En una sesión por momentos tensa, el Senado aprobó en particular la tarde de este miércoles el proyecto sobre las Reglas para el uso de la fuerza (RUF).

El texto deberá ser discutido ahora en la Cámara de Diputados en su tercer trámite legislativo y desde el oficialismo no descartaron que pueda pasar a comisión mixta.

El principio de la proporcionalidad, que era defendido por parlamentarios de gobierno y que fue rechazado durante la primera jornada de votación la tarde del martes, y la apuesta de la oposición por reponer la competencia de los tribunales militares -que también se cayó- fueron algunos de los temas más controversiales del debate.

A juicio de la oposición, el principio de proporcionalidad daba más poder a los jueces para procesar y condenar a los funcionarios de FF.AA. y las policías. Así, se mantuvo solo el requisito de racionalidad en el uso de la fuerza.

El martes también se había rechazado un protocolo diferenciado para situaciones en las que se vieran involucrados menores y mujeres, por ejemplo. El problema, según el análisis del bloque opositor, es que ello permitía que se establecieran otros grupos privilegiados en el uso de la fuerza como migrantes y representantes de pueblos indígenas.

“Esta es una ley que tiene cosas complejas, en el Senado se cayeron o se eliminaron (varias indicaciones), que en la Cámara de Diputados seguramente se buscará reponer y esto va a terminar eventualmente en una comisión mixta de diputados y senadores, para tratar de darle un cuerpo final al proyecto”, comentó el vicepresidente de la corporación, Ricardo Lagos Weber (PPD).

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Miguel Durana (UDI), destacó que “se aprobó una nueva regulación que da certeza al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad” y precisó que “hemos rechazado el principio de proporcionalidad y hemos mantenido el requisito de racionalidad en el uso de las fuerzas. Además, rechazamos la propuesta del Ejecutivo que quería generar grupos de especial protección. Va a permitirse el uso de las fuerzas letales para evitar daños graves e inminentes a la infraestructura crítica”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que “yo rescataría que la matriz central del proyecto de reglas de uso de la Fuerza se mantiene en los propósitos compartidos, tanto por el gobierno y también por la oposición. Es cierto que tenemos discrepancias sobre algunos aspectos asociados a la aplicación de algunas reglas, pero los temas sustantivos, el proyecto tiene un amplio consenso”.

Polémica indicación

Uno de los momentos tensos de la sesión de este miércoles ocurrió cuando la bancada de la UDI pidió reponer una indicación que trasladaba a la justicia militar los casos en los que se viera en entredicho la actuación de uniformados, bajo el amparo de las nuevas reglas de uso de la fuerza.

“Las causas seguidas en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, por hechos derivados de cumplimiento de funciones, de resguardo del orden público, protección de recintos militares o de la seguridad pública interior, conforme a la Constitución Política de la República y la ley, serán siempre conocidas por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia, los civiles que hayan intervenido en estos hechos podrán ser juzgados por tribunales militares. Con todo, dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley, en el día oficial, el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley destinado a introducir al Código de Justicia Militar modificaciones en materia de garantías de imparcialidad e independencia”, decía la propuesta de autoría de los senadores UDI, Javier Macaya y Luz Ebensperger.

Esta enmienda había sido declarada inadmisible por alejarse de las ideas matrices del proyecto sobre las RUF. Sin embargo, gracias a una mayoría circunstancial de la oposición (17 votos versus 11 y una abstención) logró que la disposición pasara ese filtro constitucional (de carácter formal) y se entrara a votar el fondo.

Molesto por la jugada de la derecha, el ministro Cordero hizo reserva de constitucionalidad. “Entregar la competencia a tribunales militares es alterar la regla de persecución penal y eso es grave”, dijo Cordero.

Afortunadamente para el Ejecutivo, esta indicación -que en la Cámara también fue planteada y tensionó la discusión-, finalmente se rechazó por falta de quórum. La norma necesitaba 24 votos y solo logró 16 a favor, además de 12 en contra y una abstención.