Eliminar las preexistencias: la discusión que marca las últimas negociaciones de la ley corta de isapres

Hasta este fin de semana la ministra de Salud, Ximena Aguilera, mantuvo conversaciones telefónicas diarias con los senadores de la comisión de Salud del Senado. La representante del Ejecutivo y los parlamentarios intercambiaron impresiones sobre los avances de las últimas negociaciones en torno a la ley corta de isapres, cuya votación parte este lunes en la comisión de Salud.

El futuro de las isapres depende, en gran parte, de lo que suceda en el Congreso con el proyecto que envió el Ejecutivo para viabilizar la sentencia de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Según el último recálculo de la Superintendencia de Salud la isapres cifra en US$ 1.180 millones la deuda de las isapres

Frente al fallo de la justicia las isapres han advertido que arriesgan su desaparición, lo que conllevaría una crisis en el sistema de salud que mantiene el vilo al gobierno.

La votación de esta semana es también una prueba para gestión de la ministra Aguilera que ha recibido críticas cruzadas del oficialismo y la oposición por su manejo político.

Los senadores han acordado sesionar esta semana hasta que la ley esté despachada de la comisión, pues en mayo vence el plazo fijado por la última sala para aplicar la sentencia.

Pero, a horas de que inicie la recta final, aún hay nudos que no se pueden destrabar. Por eso, en la última semana los equipos técnicos del Ejecutivo y de los senadores tuvieron reuniones por Zoom el miércoles, jueves y viernes.

Los representantes del Minsal en esos encuentros fueron los asesores jurídicos Jaime Junyent y Manuel Pérez y el jefe de asesores de la ministra Manuel Nájera. También participaron asesores de Fonasa, de la Superintendencia de Salud y de la Segpres que se reunieron con los equipos de los parlamentarios de la comisión de salud. En este último grupo se cuenta Emilio Santelices, exministro de Salud y Cristián Baeza, exdirector de Fonasa y secretario técnico de la Comisión de Reforma que formó el Senado.

El foco principal de las conversaciones estuvo puesto en la solicitud de los senadores -de manera transversal- de terminar con las preexistencias a través de la eliminación de la Declaración de Salud (DPS), documento del Contrato de Salud donde se indica toda patología o enfermedad que haya sido diagnosticada médicamente, al contratante o a sus cargas.

Y, aunque en la ley corta se incluye un artículo donde el gobierno se compromete hacerlo a través de un proyecto de ley que enviará antes de octubre, los parlamentarios pidieron adelantar este plazo, o bien incluirlo explícitamente dentro de la iniciativa.

El interés de los senadores por eliminar ahora las preexistencias responde a un nuevo problema: de acuerdo al informe financiero enviado por la Superintendencia de Salud, los precios base podrían subir hasta un 40%, lo que generaría la fuga de los afiliados más jóvenes. En consecuencia, podría haber dos tipos de isapres: una para clientes jóvenes y otra para personas mayores o con enfermedades más caras.

En las últimas conversaciones, la oposición, a través del senador Sergio Gahona, también insistió en incluir la mutualización dentro de la fórmula para calcular el monto que las isapres deben devolver y que reduciría la deuda a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud los últimos días: US$ 1.180 millones

Sin embargo, se transparentó en las reuniones que la mutualización no cuenta con el suficiente apoyo político para ser incluida en ley corta. Y es que varios actores del oficialismo consideran que reducía la cifra de la deuda demasiado, incluso lo catalogan como un “perdonazo a las isapres”.

Eso sí, en las últimas negociaciones se definió que el Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud que la ley establece que se formará para revisar el plan de pago de las isapres, será el encargado de examinar la fórmula para calcular el monto que las isapres deberán devolver a sus afiliados.

El viernes los asesores tuvieron su última reunión y, aunque algunos asistentes consideran que desde el Ejecutivo mostraron disposición, no se llegó a ningún acuerdo en concreto. No se descarta que este lunes en la mañana, antes de que inicie la comisión de salud, la titular de la cartera sanitaria se reúna con los parlamentarios.

Se advierte que la mayor tensión será cuando se discuta el numeral 13, que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base de los planes y establece los plazos que tienen las isapres para pagar la deuda que mantiene con los afiliados.

Otro de los puntos que causa división, es el plan de fortalecimiento de Fonasa, a través de una nueva modalidad, denominada de cobertura complementaria. Así, sus beneficiarios podrían contratar seguros privados voluntarios a través de una prima comunitaria adicional al 7% por beneficiario y las personas que coticen en el sistema público podrán acceder a un esquema de cobertura integrado por prestadores privados con copagos mínimos garantizados.

Los parlamentarios de oposición proyectan que la tarifa sería muy alta, y que su implementación podría no tener los beneficios que promete.