En una década: 1.665 condenados no han sido encontrados para cumplir su pena en la cárcel

Pocos minutos faltaban para las 7 de la mañana del 23 de julio del 2021 cuando un grupo de seis reclusos de la Cárcel de Alta Seguridad de Valparaíso le quitaron el arma a un gendarme, lo amenazaron y escaparon del recinto penal. Más de 600 días pasaron para que tres de ellos volvieran a ser detenidos, esta vez por su presunta participación en el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares (43), ocurrido la madrugada del domingo en Quilpué. Durante todo este tiempo, permanecieron prófugos de la justicia, al igual que más de 30 mil personas que forman parte de este registro, de los cuales 1.665 son aquellos que ya han sido condenados, pero que no han podido ser ubicados para cumplir su pena tras las rejas.

De los cinco formalizados por el homicidio de la funcionaria de Carabineros, tres de ellos no habían sido ubicados por la policía desde el 2021. El primero de ellos en lograr ser recapturado fue Edward Fuenzalida Leiva (28), alias “Ojitos de piscina”. Este martes, en un amplio operativo de la PDI en Valparaíso, se logró detener a otros dos implicados en el homicidio de Olivares y, justamente, son parte del listado de internos que en los últimos años han logrado escapar de la cárcel. Se trata de Matías Ignacio Peralta Parra y Maximiliano Alexander Fuenzalida Leiva, hermano del primer detenido. Ambos fueron formalizados por el asesinato de la mártir número 1.232 de Carabineros.

Un dato que no ha dejado indiferente a las autoridades es que todo el grupo formaba parte del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, el cual fue creado el 2012 y que depende del Registro Civil. Las cifras responden a órdenes de detención vigentes dictadas por los tribunales de justicia, los que deben informar al organismo dependiente del Ministerio de Justicia cuando una persona está declarada en rebeldía. La nómina también incluye a aquellos en los que existe una orden de detención pendiente por pensiones de alimentos emanada desde los juzgados de familia.

En cifras del Registro Civil, desde el inicio de este conteo formal y hasta el 27 de marzo de este año hay un total de 31.558 personas que no han sido habidas por diferentes causales. Sin embargo, la situación que es más compleja, según fuentes judiciales, está en aquellas 1.665 que han sido condenadas por tribunales de justicia y que pese a ello aún caminan libres, ya que no han podido ser capturadas para que ingresen a cumplir su pena en un recinto penal.

Tras el escape de la cárcel de Valparaíso, los hermanos Fuenzalida y su compañero de delito -de apellido Peralta- fueron buscados por la policía. Según una orden del tribunal, la Fiscalía de Valparaíso solicitó una serie de diligencias para dar con su paradero sin éxito.

Tal como en el caso del clan Fuenzalida y Peralta, según las cifras del registro, desde el 2012 a la fecha un total de 173 condenados se han fugado mientras cumplían una pena privativa de libertad, es decir, en la cárcel. Además de estos, 58 personas rompieron la medida de prisión preventiva o quebrantaron el arresto domiciliario. (Ver infografía)

La mañana de este miércoles, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, explicó en su visita a la reapertura de la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago que “entre 2021 y 2023 se fugaron 32 personas de recintos penitenciarios desde el interior o en traslados. De esos, se han capturado ocho. De hecho, en el último año, todos los que han intentado fugarse han sido inmediatamente capturados”. De la cifra entregada por la autoridad, respecto a aquellos que fueron recapturados, tres de ellos corresponde a quienes fueron ahora detenidos por su participación en el homicidio de la sargento Olivares.

A las cifras de quienes se fugaron de las cárceles se suman 323 sujetos que estaban cumpliendo una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, pero que al ser revocada por tribunales superiores nunca fueron hallados. Una situación similar ocurre con 248 internos a quienes en una primera instancia se les otorgó el beneficio de la libertad condicional, pero al ser desestimada por las Cortes de Apelaciones correspondientes hasta el día de hoy se desconoce su paradero, engrosando así el listado nacional de prófugos en Chile.

