El martes 16 de abril, Garúa Díaz (32) llegó a las 07:00 de la mañana en punto a hacer la fila a las afueras de la sede de la embajada de Venezuela, ubicada en Bustos 2021, Providencia. Y no era la única. Junto a ella habían más de 300 compatriotas que venían llegando de distintas regiones del norte y sur del país, algunos, incluso, con niños y sus familias. El motivo era lograr actualizar sus datos electorales e inscribirse para votar en las elecciones presidenciales de Venezuela que se celebrarán el próximo 28 de julio.
Pero el trámite que no debía tomar más de cinco minutos, se extendió por horas. Y desde la embajada, comenta Garúa, no entregaban explicaciones.
“Me dieron las cinco de la tarde cuando recién pude acceder a la oficina. Mi intención era actualizar mi domicilio electoral, pues en el sistema aún salía que estaba registrada en Venezuela. Pero una vez que ingresé me negaron el trámite porque según ellos ya no estaban inscribiendo a más personas. Me sacaron por la puerta trasera de la embajada, y a quienes seguían detrás mio les sucedió lo mismo”, relata Díaz, quien reside en Chile hace más de siete años.
En dos semanas más, Venezuela celebrará las esperadas elecciones presidenciales, donde el presidente autoritario, Nicolás Maduro, aspira a la reelección mientras que la oposición ha puesto sus fichas en el ex diplomático Edmundo González. El proceso electoral ha estado envuelto en polémicas luego de una serie de exigencias por parte del gobierno venezolano que estarían fuera del marco legal y que han dificultado la inscripción de los 4,5 millones de venezolanos alrededor del mundo habilitados para ejercer su derecho a sufragio.
Entre estas destaca el requisito de contar con residencia definitiva en el país y pasaporte venezolano vigente. Según Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), el primero de estos requerimientos ya disminuía el universo de votantes venezolanos en Chile en un 80%. Y es que según los datos manejados por la asociación, en el país hay cerca de 500 mil venezolanos que han ingresado en los últimos años, pero solo 100.000 de estos cuentan con residencia legal.
“Se complica más cuando se solicita contar con el pasaporte venezolano vigente, teniendo en cuenta de que muchos de quienes estamos acá salimos de nuestro país hace años y la embajada en Chile cuenta con serios problemas de retraso para la entrega de este documento”, sostiene Patricia.
Y agrega otro factor: La embajada de Venezuela solo dejaba inscribir a 50 personas por días con la excusa de que el sistema de las máquinas estaba lento. Sumado a que dieron 30 días para la inscripción y dos semanas para enrolar los datos de los votantes.
Algo similar le ocurrió a Homero Acevedo (34), quien tras intentar dos veces distintas en inscribirse para sufragar y no tener éxito, decidió desistir. “Cada día las filas eran enormes, porque llegaba gente que había quedado con números pendientes de jornadas anteriores”, asevera. Sumado a las demoras inexplicables, Homero recuerda instrucciones confusas y malos tratos por parte de los empleados del consulado.
“Nos insultaban, nos grababan y nos decían que no podíamos reclamar o hacer ruído porque o sino la oficina se cerraría mucho antes”, recuerda.
Por lo anterior, solo 2.659 venezolanos en Chile podrán votar en las presidenciales, según los datos entregados por el Consejo Nacional de Venezuela (CNV). Para el día de las elecciones la embajada habilitará cinco mesas para sufragio en la sede ubicada en Providencia, con horario de 06:00 de la mañana hasta las 18:00 horas.
Aunque las complicaciones de los venezolanos residentes en Chile no son excepcionales. Los consulados de otros países como España, Argentina y Colombia han aplicado las mismas tácticas para dejar fuera al electorado que ha dejado Venezuela por razones políticas, económicas y sociales.
Para el cientista político y coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales UC, Diego Rojas, no es inusual que los países puedan establecer normativas y condiciones a nacionales que vivan en el extranjero para poder ejercer su derecho a sufragio. Sin embargo, las expuestas por el gobierno de Nicolás Maduro podrían ser constitutivas, en sí mismas, de fraude electoral.
“Es a lo menos bastante oscura la medida, desde la misma forma en que se procedió a dictar la norma y aplicarla a lo tendenciosa que son las condiciones, más aún a sabiendas que una parte no menor de la población que vive fuera de Venezuela está en esta irregular o no puede regularizar dichas situaciones”, sostiene Rojas.
Con todo, la comunidad venezolana que quedó fuera del padrón electoral ha iniciado un llamado hacia los electores a votar por un cambio político y mejores condiciones de vida para Venezuela. Aunque para Patricia, “el resultado lo vemos con preocupación”, sostiene.
“No es una elección competitiva ni libre. Sino que socava el derecho a la participación política. Estamos expectantes a lo que suceda el 28 de julio. Por supuesto, deseando y trabajando para que tengamos una alternativa en el poder”, cierra.
