Es el caso que conmocionó a Iquique. Portadas de diarios y largas horas de debate en las radios locales y matinales nacionales se han dado en torno al secuestro, extorsión y muerte de Nelson Murúa Páez, un comerciante de 67 años oriundo de esa ciudad.

Hasta ahora, las pesquisas indican que fue la historia de una amenaza que terminó muy mal.

El jueves 6 de enero, Murúa Páez salió de su casa con rumbo al centro de la ciudad a hacer una serie de trámites. A las 10.00 había quedado de reportarse con su familia para enfilar hacia el trabajo, como vendedor de artículos comerciales de bajo costo.

Pero llegó la hora y su familia no tuvo noticias de él. Y no hubo novedades en todo el día.

A las 4 de la mañana del viernes 7 de enero, cuando la preocupación ya se había extendido durante horas entre sus cercanos, su familia interpuso una denuncia por presunta desgracia en la PDI para que encontraran a Murúa y lo devolvieran a casa.

Pero las malas noticias llegaron horas después, cuando al hijo del hombre de 67 años le entró un mensaje sospechoso en su celular la mañana de ese viernes. Era un número desconocido que decía que tenían a su padre y que querían $ 57 millones para dejarlo libre.

El hijo de la víctima -que trabaja como abogado en la ciudad- contactó a familiares y a la policía para dar con el paradero de su padre. Pero la suma requerida por la banda criminal era muy elevada para la realidad familiar, por lo que no pudieron siquiera acercarse a la cifra.

Incluso, la banda le pidió a la familia -que llevó por su cuenta las comunicaciones con los secuestradores, sin mediación de la policía- que hicieran la transacción en Bolivia, pero no aceptaron. No había seguridad de nada en ese trato.

La banda cumplió con su palabra. El cuerpo de Nelson Murúa fue encontrado cerca del mediodía del sábado 8 por la PDI, gracias a la georreferenciación de una foto que los secuestradores enviaron a su interlocutor extorsionado. El comerciante estaba cerca de una toma ubicada en Alto Hospicio, donde habría sido retenido, según las primeras investigaciones.

Su cuerpo presentaba varias lesiones distintas a las que causaron la muerte. Fuentes del caso descartan signos de tortura y atribuyen el deceso de Murúa a un traumatismo cervical y torácico por arma cortopunzante; es decir, a un apuñalamiento.

Sobre el crimen, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, aseguró que este tipo de hechos es “una experiencia nueva, nunca habíamos tenido un secuestro así en la zona. Se habían dado casos de retenciones entre bandas criminales, pero cuando le ocurre a un ciudadano que no está relacionado con la delincuencia es un hecho grave”, dijo.

Aún no hay detenidos por el crimen, pero los sospechosos serían extranjeros y habrían ingresado de forma irregular a Chile. “Está en investigación si era o no conocido por los victimarios. Se estima que es probable por las circunstancias”, explica una fuente de la investigación.

Los crímenes en alza

Ante el hecho, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, indicó que “ya está en manos del Ministerio Público, esperamos que prontamente dé resultados, con el objeto de que la o las personas responsables sean llevadas ante la justicia y reciban las sanciones correspondientes. En paralelo, el miércoles, el delegado presidencial regional abordará este caso en el Comité Policial de Tarapacá, sin perjuicio de que ya se ha analizado este tema con las policías a nivel local para generar estrategias de prevención”, sostuvo.

El fiscal Raúl Arancibia agregó a La Tercera que le preocupa el aumento de los crímenes en la región. “La cantidad de homicidios ha ido aumentando en forma fuerte (…). Estamos frente a un hecho grave, un hecho único, que no tenía precedente en nuestra zona”. Además, contó que en 2020 hubo ocho homicidios consumados, mientras que en 2021 se ejecutaron 51. “En lo que va del año ya hay cinco casos y eso nos preocupa. No sé cómo terminaremos el año”, dijo la autoridad.

Arancibia agregó que desde hace unos años se ven crímenes relacionados con ajuste de cuentas, sicariato y defensa de territorio. “Estos hechos son vinculados a bandas criminales de extranjeros (...); lamentablemente, la falta de regulación en el ingreso de personas es una de las causas de estos nuevos crímenes”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, afirmó que los últimos hechos “generan inseguridad en la población”. Para él, la causa de estos crímenes es “el bajo control en las personas que ingresan al país por los pasos no habilitados. Esto es algo que hemos manifestado a las autoridades de gobierno, pero no hay soluciones”, aseguró.

Otro delito en pocos días

En tanto, el futbolista iquiqueño Álvaro Ramos denunció que su familia fue víctima de un robo en su vivienda en la comuna de Alto Hospicio. “Se metieron a robar y tenían secuestrada a mi familia en Alto Hospicio, gracias a Dios ahora están bien”, expresó en sus redes sociales.

“A las 6 de la mañana me llamó mi hermana para informarme que se habían metido en un terreno que tenemos donde está viviendo mi madre y un primo y donde va a vivir toda mi familia. Se metieron tres extranjeros con pistola y desarmando todo, buscando dinero, tenían amarrada a mi mamá, mi hermana solo escuchó que les pedían dinero, los tuvieron secuestrados y amarrados; una de mis hermanas alcanzó a correr a llamar a Carabineros para pedir ayuda”, contó el delantero de Coquimbo Unido.

El futbolista dijo que los sujetos golpearon con una pistola a uno de sus cuñados en la cabeza, “algo terrible que se vivió, una pesadilla despertar con un llamado así, lo bueno es que ahora están más tranquilas, pero está terrible la cosa en Iquique, no solo es el caso mío”, sostuvo.

Por su parte, el capitán Marco Valenzuela, del OS-9 de Carabineros, indicó que se está iniciando las investigaciones del caso, realizando entrevistas a las víctimas para establecer la dinámica y circunstancias de los hechos. Hasta el momento no hay detenidos.