La directora del departamento de derecho penal de la UDP, Alejandra Castillo Ara, explica que quien está prófugo debería tener una consecuencia penal dependiendo de las circunstancias en las que esto ocurrió. Según señala, esto va desde “constituir un nuevo delito de desacato, pero si se escapa de un recinto carcelario, lo que ocurre es simplemente una falta al cumplimiento de condena, un quebrantamiento, pero no constituye un delito adicional, a menos, por supuesto, que en ese escape lesione o mate a alguien, pero que son delitos autónomos no relacionados con la fuga misma. Igualmente, una tipificación que sancione la fuga no creo que sea la solución al problema de fondo”.

La gran mayoría de las personas que forma parte del registro nacional son aquellas declaradas en “rebeldía” por los tribunales, es decir, a las que se les decretó prisión preventiva, orden de detención, fueron formalizados fuera del país o se les citó a un tribunal y no asistieron. En total, estos son 27.969, a los que se suman 1.104 deudores de pensión de alimentos y que cuentan con órdenes de aprehensión despachada por un juez de familia.

Pero ¿quién busca a estos prófugos? Según lo establece nuestra regulación, el Ministerio Público es el encargado de perseguir a estas personas en colaboración con las policías a partir de una orden de detención despachada por un tribunal.

Víctor Carriel fue prefecto de la PDI y jefe nacional Contra el Crimen Organizado, a su juicio, “esas órdenes de detención cuentan con pocas facultades y herramientas para las policías, porque en la orden de detención se detalla el domicilio que tiene registrada la persona, y solamente es esa ubicación a la que las policías pueden ingresar, y obviamente las personas a las que se tiene que detener casi nunca están en esos domicilios, porque se van de ahí, entonces, se tiene que empezar una investigación para saber dónde están actualmente”. A eso agrega que “las policías no tienen la facultad para ingresar a una casa en la que se cree que está el prófugo, porque solo se puede hacer ingreso a la ubicación que sale en la orden de detención, entonces en ese caso hay que pedirle al tribunal que amplíe la orden de detención y en eso se pierde tiempo y, por ende, hay menores posibilidades de éxito.”

Por lo mismo, según afirma Daniel Tapia, exdirector de la Dirección de Investigación de Carabineros, la norma general para lograr la detención de estas personas es que sean detenidos “por la policía y no un proceso de investigación, sino en controles de identidad o bien en procedimientos policiales”. En ese sentido, reconoce que “es tanta la demanda hacia las policías que es imposible estar abocados a esa gran cantidad de prófugos de la justicia…, nadie está obligado a hacer lo imposible”.

Además de eso, sostiene que los procesos de recaptura son complejos, sobre todo con aquellos delincuentes con alto grado de peligrosidad. “Ellos permanentemente están evitando la acción de la justicia. Ellos se sumergen en un mundo delictual el cual les proporciona, entre comillas, cierta protección. Por lo tanto, es difícil para las policías llegar a ellos, salvo que exista un proceso investigativo direccionado, para evitar la casualidad”, agrega.

Para el exfiscal y socio de PFV Abogados, José Antonio Villalobos, tiene que existir una coordinación entre quien dirige las investigaciones y las policías. “Tenemos que tener resultados y en ese sentido creo que es súper bueno que existan grupos organizados de policías dedicados casi exclusivamente a esto y que, a su vez, también tengan un correlato con algún fiscal del Ministerio Público para materializar esas órdenes, porque si uno analiza en conjunto, el tema de persecución penal no es individual. Debiese haber una unificación de datos para que todas las fiscalías, todas las policías tuvieran la misma información”, afirmó.

Finalmente, Alejandra Castillo Ara concluye que es necesario “un plan de políticas públicas integral, que, probablemente, no va a dar una respuesta inmediata, pero que en cinco años va a mostrar una mejora en el sistema penal, procesal penal y penitenciario. Políticas tan absurdas como hacer a la ciudadanía parte de esta ‘pesquisa’ de personas prófugas me parece que es una medida populista que debiera evitarse. Para eso, creo que es fundamental revisar qué han hecho legislaciones avanzadas con problemas similares”.