Encapuchados lanzan dos bombas molotov a oficina del rector del Inba

Alrededor de 40 encapuchados protagonizaron incidentes hoy en el Internado Nacional Barros Arana (Inba), quienes lanzaron dos bombas molotov al interior de la oficina del rector del establecimiento.

La autoridad del internado, Jaime Uribe, que en ese momento se encontraba en uno de los patios, relata que cuando se percató del hecho "tomamos el extintor y pudimos apagar el fuego (...); los daños son relativamente menores, pero lo acontecido es tremendamente grave y de alguna u otra manera complica al establecimiento en su totalidad".

Según apoderados y docentes del establecimiento, este incidente no es un hecho aislado. Hace menos de tres semanas, el alcalde de Santiago, Jorge Alessandri, dio a conocer imágenes de alumnos del internado golpeando a Carabineros.

Los incidentes se producen en medio de la discusión del proyecto de ley Aula Segura que el gobierno espera sea aprobado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el próximo 6 de noviembre.

Lo sucedido en el establecimiento de calle Santo Domingo generó reacciones a nivel nacional, partiendo por el Presidente Sebastián Piñera. "La brutal, cobarde y violenta agresión de hoy al director del Inba con bombas molotov confirma, una vez más, la urgente necesidad de una firme y eficaz ley de #AulaSegura contra esos delincuentes y en favor de una educación con calidad, paz y seguridad para todos", detalló a través de su cuenta de Twitter.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien ha sido enfática en las últimas semanas sobre la necesidad de la aprobación de Aula Segura, señaló que "tener, nuevamente, que lamentar hechos de violencia, con encapuchados dentro de un liceo, es una tragedia en términos de la educación pública".

Para la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, este tipo de incidentes son los que motivaron al Ejecutivo a enviar el proyecto de ley de convivencia escolar. "Queremos hacer un llamado de verdad profundo a la Cámara de Diputados para que entienda que este es un proyecto necesario".

En esa misma línea fueron las palabras de la directora de educación de la Municipalidad de Santiago, Joris Rojas, quien señaló que ojalá "no tengamos que lamentar una muerte por no haber tenido la valentía, el coraje, de aprobar algo que es la única forma en que paremos esto".

Desde la Comisión de Educación de la Cámara, la diputada Marcela Sabat (RN) hizo un llamado a la oposición para aprobar el proyecto de Aula Segura. "Si bien estamos conscientes de que Aula Segura no soluciona el problema de fondo, sí sabemos que otorgará un marco de mayor tranquilidad a la comunidad escolar", señaló la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) repudió los hechos ocurridos durante la mañana de hoy, porque "pone en riesgo a un establecimiento y a su director", y agregó que "estos hechos, que ocurren en el Inba y que no son una constante nacional terminan perjudicando esta discusión. No colabora en el debate que estamos llevando en la Comisión de Educación de la Cámara".

La presidenta del Centro de Padres (Cepa), Lorena Ávalos, lamentó los hechos, pero se mostró contraria a criminalizar a los alumnos. "Esto de Aula Segura es un tema mediático. Acá se debe trabajar con los apoyos psicosociales que tiene que tener cada colegio y ver el abandono que hay de la educación pública. Lo único que se está buscando es criminalizar. ¿Crees que un proyecto de expulsión es bueno? Si en la familia de ustedes hay un chico que se porta mal, ¿lo van a sacar de la familia porque se porta mal, o van a entrar en diálogo?".

Sin embargo, la Asociación de Padres, Socios y Apoderados del internado (Apsa) rechazó los juicios de Ávalos. "Expresamos nuestro enérgico rechazo a las declaraciones de Lorena Ávalos, la cual justifica la violencia ejercida hoy y motiva a estos minoritarios grupos a seguir realizando estas acciones directas que solo van en perjuicio de nuestro establecimiento y su comunidad".

Desde la Municipalidad de Santiago precisaron que actualmente 20 alumnos del Inba están siendo procesados de acuerdo al manual de convivencia vigente del establecimiento, mientras que alrededor de 200 están siguiendo ese mismo proceso en otros establecimientos de la Municipalidad de Santiago.