La tarde de este martes, se publicó en el Diario Oficial la resolución que permite la entrada en vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia para resguardar la seguridad en las rutas de la Macrozona Sur luego de los repetidos ataques ocurridos durante el último tiempo.

La medida fue anunciada ayer por la ministra del Interior, Izkia Siches, quien confirmó la utilización de la medida constitucional con un carácter de “acotado” y luego de que el Ejecutivo no encontrara el respaldo suficiente a la intención de introducir los “estados de excepción intermedios”.

El Estado de Emergencia regirá por 15 días en la Región de La Araucanía y también en las provincias de Arauco y Biobío, y consigna que será para “el aseguramiento del libre tránsito y seguridad en las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas”.

Quedarán como jefes de la Defensa Nacional el contraalmirante Jorge Parga Balaresque (en las provincias de Arauco y Biobío) y el general de brigada Edward Slater Escanilla (en la Región de La Araucanía), lo que contarán con una serie de atribuciones con la vigencia de la medida.

Entre ellas se cuentan las de asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública; autorizar cuando corresponda reuniones en espacios públicos; dictar medidas de protección de obras de arte y de los servicios de utilidad pública, como también en centros mineros e industriales. Además, podrán controlar la entrada y salida de la zona en emergencia como también el tránsito en ella.

El documento hace especial mención como atribuciones de los jefes de Defensa Nacional que pueden “impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), especialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Es deber de los Jefes de Defensa Nacional asegurar el conocimiento y respeto de los derechos humanos y los principios de uso de la fuerza por parte de los funcionarios que realicen labores de mantenimiento del orden público en razón del presente decreto”.

Entre los argumentos que se emplearon para solicitar la medida, el documento incluye los múltiples cortes de rutas y reconoce el aumento de los ataques en la Región de La Araucanía y también en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del mismo nombre. “En reiteradas oportunidades se ha puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de vías que conectan diferentes zonas de nuestro territorio. Lo anterior, afecta especialmente a quienes ejercen funciones de vital importancia para el habitual desarrollo de servicios y actividades económicas y, en particular, de la cadena de producción y distribución de alimentos, bienes, suministros e insumos de salud”, consigna el decreto.

Sobre los cortes de ruta, el Ejecutivo aseguró que “la obstrucción de las vías ha comprometido intensamente la libertad de circulación y desplazamiento de la población dentro del territorio correspondiente a las zonas afectadas. Los bloqueos antes descritos han impactado en zonas rurales y urbanas, dificultando el traslado entre provincias y regiones, perjudicando el transporte interurbano de pasajeros, bienes y suministros”.

Más temprano, la Contraloría General de la República, informó que tomó razón del decreto enviado por el gobierno. El organismo a través de Twitter, aseguró que “la toma de razón es una herramienta de control de legalidad que no se refiere al mérito de la decisión”.