Entre 2020 y 2023: Contraloría detecta que Registro Civil contrató proyectos de software por $7 mil millones que no fueron implementados

La Contraloría General de la República realizó una fiscalización al Registro Civil en la que detectó que el Servicio pagó más de $7 mil millones en proyectos de software que no fueron implementados.

De acuerdo al órgano contralor, entre 2020 y 2023, el Registro Civil pagó $ 7.597.887.848 para la mantención y soporte evolutivo de software para la implementación de proyectos como la ley de matrimonio igualitario; la solicitud de copia de partidas de nacimiento por Internet; y la implementación del nuevo motor de agendamiento en línea de trámites de renovación de documentos de identidad, matrimonio y acuerdos de unión civil, que finalmente no se convirtieron en productos funcionales para el servicio.

Según el informe de auditoría, en el caso de la implementación de la ley de matrimonio igualitario, se tenía como objetivo reemplazar el sistema vigente de registro de matrimonios y acuerdos de unión civil. No obstante, se detectó que el director nacional de la época no adoptó las medidas para la corrección de la iniciativa antes de autorizar pagos asociados, lo que condujo a que el nuevo sistema registrara fallas y se volviera a utilizar el antiguo.

Sobre la implementación de un sistema para la solicitud de copias de partidas de nacimiento por internet, desarrollado a partir de 2021, que permitiría pedirlas de manera online desde Chile y el extranjero, este debió ser dado de baja al no ajustarse a los requerimientos operativos del SRCeI, afectando con ello los tiempos involucrados en el trámite para quienes vivían fuera del país.

Otro proyecto que no llegó a buen puerto tuvo relación con la puesta en marcha del nuevo motor de agendamiento en línea, de trámites de renovación de documentos de identidad, matrimonio y acuerdos de unión civil. El sistema, de acuerdo a lo advertido con Contraloría “habría presentado complicaciones técnicas, que durante el tiempo que operó, significaron una disminución en los cupos disponibles en las oficinas del Registro Civil, así como un aumento en los plazos para agendar horas de atención. En este caso, el SRCeI tampoco arbitró medidas para exigir a la empresa proveedora la corrección de estas falencias antes de autorizar su pago”.

Otro de los hallazgos de la auditoría, constató que en relación al ámbito técnico del proyecto de modernización, no se logró diseñar un Core Registral (registro de información personal de los ciudadanos) y de interoperabilidad para reemplazar los registros existentes. En este caso, el proyecto tampoco logró ser implementado y se mantuvo la plataforma tecnológica del servicio.

La Contraloría remitió el informe a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, debido a las irregularidades detectadas que podrían revestir carácter de delito.