Comisión Experta aprueba de forma unánime los tres primeros capítulos del anteproyecto de nueva Constitución

Esta lunes, la Comisión Experta dio inicio a una intensa semana donde se vivieron las primeras votaciones desde que el organismo presidido por Verónica Undurraga inició sus funciones el 6 de marzo pasado.

A partir de las 15.00 horas, el Pleno de la Comisión Experta comenzó las discusiones para aprobar o rechazar en general las propuestas de normas para el anteproyecto de Constitución en tres de sus 14 capítulos: 1) Fundamentos del Orden Constitucional; 2) Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales; y 3) Representación política y participación.

Alrededor de las 20.10 horas se procededió a la votación en general de cada capítulo, donde cada uno de ellos debía ser aprobado por 3/5 de los 24 comisiones es decir, por 14 votos a favor.

Así las cosas, los capitulos de Fundamento del Orden Constitucional, Derechos y libertades fundamentales y Representación política y participación, fueron aprobados de forma unánime -24 votos- por todos los expertos.

Cabe recordar que las primeras propuestas de normas fueron ingresadas a las 23.59 del jueves 30 de marzo a la Secretaría del nuevo proceso constitucional, cuando vencía el plazo para que las cuatro subcomisiones presentaran los artículos que se votarán de forma general esta semana y, posteriormente, de forma particular.

Así las cosas, hasta el miércoles de esta semana se discutirá y votará el resto de capítulos que componen el índice de estructura constitucional, aprobado el 15 de marzo por el Pleno del organismo y que quedó conformado por 14 capítulos y uno de disposiciones transitorias.

La primera parte de la sesión plenaria estuvo dedicada a la discusión de las normas constitucionales ingresadas a uno de los tres capítulos en cuestión. En el debate, cada experto pudo hacer uso de la palabra en un máximo de cinco minutos.

Las normas ratificadas por el pleno serán remitidas a cada una de las cuatro subcomisiones, que iniciarán la discusión en particular e ingresarán indicaciones, que también deberán ser votadas por el Pleno más adelante en el proceso.

El primer capítulo en discusión fue el de Fundamentos del Orden Constitucional, que dentro de sus artículos consagra a Chile como un Estado social y democrático de derecho y ratifica a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

“Hay riesgos importantes que se ven en diversas cláusulas de redacción que se ven en esta propuesta que pueden ser leídos tal cual como han sido leídos en nuestro país artículos del texto vigente y que ha impedido impulsar políticas sociales robustas, propias de un Estado social. (...) Creo que la referencia a que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ha impedido cierta discusión que creo es hora que podamos dejar atrás”, planteó el comisionado por cupo PS, Flavio Quezada.

La experta por RN y exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, valoró el articulado del primer capítulo, haciendo énfasis en la disposición sobre terrorismo, que deja al debate legislativo la tipificación de las conductas de esta naturaleza. “Me parece importante recordar que la legislación no ha estado a la altura y que la Constitución esté mandatando a una ley el poder establecer un sistema y un mecanismo que permita un control adecuado del terrorismo, que requiere una normativa que esté a la altura de la realidad social”, argumentó la comisionada.

Domingo Lovera, experto por Revolución Democrática, planteó la necesidad de revisar “seriamente” algunos artículos de la propuesta para el primer capítulo del anteproyecto de Constitución, como la redacción de los preceptos sobre dignidad humana y la ubicación de la calificación de Estado social y democrático de derecho.

El excanciller de Sebastián Piñera y también comisionado por RN, Teodoro Rivera, puntualizó que “el Estado democrático de derecho es un avance más en este concepto, no una sustitución de objetivos, no una disminución de los derechos y libertades, sino que todo lo contrario: un potenciamiento de las mismas”.

El segundo capítulo en discusión fue el de Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, que dentro de sus artículos asegura el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

La comisionada por RN, independientes y ex miembros del Partido de la Gente, Marcela Peredo, indicó que “en materia de libertad me parece muy relevante haber alcanzando un acuerdo que implica reconocer y garantizar ciertos derechos inalineables como el derecho a la vida de modo integro, a la integridad física y psíquica en un artículo aparte, la libertad personal y la seguridad individual (...) Sin embargo, como sabemos, quedan desafíos pendientes para el periodo de enmiendas, por eso debemos hacer un esfuerzo mayor en materia de garantía de esencialidad, para que los derechos que han sido cautelados de modo integrego puedan quedar debidamente resguardados y las normas no sean prográmaticas o meramente declarativas”.

Por su parte, Paz Anastasiadis, experta por la DC, aseveró que el “capítulo dos conversa necesariamente con las demás normas constitucionales, pero especialmente con el capítulo anterior: Fundamentos del Orden Constitucional. Ante ello, los derechos humanos que aquí se reconocen deben sostenerse desde la organización que se le entrega al Estado de Chile, esto es mediante un Estado social (...). Hoy vívimos en un país donde nos hemos acostumbrado a vibras negativas, que muestran la enorma desigualdad que impera en nuestra sociedad, es por eso que este capítulo es ‘el capítulo’ que obliga a hablar de frente al país”.

La comisionada patrocinada por la UDI, Bettina Horst von Thadden, recalcó la importancia de la libertad de elección y aseguró que “hoy día la solidaridad no puede estar sobre la libertad de elección, son compatibles y van de la mano. Aquellos que creen porqué existe un sistema privado de salud nuestro sistema de salud público no es solidario, pues bien, hoy día el 80% de los recursos destinados a la salud estatal provienen de fondos generales de la nación, solidariamente financiados a través de impuestos generales”.

El tercer capítulo en discusión fue el de Representación política y participación, que dentro de sus artículos consagra el voto obligatorio, la existencia del pluralismo político y el establecimiento de un sistema electoral público.

La experta por Apruebo Dignidad, Antonia Rivas, indicó que “es un diangóstico compartido que nos encontremos con un sistema político incapaz de acoger oportunamente las demandas sociales, falta de cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo (...). Quiero destacar dos enfoques que inspiran esta iniciativa, primero un fortalecimiento de los partidos políticos, entendiendo que juegan un rol fundamental en la democracia representativa, en tanto mediadores entre el Estado y los ciudadanos. El segundo enfoque es la participación, es fundamental que comprendamos que la democracia y la política no se agotan en la representación, sino que se deben reconocer y entregar espacios para la participación ciudadana”.

Por su parte, el comisionado por RN, Juan José Ossa, destacó la importancia de los partidos políticos en el presente capítulo y aseveró que con éste “estamos fortaleciendo los partidos políticos que son fundamentales para la existencia de una democracia representativa y son la base de la República democrática, son los guardianes de la democracia han dicho algunos autores. La señal de fragilidad en la que hoy se encuentran, esa sola señal es la que genera mucha ingobernabilidad”.

Leslie Sánchez, experta por el PPD, enfatizó que “hace tiempo presenciamos un fenónemo muy lamentable y peligroso para la democracia, esto es la despolitización de la política, lo que ha tenido como consecuencia el debilitamiento del importante rol de los partidos políticos. Este es un sistema que está compuesto por varios ejes, uno de ellos es el sistema de partidos y otro el sistema electoral, cuyos elementos son fundamentales para que un régimen de gobierno pueda realmente desplegarse de una forma adecuada y que permita la gobernabilidad para el sector que obtenga el triunfo electoral”.