18-O y la marcada ausencia de carabineros

Faltaban 15 minutos para las 11 de la mañana de este martes 9 de enero, cuando el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, cruzó la mampara del edificio de la Fiscalía Nacional. De inmediato se dirigió a la sala que está junto al auditorio del edificio, en el piso -1. Ahí se encontró con sus pares persecutores Lorena Parra (Oriente), Héctor Barros (Sur) y José Luis Pérez Calaf (Occidente), pero también con el fiscal nacional, Ángel Valencia.

La escena, a simple vista, no revestía mayor relevancia. Sin embargo, se trató del primer “cara a cara” entre ambos, al menos desde que se hizo público que sobre el escritorio del máximo persecutor está una solicitud donde el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, le pide inhabilitar a Armendáriz en la causa que sigue la fiscalía por la presunta responsabilidad de los altos mandos de la policía en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

El encuentro se avizoraba tenso, y más porque durante los primeros días del año Valencia también había optado por eliminar al citado fiscal regional del cuadro de subrogancia que determina quién lo suple cuando él está fuera.

Pese a ello, y aunque el pronunciamiento del fiscal nacional sobre el futuro de Armendáriz a la cabeza de la causa vinculada al 18-O sería inminente, quienes presenciaron los saludos manifestaron que todo fue muy protocolar. Conversaron un par de minutos, tomaron las imágenes correspondientes y luego los regionales salieron para dar sus cuentas públicas del periodo 2023.

Eso sí, el cuadro respecto de años anteriores se vio alterado por otros hechos. Hace un año, para la cuenta pública de las fiscalías regionales metropolitanas del año 2022, Ángel Valencia se mantuvo codo a codo con el subdirector de Carabineros, Marcelo Araya, pero en esta oportunidad los grandes ausentes fueron precisamente los representantes de la policía uniformada.

En esta ocasión, el fiscal nacional estuvo junto al director general de la PDI, Sergio Muñoz, y aunque fue invitado, el general Ricardo Yáñez se restó, al igual que Araya. De hecho, en la primera fila de las autoridades invitadas sólo estaban dos efectivos de policía uniformada. Y aquello, como coincidieron desde las distintas fiscalías, distaba de todas las cuentas anteriores, donde eran más bien protagonistas, por la colaboración entre ambas entidades.

El punto, además, fue sentido por el fiscal Valencia, ya que a pesar de que el general director de Carabineros suele no participar de los balances que hacen fiscales regionales, en esta oportunidad, como pudo constatar este medio, él sí esperaba que pudiese asistir. Esto, según comentan desde la Fiscalía Nacional, por todo el trabajo conjunto realizado durante 2023.

Tras los discursos, el fiscal Armendáriz enfrentó las consultas respecto del pronunciamiento que deberá emitir Valencia a su respecto, limitándose a indicar que será el fiscal Valencia quien “resolverá como él estime”.

Asimismo, respecto de los argumentos de Yáñez para pedir su inhabilidad, el persecutor apuntó a que “la regional Centro Norte y cada unos de sus funcionarios y fiscales, entre los cuales me cuento, desarrollan sus labores en forma diaria y desde siempre en un clima de confianza y colaboración con todos nuestros organismos auxiliares y en especial la policía y, desde luego, con Carabineros de Chile”.

“No hay ningún fiscal del Ministerio Público que esté de acuerdo en que una institución no debe encubrir delincuentes. Lo que yo dije fue en un consejo general que fue hace más de cuatro años, y donde hubo diferentes intervenciones. Eso hay que situarlo en su contexto y en su momento (...) Fue en un clima, en un momento que no es posible recrear”, complementó.

De acuerdo con lo señalado por el abogado, “extraer una frase que se dio en ese contexto, no tiene sentido”.

Si bien la atención estaba centrada mayoritariamente sobre Valencia y Armendáriz, la tercera figura protagonista era la de la fiscal Ximena Chong, titular de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte. Esto, porque los dardos de la defensa del general Yáñez también apuntan en su contra, por supuestamente mantener una “odiosidad” contra él.

Se esperaba cualquier tipo de reacción de su parte, pero sólo se mantuvo atenta a los discursos y posteriormente salió del edificio sin dar declaraciones, pese a que en reiteradas oportunidades se le consultó sobre el caso.

Así, sin mirar a las cámaras ni esbozar palabra alguna, dejó el lugar, mientras su superior jerárquico la respaldó. “Los fiscales de la Fiscalía Centro Norte están bajo mi dirección, más aún en una investigación que dirijo yo. Ella actúa bajo mis instrucciones”, subrayó Xavier Armendáriz.

Entre los asistentes que sí quisieron tomar la palabra, además, estuvo la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien en medio del discurso del fiscal Pérez Calaf salió del auditorio para dar un punto presa ante los medios apostados.

En la oportunidad, las palabras de los cuatro fiscales regionales estuvieron marcadas por el balance de sus unidades respecto de la “mutación en la criminalidad organizada”. En datos generales, durante el año pasado ingresaron 597.016 denuncias a fiscalía, y los delitos que más se repitieron fueron los robos no violentos y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas. Seguidos por robos, lesiones y hurtos.

En comparación al año 2022, se indicó que los delitos que más aumentaron fueron: los delitos económicos, que crecieron un 25%; los hurtos, con un 22 % y, más atrás, pero con mayor impacto en la ciudadanía, los homicidios, que aumentaron un 12%.

En medio de las exposiciones, Héctor Barros, fiscal regional metropolitano sur, puso foco en los casos de secuestro que se han registrado, dado su impacto social. “Es pleno reflejo de la mutación en la criminalidad organizada y donde de acuerdo con información institucional preliminar para la Región Metropolitana, en 2023 se registró un aumento del 12% en estas causas, pasando de 359 en 2022 a 403 casos el año recién pasado”.

A partir de lo anterior, como subrayó, es que a fines del año pasado se creó el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). “Es una iniciativa que nos ha permitido ocuparnos operativamente de esta transformación, dada las modificaciones en la frecuencia, modus operandi y perfil de víctimas y victimarios en los ilícitos a los que hoy nos vemos confrontados”, dijo el fiscal Barros.

Se destacó, asimismo, que durante 2023 comenzó a operar el denominado “canje penal”, que permite la asignación de un RUN provisorio a los imputados extranjeros que se encuentren en situación irregular y deban pasar a control de detención, lo que también fortaleció las labores realizadas.

Esta modalidad se aplicó en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego de que se detectara que prácticamente el 25% de los imputados que pasaban a control de detención eran extranjeros, y el 50% de ellos no estaban en los registros. “Eso conlleva a problemas de registro e identificación, así como también dificultades de carácter procesal”, explicó Armendáriz.