En prisión preventiva quedaron una doctora y su hijo mayor de edad que se dedicaban a vender licencias y recetas médicas en una vivienda del centro de Puerto Aysén.
Tras un trabajo coordinado entre PDI y el Ministerio Público en la Región de Aysén, detectives del equipo Microtráfico Cero de la Brigada de Investigación Criminal Aysén lograron la detención de la mujer de 67 años -de profesión médico cirujano- y su hijo de 50 años, los cuales, de acuerdo con la investigación, habrían entregado más de 3.000 de estos documentos avaluados en más de $ 200 millones.
La venta de licencias y recetas las realizaban en una vivienda de Puerto Aysén, donde la imputada mantenía una consulta que era solo una fachada, ya que no efectuaba atenciones médicas en tal lugar. Las transacciones las realizaba el hijo de la doctora, a través del cerco de su vivienda, previa coordinación telefónica con los interesados.
Además, en el lugar se logró la incautación de diversos comprimidos con los principios activos de fentermina y otros como clonazepam, clordiazepóxido, diazepam, midazolam, lorazepam y codeína, cuyo valor comercial asciende a cerca de 150 mil pesos.
Del mismo modo, los detectives incautaron alrededor de dos millones de pesos en efectivo, dispositivos electrónicos y evidencia documental relacionada al ilícito, como recetas cheques, licencias médicas, fichas médicas, cuadernos de anotaciones y libros de contabilidad, entre otros elementos.
Al respecto el jefe regional de la PDI, prefecto Luis Torralba, informó que en la investigación, que se extendió por tres meses, “logramos detectar a una profesional de la salud quien, en compañía de su hijo, extenderían licencias médicas y certificados para obtener medicamentos sin atención médica previa”.
Agregó que, en el marco de esta actividad ilícita, “calculamos un beneficio económico por sobre los 200 millones de pesos”.
Por su parte, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, indicó que en la investigación se estableció que la mujer solicitó “más de 120 talonarios (…) a la autoridad administrativa de salud para efecto de venderlos”.
Además de la prisión preventiva para ambos, el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén fijó un plazo de investigación de 90 días.
